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Urgencia simple. Ese es la premura que estableció el gobierno para la discusión de dos de los tres proyectos que componen la reforma previsional: el texto que da origen a la nueva cotización de 5pp. con cargo al empleador y del texto que ingresa nuevas regulaciones a las administradoras de fondos de pensiones. En tanto el documento que da origen, con rango constitucional, al Consejo de Ahorro Colectivo, ingresó con suma urgencia.

Es decir, el plazo establecido por el Ejecutivo se traduce en que los dos primeros proyectos deben ser discutidos y despachados en 30 días por la Cámara, mientras que para el Consejo cuentan con 10 días.

“El tema regulatorio tiene temas que no son triviales, por tanto, vamos a tener que evaluar bien qué ritmo le ponemos a ese proyecto, porque no queremos hacer regulaciones que terminen afectando a los propios afiliados”, comentó el ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, al término de la sesión.

De todas formas, el titular de la billetera fiscal precisó que esperan que los tres proyectos estén despachados antes del término del mandato de la Presidenta Bachelet.

El tema fue precisamente uno de los puntos centrales discutidos por los diputados integrantes de las comisiones de Trabajo, Hacienda y Constitución que ayer se reunieron por más de 3 horas y media para escuchar las exposiciones de los ministros de Hacienda, Rodrigo Valdés y de Trabajo, Alejandra Krauss.

Mientras las palabras de los titulares de cartera fue reiterar los aspectos centrales del proyecto, en cuanto a la distribución de los 5pp. en cuatro pilares -intergeneracional, intergeneracional, bono mujer y cuenta individual-, además de los aspectos regulatorios y referentes a la creación del Consejo, los diputados alegaron respecto a la urgencia de los documentos. Lo anterior, poniendo especial énfasis en el hecho de que al gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet le quedan poco más de 6 meses.

“Quiero formalmente protestarle al gobierno por la calificación de urgencia de los proyectos. ¿Qué justifica que den 150 días para ver esta iniciativa en circunstancias que se han demorado 1.200 días en presentarlo?”, comentó el diputado UDI, Patricio Melero, al tiempo que solicitó tanto a los ministros como a la Mandataria que retirara la urgencia.

En esa línea, el parlamentario usó como ejemplo lo ocurrido con las reformas tributaria y laboral, “pensé que habían aprendido la lección”, sentenció.

Desde la contraparte, el diputado Pepe Auth, cuestionó la posición de los diputados de Chile Vamos e incluso aseguró no saber si “reír o llorar”, ante los argumentos esbozados. Para el parlamentario, los proyectos que darán forma a la segunda reforma previsional de Bachelet son “equilibrados”.

Las dudas

Más allá de la discusión en cuanto a los plazos, los parlamentarios oficialistas pusieron el foco en el Consejo de Ahorro Colectivo, sus alcances y los cambios a las AFP. La bancada oficialista hizo hincapié en que hubiesen esperado mayores modificaciones a la industria. Incluso el presidente de la comisión mixta, el diputado Chahín, aseguró que el gran temor de la derecha es que “el día de mañana la gente podrá elegir a dónde irá toda su cotización”, destinándola íntegramente al Consejo y no a las AFP.

Por otra parte, el diputado Osvaldo Andrade insistió en el punto de que las AFP no cobren comisiones en caso de que los fondos tengan pérdidas.

Al respecto, el superintendente de Pensiones, Osvaldo Macías, puntualizó que “lo más importante es subir pensiones, sacar la discusión de las AFP y ponerla en los afiliados”.

En cuanto al efecto que tendrá la propuesta en el empleo (ver nota relacionada), el diputado Melero aseguró que le preocupa las consecuencias, pensando que podría llegar a traducirse en la pérdida de más de 390 mil puestos de trabajo. Lo que fue complementado por su par UDI, Ernesto Silva, quien comentó que “la nueva cotización tiene un efecto negativo en los salarios líquidos. Caen en términos reales 3,3% en el largo plazo”.

Al respecto, Valdés comentó que dichas proyecciones son el rango superior estimado “porque estos cambios son graduales y buena parte de lo que se contribuye al sistema significa beneficios. Por lo tanto, las personas están dispuestas a hacer este esfuerzo”

Informe de Productividad admite pérdidas de hasta 394.000 puestos de trabajo por 5 pp adicionales

Una reducción del empleo formal de entre 2.200 y 394.000 plazas prevé el estudio técnico que se adosó en el proyecto de ley que modifica el sistema de pensiones y cuya discusión partió ayer. Esto no es menor, considerando que el número de desempleados en Chile suman 620 mil.

El documento indica que el aumento en la cotización de 5 puntos porcentuales podría producir una reducción de los cotizantes así como de los empleos, dependiendo de la ecuaciones utilizadas en base al alza de la cotización del Seguro de Invalidez y Sobrevivencia (SIS) que pasó a ser cargo del empleador (al igual como propone este proyecto) en la reforma previsional de 2008.

Según la primera y segunda ecuación de referencia, un aumento de 5pp en la cotización a cargo del empleador reduciría la cantidad de cotizantes entre 0,045% y 1,23%, lo que tendría un efecto entre 2.200 y 60.000 cotizantes. De acuerdo al resultado de la ecuación 3, la cotización adicional implicaría una caída de 7,45% en el empleo asalariado formal, un total de 394 mil empleos. Y según la ecuación 4 el empleo asalariado se reduciría en 2,35%, lo que implica una caída de 124 mil empleos.

“Tomando estos números en consideración, el posible efecto oscila entre 2.200 empleos y 394 mil, con efectos intermedios de 60 mil a 124 mil empleos”, afirma el documento.

No obstante, se hacen algunas salvedades, como el hecho de que los costos son de corto plazo y se considera el costo máximo, desmereciendo su entrada en vigencia parcial año a año, y que las empresas no siempre ajustan vía salarios.

Los beneficios. Por el otro lado, el documento afirma que el bono compensatorio a la mujer así como los ahorros intergeneracionales aumentarán las pensiones autofinanciadas (PAFE) en un 20% en el mediano plazo. “En el largo plazo, el ahorro personal aumenta la PAFE en al menos un 30%, proveniente del ahorro en las cuentas personales, y si además recibe ahorro intrageneracional de 0,5% todos los años, la PAFE aumentará en 35%”, recalca.

Apunta además que el ahorro intrageneracional tendrá un efecto en la formalización laboral porque subirán los incentivos a las personas de menores ingresos de obtener un empleo formal.

Se indica que las personas en el decil más bajo con un ingreso promedio mensual de $113.000 verán aumentar su tasa de ahorro 5 a 6 veces con el sistema intrageneracional; en el decil 2 se triplicará y se seguiría incrementando hasta el decil 7; en el 8, caería de 0,5 a 0,48%, y mucho más en los deciles 9 y 10, de 0,5% a 0,33% y 0,11%, respectivamente.

“El proyecto tiene aparejado varios beneficios para la economía, entre los que destacan el aumento en el ahorro, el PIB y el consumo. En las simulaciones del Banco Central, el ahorro total como porcentaje del PIB aumenta en un 1,2% en el largo plazo, lo que hace que el PIB aumente en 1% y el consumo un 0,7%”, añade.

No obstante, se reconoce que en el corto plazo habría una disminución del ahorro privado -que se sustituye en parte por la cotización- entre un 3,9% y 5,3% según tramo de edad, lo cual irá disminuyendo al pasar los años.

¿Por qué descartó equiparar resultados de los Fondos con utilidades de AFP?

El Gobierno explicó su decisión de no viabilizar la idea de ajustar los resultados de los fondos de pensiones a las utilidades de las AFP en el informe de productividad que acompañó al proyecto de cambios regulatorios al sistema de capitalización individual.

“Si bien se evaluó, dicha medida fue descartada por generar fuertes incentivos a modificar la cartera de inversiones hacia estrategias más conservadoras, provocando una caída en la rentabilidad de largo plazo (…) la rentabilidad del fondo se reduciría en 2,2 puntos porcentuales, con la consecuente disminución de la pensión”, señala.

Y tras esa revisión se decidió alinear los incentivos con los altos ejecutivos de las AFP.

Así también, el Ejecutivo expresó en el proyecto su preocupación por los constantes cambios de fondos de parte de los afiliados que subieron de 470.000 en 2012 a 1,4 millones en 2016 (un 5% del total de cotizantes). “De una muestra de afiliados que se cambió de fondos entre 2007 y 2016, casi un 80% obtuvo una combinación retorno-riesgo inferior a la que se podría haber conseguido”. Por ello planteó limitaciones.

De la misma forma, se explicó en el informe que era más adecuado regular la permanencia de personas ad portas de jubilar en fondos riesgosos, considerando que casi un 8% de esos afiliados -casi 200.000- mantenían parte de sus ahorro en las ventanas A y B, “la preocupación por el nivel de riesgo se concentra en las edades más cercanas al retiro”.

En cuanto a la exención de cobro de comisiones a afiliados que cotizan estando pensionados, el informe revela que las más perjudicadas serán las AFP porque registrarían menos ingresos por comisiones en torno a $13.750 millones anuales, “los que equivalen a 2,1% de los ingresos por comisiones del año 2016”.

US$1.619 millones costará el cambio del sistema

Un total de $1.043 mil millones (US$1.619 millones) será el costo fiscal que provocarán los cambios propuestos por el Ejecutivo al sistema previsional en su conjunto en el año 20 de vigencia de la norma, según el informe financiero que acompañó los tres proyectos de ley.

El costo va creciendo desde los $120 mil millones en el año 1 de aplicación de la normativa, hasta los $945 mil millones en el año 6 cuando se totaliza la cotización de 5% a cargo del empleador que parte gradualmente.

De hecho el mayor monto de efecto fiscal corresponde al aumento del tope imponible, los mayores aportes al seguro de invalidez y sobrevivencia y a la ley de accidentes del trabajo, que totalizarán $541 mil millones en el año 20.

También se agrega un costo estatal por los menores excedentes que percibirá el fisco ante la exigencia de aumentar la remuneración imponible de los trabajadores de sus empresas, y la menor recaudación por el mismo efecto, pero en la recaudación proveniente del sector privado. En suma, el efecto fiscal total será de $869 millones el primer año para ir aumentando en $84.265 millones el segundo año hasta llegar a $463.814 millones el sexto año. Para el año 20 el costo sería de $498.134 millones.

Artículo de Sifón – M. Leiva

Fuente: Pulso