Parecía un documento elaborado por la oposición. El informe de productividad que acompañaron ayer, a la Cámara de Diputados, los ministerios de Hacienda y del Trabajo y Previsión Social, en el inicio de la tramitación del proyecto que crea el 5% de cotización previsional adicional, reveló estimaciones poco halagüeñas respecto al efecto que tendrá la medida en la economía y que hasta ahora no había sido planteado en público.

Junto con dar luces del resultado que tendría en el ahorro privado y neto, el documento desplegó algunos párrafos explicando los distintos escenarios de efecto en el empleo que tendría el aumento de 10% a 15% en la cotización. Los cálculos los realiza en el evento de que se hiciera de una vez, es decir, adelantando el proceso que el Ejecutivo propone que se realice en seis años.

En esa línea, el informe –que sustenta su análisis en un estudio sobre el efecto de haber traspasado a las empresas el pago del Seguro de Invalidez y Sobrevivencia (SIS) entre 2009 y 2011, que antes era de cargo del trabajador– estima que el empleo asalariado formal caería 7,45%, involucrando a 394 mil empleos. En tanto que, en el empleo asalariado, en total cae 2,35%, abarcando a unos 124 mil puestos de trabajo. Así, señala el informe, “el posible efecto oscila entre 2.200 empleos y 394 mil, con efectos intermedios de 60 mil a 124 mil empleos”.

El documento comparte asimismo estimaciones del Banco Central (BC) sobre el efecto en el mercado laboral. Así, explica que se proyecta que los salarios líquidos caerían 3,3% real, cifra que bajaría a 1,9% en el mejor escenario que, según el BC, sería aquel en que los trabajadores internalizaran todos los beneficios del alza de cinco puntos porcentuales en la cotización.

Además, señala que habría una caída en el número de cotizantes de 0,045% a 1,23%, vale decir, considerando que a julio de 2013 había 4,9 millones de cotizantes, estos serían entre 2.200 y 60 mil.

Finalmente, el informe de productividad elaborado por Hacienda determina el efecto en el ahorro neto y el ahorro privado. Esto, pues si bien sube el ahorro previsional en 5 puntos, parte de ello puede ser reemplazado –y no sumado– por el ahorro que la persona deje de hacer al ver el alza en su cotización por la ley.

Para elaborar los cálculos, el Ejecutivo se basó en la Encuesta Financiera de Hogares (EFH-2014) y presenta tres grupos de personas en distintos tramos de edad y con su capacidad de ahorro actual, recordando que menos de un tercio de la población ahorra.

En general, el informe estima que habrá una baja en el ahorro privado de entre 3,9% y 5,3%, aunque advierte que son efectos de corto plazo y que no consideran a aquellos de equilibro general y otros factores.

Sin embargo, el documento advierte que el ahorro que “interesa” para efectos del proyecto es el ahorro total, incluyendo el privado y el obligatorio.

Al respecto, estima que aumentará 6,6% para los menores de 35 años (pasando de 46,5% a 49,6% la tasa de ahorro neto), un 5,9% hasta 49 años, y de un 6,6% para el grupo de 50 a 64 años.

El informe del Gobierno hace varias advertencias y análisis de las cifras. En el caso del efecto en el empleo, advierte que “estos efectos calculados son una cota superior del efecto total de corto plazo”, debido a que, por un lado, no hay efecto de cuánto valora el trabajador este beneficio y porque tampoco incluye los ajustes que pueden hacer las empresas a estos aumentos, desde salarios hasta horas trabajadas.

Además, reconoce que estas cifras solo abordan el empleo formal y que el grupo que deje de cotizar probablemente se irá al empleo informal.

Ayer el Ejecutivo alcanzó a presentar el proyecto en el Congreso y desde el lunes próximo comenzaría la acción en las comisiones. En particular, sería la comisión de Trabajo de la Cámara Baja, que partiría recibiendo a la Asociación de AFP y la Asociación de Aseguradoras de Chile, entre otras entidades.

Ayer, en el hemiciclo, la oposición pedía al Gobierno quitar las urgencias a los tres proyectos que conforman la reforma: alza de 5%, entidad estatal que los gestionará y el de regulaciones al sistema de capitalización individual.

El diputado UDI Ernesto Silva citaba los propios antecedentes del informe de productividad, para pedir que se diera más plazo, pues el Ejecutivo introdujo suma urgencia a la iniciativa que crea el ente estatal, mientras que dio urgencia simple (un mes) a la del 5%.

El diputado Fuad Chahin (DC), en tanto, rechazó la idea de retrasar la tramitación, asegurando que ha sido trabajado largamente en las carteras de Hacienda y Trabajo.

Fuente:  Departamento de Estudios Transtecnia

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