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Si bien la Ley 21.015 ha sido la mejor política pública en temas de inclusión laboral, marcando un antes y un después para las dos millones 836 mil 818 personas con discapacidad (PcD) que existen en Chile según la Endisc II, aún persisten algunas zonas grises y demandas no resueltas que es necesario evidenciar.

Reconocemos a las empresas que han decidido ir más allá del cumplimiento, creando culturas que valoran el talento diverso, mientras que, por otra parte, el lado B y que es la gran mayoría simplemente cumplen con lo exigido, es decir, hablamos de números o cuotas que en la práctica se llevan a cabo, pero dejando de lado lo más importante, que estamos hablando de personas.

Para generar espacios de inclusión efectivos, desde la mirada de nuestro modelo de responsabilidad social inclusiva (RSI), se necesitan procesos de intermediación laboral o modelos de empleo con apoyo que garanticen los derechos de las PcD, algo que en Chile no es exigido por esta Ley, a diferencia de muchos otros países.

En muchos países, la intermediación laboral o el modelo de empleo con apoyo es exigido, algo que en Chile tenemos pendiente para el éxito de esta ley, ya que al no aplicarlo se expone a la persona con discapacidad como al resto de los colaboradores a situaciones que los hagan sentir discriminados, perjudiquen en su desempeño o incluso puedan agravar su discapacidad.

Así mismo, de los 26 mil puestos laborales que estimaba el gobierno en el 2018 se abrirían en el sector privado, las últimas cifras de la Subsecretaría del Trabajo a febrero 2020 indican que solo existen 19.303 PcD contratadas, de las cuales, el 64,58% son hombres y el 35,31% son mujeres, evidenciando la gran brecha de participación laboral femenina, algo que nos preocupa al saber que, además, en edad laboral de esta población, es mucho mayor el porcentaje de mujeres que de hombres, por lo que necesitamos con urgencia evaluar como fomentar la equidad de género en esta ley.

En paralelo, el foco de intervención y apoyo ha estado puesto principalmente en la capital, por eso el llamado es ampliarlo a todo Chile, y en paralelo abrir oportunidades de inclusión socio laboral en regiones, para lo que se requiere crear programas y proyectos que busquen empoderar desde Arica a Punta Arenas a las personas con discapacidad y a su entorno cercano, pues estos últimos muchas veces requieren resignificar su rol, ya que en algunas ocasiones se convierten en una barrera para los procesos de inclusión. De esta manera, personas con discapacidad de todo el territorio nacional podrán elegir desde sus talentos, habilidades y competencias si quieren trabajar dependiente, emprender o estudiar, siendo esta última muy necesaria poder disminuir así la brecha educacional gigantesca que presenta este segmento de la población, y que en muchas ocasiones afecta también a las organizaciones, quienes no consiguen candidatos para la contratación en puestos profesionales o de alto liderazgo. Con esta medida, también rompemos el paradigma y modelo actual de solo ofrecer capacitación en oficio para las personas con discapacidad.

Es urgente que en su conjunto como sociedad nos dispongamos a educarnos, concientizarnos a romper mitos y paradigmas con respecto a la discapacidad, ya que hemos estado acostumbrados por décadas a ver a este segmento de la población como sujetos de caridad y lástima, y hoy es urgente brindarles la dignidad que se merecen, viéndolos como lo que la Convención de Naciones Unidas señaló 2006 y Chile ratificó en 2008, sujetos de derecho, cumpliendo a cabalidad desde todos los sectores, la Ley 21.422 que otorga igualdad de oportunidades e inclusión social de personas con discapacidad.

Finalmente, el foco siempre ha estado en el sector privado, pero la Ley 21.015 no es solo para ellos, entonces dejamos abierta una vez más la pregunta: ¿Cuáles son las cifras de cumplimiento de los organismos del Estado?

Fuente: La Tercera

Autor: María José Escudero