A través de una declaración pública, las compañías BUDA, que transa bitcoin, y CryptoMKT, que opera principalmente con ether, acusaron del cierre de sus cuentas y señalaron que un banco dijo a ésta última que tenían instrucciones de “no abrir cuenta a nadie que tenga relación con criptomonedas”.
“La falta de conocimiento y claridad regulatoria ha dado pie a que algunos bancos, por temor, desinformación o tal vez por estrategia, se estén negando a prestar sus servicios a todo aquel que tenga relación con cualquier activo digital”, indicaron las plataformas web, agregando que “en Chile la regulación quedó en manos de algunos pocos, que están actuando como reguladores de facto y están optando por prohibir”.
En esa línea, BUDA y CryptoMKT llamaron a la ABIF a “transparentar su postura” y definir si es que las compañías ligadas a las criptomonedas tendrá acceso a los servicios bancarios o si, por el contrario, “están determinados a impedir la existencia” de la industria.
Además, las plataformas de activos digitales hicieron un llamado a las autoridades y la gente en general a ponerle atención al asunto, “antes de que sea demasiado tarde”.
Luego del meteórico ascenso que tuvieron los precios de las criptomonedas, en particular bitcoin, y de la notoriedad que han tomado en los últimos 12 meses, las autoridades financieras y monetarias del mundo están experimentando con formas de regular este tipo de activos descentralizados, que se han ligado en ocasiones a situaciones de lavado de activos o financiamiento de actividad criminal.
En esa línea, BUDA y CryptoMKT destacaron que ambas “han desarrollado plataformas seguras de última tecnología para la protección de sus clientes y han abierto canales de colaboración con autoridades”, además de explicarle al público las características, ventajas y riesgos de este tipo de activos, basados en tecnología blockchain.
Ambas firmas, agregan, pagan IVA, están inscritas en los registros de la Unidad de Análisis Financiero (UAF) y GAFI y cumplen sus estándares en materia de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
Fuente: Pulso