El Gobierno presentó este viernes la esperada reforma tributaria, columna vertebral del programa del Presidente Gabriel Boric para financiar la potente agenda de transformaciones sociales que la actual administración busca implementar.

Medidas para la lucha contra la elusión y evasión fiscal, reducción de exenciones tributarias, modificaciones al impuesto a la renta, la creación de un impuesto a la riqueza, indicaciones al proyecto del royalty minero que se tramite en el Senado y un compromiso de mayor transparencia fiscal, son parte del corazón de esta propuesta.

Y tanto su hoja de ruta, como su contenido, ya están sobre la mesa: esta se estructura en torno a cuatro iniciativas legislativas, dos de las cuales se presentarán durante este mes, mientras que las restantes se concretarán en el cuarto trimestre.

Un primer paquete abordará cambios al impuesto a la renta, incorporando un tributo a la riqueza, limitar exenciones e introduce medidas contra la elusión y evasión fiscal. Eso entrará esta semana por la Cámara de Diputados, mientras que por el Senado ingresará una indicación sustitutiva al proyecto de royalty minero.

De aprobarse todas las modificaciones -incluidas las que se discutirán en el cuarto trimestre y que tienen que ver con impuestos correctivos y rentas regionales- , el Ejecutivo estima que en 2023 la recaudación llegará a un 0,6% del PIB para ir aumentando progresivamente a 1,8% en 2024, a 3,1% en 2025 hasta llegar a un 4,1% en régimen.

“Nuestro compromiso es con el país en su conjunto para usar bien estos recursos y demostrarles a las chilenas y chilenos que el esfuerzo que se está haciendo por pagar mayores impuestos va a ser un esfuerzo que valga realmente la pena”, subrayó el ministro de Hacienda, Mario Marcel, durante la presentación de la reforma.

Con todo, a primera vista, ya hay quienes han manifestado preocupación por lo ambiciosas que son estas transformaciones al sistema tributario. A juicio de Andrés Ossandón, director del área tributaria de Arteaga Gorziglia, se trata de “un proyecto de reforma ambicioso, no solo por la cantidad de materias que aborda sino que por la magnitud de las mismas”.

“El informe financiero, los incentivos y las conductas que se espera generen los cambios propuestos, deberán ser muy bien evaluados por el Ejecutivo y el Congreso durante la tramitación de la ley, de manera que los cambios que finalmente sean aprobados perduren y no sean nuevamente discutidos y cuestionados bajo un nuevo Gobierno”. añadió.

Mientras que Claudio Bustos, abogado tributarista y socio de Bustos Tax & Legal aseguró a que “se trata de las reformas más agresivas, desde el punto de vista fiscal, de los últimos diez años. El incremento en la tributación del Impuesto Global Complementario para las personas naturales es absolutamente desmedido, y creo que es inviable para un país como el nuestro, el cual aspira a ser desarrollado en algún momento de su historia”.

“Creo que la reforma, en su conjunto, adolece de un error de diagnóstico de la realidad tributaria chilena y, por lo tanto, es difícil de implementar en su totalidad”, dijo.

“Efecto dominó”

Desde que se comenzó a hablar sobre la reforma tributaria, el Gobierno ha sido enfático en plantear que el objetivo de ella apunta a gravar a los más altos patrimonios, sin afectar a la clase media o personas de menores recursos. “Algo menos del 3% de los contribuyentes van a pagar más impuestos, y algo menos del 97% no va a pagar más impuestos. Un dato relevante sobre esta reforma”, sostuvo Marcel este viernes.

No obstante, el análisis de expertos difiere del escenario esbozado por diversos integrantes del gabinete que lidera Boric. Por ejemplo, Ossandón comentó que “como toda reforma tributaria de esta magnitud, sus efectos no solo serán absorbidos por quienes, efectivamente, pagarán directamente los mayores impuestos. Un alza de impuestos como la que se propone tendrá, ciertamente, un efecto mayor en la economía, y las alzas de impuestos terminarán en gran medida siendo absorbidas, indirectamente, por la generalidad de las personas”.

Agregó que “un impuesto los ingresos generados por arriendos de inmuebles calificados como DFL2 implicarán en corto plazo un alza en las rentas de arrendamientos, que permitan al propietario recuperar la rentabilidad el inmueble; soportando, en definitiva, el arrendatario todo o parte del impuesto que deberá pagar el propietario”.

En general, explicó que los aumentos de impuestos reducen el ahorro y la inversión, afectando el crecimiento económico y la contratación, y por tanto, a quienes se busca beneficiar. “Este proyecto de reforma contiene en particular propuestas justamente en ese sentido, como son el impuesto a la riqueza para patrimonios que excedan de US$5 de dólares, o el impuesto específico de 1,8% para gravar las utilidades que se acumulan en sociedades no operativa”, explicó.

Bustos también se refirió a la derogación de la exención del DFL2 diciendo que “muchas personas de clase media han invertido todo o gran parte de sus ahorros en la adquisición de viviendas de este tipo, para destinarlas al arriendo”, agregando que “es probable que ello implique que habrá un aumento en el valor de las rentas de arrendamiento de inmuebles DFL2, lo cual afectará a los arrendatarios. No se trata, por lo tanto, de modificaciones que apunten sólo al sector más rico de la población”.

De hecho, Hugo Hurtado, socio líder de Tax & Legal de Deloitte, especificó que si bien “es cierto que son las tasas más altas las que se ven perjudicadas, pero, por ejemplo, si el impuesto al patrimonio genera alguna salida de capitales, esos son capitales que generan inversión y crecimiento, por lo que las personas que no están en ese 97% podrían verse afectadas como un efecto colateral a la disminución a la inversión”.

Pese a que Hurtado resaltó la reducción del impuesto de primera categoría, indicando que “ese 2% puede ser un buen incentivo, y también la posibilidad de invertir parte de estos fondos en Investigación y Desarrollo (I+D) con un tope de $2.500 millones”, mencionó que “la tasa de 22% a la ganancia de capital parece un poco excesiva si se compara con otros países de la OCDE respecto a mercados que son más profundos que el nuestro”.

En la misma línea, Ignacio Gepp, socio de Puente Sur, explicó que “los impuestos generan un efecto dominó. Si suponen un aumento de costos para los inversionistas, éstos costos no se asumen sólo por ellos, sino que se traducen en buscar reducciones de otros costos, o aumentar los ingresos por otras vías. La clase media o los más pobres no se verá afectada de forma negativa por la reforma en sí, sino por como el resto de la sociedad, las empresas y los inversionistas respondan a ella”.

Dicho eso, manifestó que “no es una reforma estructural a nivel de impuestos personales que permita ampliar la base tributaria para robustecer el programa de gobierno, ya que se mantienen los tramos más bajos inalterados, lo cual también termina por beneficiar a los tramos más altos, y se mantiene el que en Chile sólo sea un grupo reducido el que paga impuesto a la renta de forma significativa, lo que dista de los modelos europeos que a tantas personas les gusta admirar”.

Otro aspecto que causó reparos fue abordado por Alejandro Weber, ex subsecretario de Hacienda y decano de la Facultad de Economía y Negocios de la U. San Sebastián, quien afirmó que “el llamado impuesto al patrimonio y el incremento a los impuestos a las ganancias de capital son muy complejas y podrían afectar la inversión y el crecimiento”.

“La pregunta es si este es el mejor momento para avanzar en una reforma tributaria, y por qué. Con el precio del dólar disparado, con un crecimiento a la baja y con una inflación alta, hoy día hay demasiada incertidumbre que no afecta a los grandes inversionistas, sino a la clase media y a los sectores más vulnerables”, acotó.

“Una reforma tributaria lo que hace es profundizar la incertidumbre; por lo tanto, una proyección de recaudación en torno a los 4 puntos del PIB es probable que no se logre si no somos capaces de generar medidas pro inversión y pro crecimiento. Menos crecimiento y menos inversión significan menos empleo y menos recaudación para el Estado, para poder implementar buenas políticas públicas”, puntualizó Weber.