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El próximo martes 3 de septiembre se dará cuenta en la Sala del Senado del ingreso de la reforma tributaria. Así comenzará oficialmente su segundo trámite constitucional, luego de que fuera aprobada y despachada este jueves 22 de agosto por la Cámara de Diputados, 364 días después de su ingreso por parte del Gobierno.

El Ejecutivo, gracias a los votos DC, logró la votación favorable del punto más importante para el oficialismo y el empresariado. Y también el que generó mayor controversia: la reintegración, que implica que al pagar el impuesto personal, el dueño de una empresa descuenta el tributo ya pagado por la compañía.

También consiguió la aprobación de la mayor parte de las medidas, como el nuevo régimen tributario para pymes -más simple y con tasa de 25%-; gravar con IVA los servicios digitales que prestan empresas extranjeras; elevar el umbral de exención del IVA para viviendas desde 2.000 a 3.000 UF; la rebaja a las contribuciones de adultos mayores vulnerables y de clase media; y las adecuaciones al impuesto a las emisiones contaminantes de fuentes fijas, entre otras.

Pero en el Senado, el Gobierno tendrá que hacer frente a nuevas negociaciones para mantener la reintegración, pero también reponer algunas medidas que fueron rechazadas y mejorar otros puntos que formaron parte de sus propuestas y que se desdibujaron en el debate.

Impuesto de 1% a regiones

La medida la propuso el Ejecutivo para potenciar el flujo de recursos para las regiones e incentivar la aprobación de proyectos de inversión por parte de las entidades públicas a nivel local.

Para ello, las empresas que ejecuten proyectos de inversión en regiones -aunque la Metropolitana también está incluida- por un valor de US$ 10 millones o más, y que deban someterse al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), deberán contribuir con un monto equivalente al 1% de la parte que exceda los US$ 10 millones. Los montos recaudados irían a un fondo desde el cual se entregarían recursos a la comuna y región donde se emplace la obra, y otra parte también se redistribuiría en las demás regiones.

Aunque el Ejecutivo propuso que esos aportes tendrían derecho a un crédito tributario equivalente al 50% de la contribución, que implicaría que las empresas podrían descontar la mitad del aporte en su pago de impuestos, esa norma fue rechazada en la Comisión de Hacienda. Se espera que en el Senado el Gobierno insista en esta fórmula para aliviar este nuevo costo empresarial.

Impulso a donaciones

Los cambios tributarios que incentivan que las empresas donen productos (de primera necesidad y otros que no comercializan) a organizaciones sociales que trabajan con personas más vulnerables fueron respaldados en el debate de la reforma.

Sin embargo, la única norma legal en materia de donaciones rechazada en la votación en Sala (82 votos en contra y 62 a favor) sumó los votos de la oposición y, sorpresivamente, también del oficialismo. Entre ellos figuran los sufragios de los diputados Jaime Bellolio (UDI) y los RN Harry Jurgensen, Karin Luck, Diego Shalper y Aracely Leuquén.

La norma, según explicaron conocedores, establecía que las organizaciones sin fines de lucro que reciban donaciones (en dinero o especies) desde el extranjero tendrían que tributar por esas donaciones, cuestión que hoy no sucede. Además, las donaciones al exterior efectuadas por residentes en Chile podrían quedar liberadas de impuesto. Ambas medidas se estimaron lesivas para el quehacer de entidades que trabajan en temas sociales y no buscan retornos.

Temas de elusión

En materia de elusión, el texto que venía de la Comisión de Hacienda contenía ciertas inconsistencias. Esto, porque aunque se rechazó la conceptualización de los casos de abuso o simulación en que se configuraría la elusión tributaria, se aprobó una nueva definición de abuso, la que involucra la realización de hechos, actos o contratos notoriamente artificiosos.

En Sala, esta definición se aprobó por 73 votos a favor y 72 en contra, luego de que al oficialismo se sumaron los diputados Pablo Lorenzini (DC) y René Alinco (FRVS). Se trata de la única norma aprobada del conjunto de cambios propuestos por el Ejecutivo en materia de elusión, pero obliga a realizar ajustes futuros, ya que no es consistente con el resto del articulado en esta materia.

Queda pendiente también conocer si Hacienda persistirá en su idea de crear una instancia independente de alto nivel que pueda definir los casos de elusión, materia hoy radicada exclusivamente en el Servicio de Impuestos Internos (SII). Ello, ya que su propuesta original no prosperó y el ministro Felipe Larraín anunció que realizaría conversaciones para construir consenso en torno a una nueva fórmula.

Facultades del SII

Aunque el Ejecutivo propuso un conjunto de cambios a las facultades del SII, sólo pudieron votarse en Sala aquellos aprobados en la Comisión de Hacienda, por lo que se prevé que algunas de las materias rechazadas en esa instancia se repondrán en el Senado.

Con todo, la Sala rechazó la norma sobre “silencio positivo”, que establecía que ante una consulta del contribuyente al SII, la falta de respuesta en plazos determinados significaba que se entendía como aprobado. Esto podría llevar a que el organismo se pronuncie negativamente sobre consultas si no alcanza a revisarlas, lo que no parece conveniente. También se rechazó que el organismo sólo pueda examinar la documentación del contribuyente en caso de entrega de antecedentes no fidedignos y las modificaciones al recurso de reposición administrativa.

Lo que se aprobó sin problemas fue la nueva Defensoría del Contribuyente, que brindará asesoría a los contribuyentes en su relación habitual con el SII, especialmente a las pymes y personas vulnerables, además de ejercer un rol mediador cuando ellos consideren que sus derechos han sido vulnerados.

Ya que el Ejecutivo no logró presentar indicaciones en la votación en Sala, para reponer algunos temas que fueron rechazados en el debate en la Comisión de Hacienda, hay dudas sobre el verdadero interés en persistir en dichas medidas.

En esta suerte de limbo están medidas como la nueva ventana para el registro de capitales en el exterior, con tasa única de 10%, que había sido criticada por tributaristas, ya que es una medida que debe ser excepcional, pero ya había sido aplicada en la reforma tributaria del gobierno anterior. Además, en esta ocasión se ampliaban los bienes incluidos.

Otra medida que se rechazó en la Comisión fue el impuesto único de 20% para las ganancias de capital de acciones y derechos sociales no transados en bolsa, realizados por personas naturales.

Artículo de Marcela Gómez

Fuente:  Pauta