Poco más de un mes de vigencia tiene la Ley 21.015, conocida también como de Inclusión Laboral, y crece fuertemente el interés de las empresas por sumarse a esta iniciativa legal que pretende mejorar la empleabilidad de las personas con discapacidad mental o física.

Así quedó comprobado con la masiva concurrencia de ejecutivos de empresas de Santiago al seminario “Inclusión de personas con discapacidad al mundo laboral”, realizado este jueves 3 de mayo en el Museo de Bellas Artes.

Organizado por la Dirección del Trabajo (DT), el Servicio Nacional de la Discapacidad (Senadis) y la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), el certamen reunió a 89 empresas de la región vivamente interesadas en cumplir con la nueva ley que fija una cuota mínima del 1 por ciento de la dotación con trabajadores discapacitados o que reciban alguna pensión de invalidez.

La norma es exigible a todas las empresas y servicios públicos con más de 100 trabajadores o funcionarios que deberán registrar los contratos o las medidas alternativas en el sitio web de la DT. Sin embargo, también permite optar por un cumplimiento alternativo con dos variables: celebrar contratos con empresas que sí cumplen con la cuota inclusiva o efectuar donaciones a fundaciones del mundo de la discapacidad.

Durante el primer año de la ley regirá un artículo transitorio que permite hacer ese trámite dentro de los seis primeros meses desde el inicio de vigencia legal. Para las empresas con 200 o más trabajadores el comienzo de la vigencia es el 1° de abril de 2018 y para las empresas con entre 100 y 199 trabajadores, este inicio será el 1° de abril de 2019. A partir de ambas fechas correrá el plazo transitorio ya señalado de seis meses.

Exposiciones

A lo largo de casi tres horas expusieron desde sus respectivos ámbitos la seremi del Trabajo y Previsión Social, Paola Vidal; el representante de Senadis, José Miguel Jara; el integrante de la Comisión Laboral y de Previsión Social de la CPC, Pablo Bobic, y el abogado de la DT, Patricio Muñoz.

Este último explicó pormenorizadamente el cuerpo legal y el papel fiscalizador que cumplirá la DT. Recordó que las infracciones a esta ley –como no cumplir con la cuota mínima de contratación o no registrar los contratos ante la DT- son gravísimas y significan multas que van desde las 2 hasta las 60 UTM.

Ante las variadas consultas hechas por los asistentes, algunas de las cuales no tienen aún una respuesta clara, se explicó que la DT emitirá algunos dictámenes aclaratorios.

Entre las  empresas participantes destacaron Claro Chile, Sodimac, CIC, SuBus Chile, Banco Ripley, CMPC Tissue, Embotelladora Andina y las universidades Católica Raúl Silva Henríquez y de Santiago de Chile.

Fuente:  Departamento de Estudios Transtecnia

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