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Negociar con más de una bancada, hacerlo de forma paralela con diputados y senadores, e identificar los aspectos en controversia, previo al inicio de la discusión parlamentaria. Estas son las tres lecciones que sacaron en el Gobierno tras la negociación del salario mínimo en el Congreso. La compleja negociación de dicho proyecto de ley fue el gallito que midió fuerzas entre el Ejecutivo y las oposiciones existentes en el Parlamento, de cara a la discusión de proyectos del área económica que se avecinan.

Tal como ocurre con la publicación de las encuestas políticas en período de elecciones, tras el episodio todos los actores se declaran vencedores. Desde el Gobierno asumen que dicho proceso los fortaleció, de cara a la discusión de los proyectos que vienen y que forman parte del corazón del programa de gobierno, como la modernización tributaria o la reforma al sistema de pensiones. Parte de la oposición, dice haber hecho comprender al Ejecutivo que la derecha no tiene mayoría en el Congreso y que es necesario sentarse a negociar para conseguir acuerdos.

No descartan creación de grupo técnico transversal para acercar posiciones

La próxima semana se iniciará la tramitación del proyecto de “modernización tributaria”. El miércoles, a las 15: 30 horas, el ministro Felipe Larraín tendrá que presentar el articulado a la comisión de Hacienda de la Cámara, presidida por el DC Pablo Lorenzini. Es en dicha instancia donde se votará a favor o en contra de la idea de legislar el proyecto. Aunque en algunos sectores de la oposición se planteó la posibilidad de rechazarla, con los últimos acontecimientos esta propuesta se habría diluido. Esto, porque sectores de la DC y el PPD se mostraron dispuestos a negociar con el Gobierno. La primera señal de aquello es el rol conciliador asumido por los senadores Ricardo Lagos Weber y Jorge Pizarro en la discusión del salario mínimo.

“Como gobierno nos vamos a sentar a negociar con los que estén dispuestos a hacerlo. Por ahora, han sido estos sectores representativos de la antigua Concertación los que se han mostrado dispuestos y ahí centraremos nuestros esfuerzos”, reconocen desde el Ejecutivo.

En el equipo del Gobierno que negociará en el Congreso asumen que el punto álgido de la discusión estará en las modificaciones en la norma antielusión y la integración del sistema. De hecho, no descartan la creación de un grupo técnico transversal con representantes de la oposición que permita acercar posiciones. O sea, reeditar una instancia similar a la “cocina de Zaldívar”, que permitió sacar adelante el proyecto tributario en 2014.

Por ahora, la idea de aumentar la tasa de impuesto a las personas desde el 35% actual al 40% existente previo a la ley vigente no se incluirá en la negociación. “Esa es una propuesta que ha surgido desde un sector del empresariado. Ningún actor político la ha hecho suya”, dice un conocedor del proyecto. En cambio, ven con buenos ojos la disposición a negociar mostrada por los parlamentarios de la bancada “regionalista”, lo que sí aseguraría más votos al proyecto. De hecho, las señales entregadas por el ministro Larraín el viernes en el Chile Day respecto a la posibilidad de impulsar cambios al sistema de impuestos regionales buscan darle un guiño a dicho sector.

“Sin prisa, pero…”

Para la negociación del proyecto en el Congreso, el Gobierno se desplegará con todos sus equipos, particularmente de los ministerios de Hacienda y Segpres. Los titulares de ambas carteras, Felipe Larraín y Gonzalo Blumel, asumirán un rol más político, al igual que los subsecretarios Francisco Moreno y Claudio Alvarado, respectivamente. Desde el punto de vista técnico estarán el jefe de asesores y coordinador macroeconómico de Hacienda, Hermann González; el coordinador legislativo José Riquelme; la coordinadora del área de modernización tributaria en Teatinos 120, Carolina Fuensalida, y el coordinador de políticas tributarias, Manuel Alcalde.

Desde el Gobierno no acelerarán la tramitación en el Congreso. Estiman que durante septiembre avanzarán solo en la presentación del proyecto y se volverá a retomar en diciembre, una vez que concluya la discusión de la Ley de Presupuestos 2019, que se toma la agenda del Congreso entre octubre y noviembre. Considerando el receso legislativo de febrero, desde el Ejecutivo reconocen que la aprobación definitiva del proyecto no sería en ningún caso antes del primer trimestre del próximo año. “Sin prisa, pero sin pausa”, es la premisa desde palacio.

Una estrategia similar utilizará el Gobierno para la negociación de cambios al sistema de pensiones. El proyecto está prácticamente listo y solo quedan por afinar detalles, como simulaciones de los efectos de las medidas. Este lunes, en una reunión que sostendrá en La Moneda el Presidente Piñera, junto al ministro del Trabajo, Nicolás Monckeberg, junto a sus colegas de Hacienda y Segpres y el equipo técnico encabezado por Augusto Iglesias, se zanjará el texto definitivo. Y si bien está planificado que se dé a conocer públicamente a fines de septiembre, su tramitación en el Congreso se iniciará recién durante la primera quincena de octubre. Esto debido a que la iniciativa debe cumplir un proceso de análisis previo en el Consejo Consultivo Previsional, instancia creada en la reforma del 2008 luego de la instauración del Pilar Solidario.

Altas fuentes al interior del Gobierno visualizan que el foco de diferencias con la oposición será el destino de los 4 puntos de cotización adicional, pero esperan que la propuesta de que otros actores distintos a las actuales AFP ingresen a la administración de los 14 puntos de cotización -10% actual más el 4% adicional- logre convencer a algunos sectores de la oposición.

En la negociación parlamentaria participarán los ministros Monckeberg y Blumel. En el plano más técnico, estarán los asesores Augusto Iglesias, Mónica Titze (Trabajo) y Hermann von Gersdorff (Hacienda). A ellos se suma el equipo de la Subsecretaría de Previsión Social, encabezado por la subsecretaria María José Zaldívar, junto a la jefa de estudios Úrsula Schwarzhaupt y el asesor Alejandro Charme.

Desde el Gobierno adelantan que el proyecto de pensiones es tanto o más complejo que el tributario, por lo que su análisis se extenderá más allá del presente año legislativo que culmina en enero de 2019. “En el mejor de los escenarios, esperamos tener aprobada esta ley en el primer semestre del próximo año”, asegura una fuente de gobierno.

Artículo de Carlos Agurto L.

Fuente:  Economía y Negocios