En medio de la preocupación por los altos precios de los combustibles en el país, y que se suman voces que piden cambios en materia impositiva, el último informe de la Agencia Internacional de Energía (EIA, por sus siglas en inglés), pone en perspectiva la discusión.
Según el documento “Precios de la energía e impuestos” del tercer trimestre (con datos al segundo cuarto del año), Chile es uno de los países de la OCDE que paga menos impuestos por combustibles como porcentaje del precio final de éstos.
De acuerdo al estudio, en la composición del precio que pagan los consumidores por la gasolina, 45,9% corresponde a impuestos (específico e IVA), lo que lo convierte en el séptimo país con la menor relevancia de los gravámenes en el valor final, de un grupo de 35 naciones y lejos del promedio de 53,6%.
De esta forma, en dólares, el precio por litro de gasolina de 95 octanos es el quinto más barato de la OCDE.
Al analizar el diésel, el escenario es aún más marcado, ya que sólo el 24,2% del precio final en Chile corresponde a impuestos, casi la mitad del promedio del bloque (47,1%). Con esto, además, nuestro país paga el segundo precio más bajo por litro de diésel, siendo superado solamente por EEUU, uno de los principales productores mundiales.
Debate
La posibilidad de cambios en los gravámenes de gasolinas y diésel, bajando el primero, hoy de 6 UTM/m3, y elevando el segundo, que es de 1,5 UTM/m3 para compensar la recaudación fiscal, o de analizar ajustes al mecanismo de estabilización (Mepco) que están entre las alternativas para abordar las alzas, generó un amplio debate la jornada de este lunes.
Consultado sobre si los cambios pudieran considerarse en el proyecto de Modernización Tributaria, el ministro de Hacienda Felipe Larraín se limitó a señalar que “estamos trabajando en ver las evoluciones futuras de estos precios, en cómo perfeccionar el mecanismo que tenemos de suavizamiento de precios”.
Junto con ello, confirmó que “con información fresca” en las próximas semanas habrá bajas en los precios de los combustibles, en particular de 93 y 95 octanos, lo que permitiría contener la presión al debate.
Es que las palabras del Presidente Sebastián Piñera en Punta Arenas el fin de semana en las que planteó que “estamos estudiando la posibilidad de trabajar en el impuesto que tiene el diésel”, encendió las alertas del gremio camionero que en palabras del presidente de la Confederación de Dueños de Camiones, Juan Araya, sostuvo que “si suben el impuesto, van a subir los precios de los productos y al final la inflación” y sugirió enfocarse en los sectores que descuentan el 100% del específico como el transporte aéreo, las mineras, la construcción y las forestales, entre otros.
Por su parte, Sergio Pérez de la Confederación Nacional de Transporte de Carga señaló que si el Ejecutivo quiere modificar el gravamen “tiene que transparentar la política de refinación de los combustibles. Enap es la que refina y todos sabemos que es probable que no tenga la eficiencia necesaria”.
Desde el mundo político la presión para abordar el tema es potente, pero la fórmula no termina por convencer. Según el diputado Guillermo Ramírez (UDI) es “difícil que el gobierno patrocine bajar el impuesto a las bencinas por el déficit fiscal que dejó la administración Bachelet no parece razonable”, dado que la recaudación por el impuesto está estimada en US$2.600 millones para el próximo año.
También hay ideas alternativas: el senador Francisco Chahuán (RN) propondrá “cambiar la estructura del impuesto específico de los combustibles para que sea variable, de manera que la recaudación se mantenga y que no sea a costa de la población más vulnerable”.
En análisis técnico, en tanto, va por otro carril. Según el académico de la UAI, Claudio Agostini, “si se miran las externalidades negativas, la política correcta sería subir el impuesto al diésel desde el 1,5 y dejarlo al nivel del de las gasolinas”.
Agrega que “Chile es el que tiene la diferencia de impuesto más grande de la OCDE” sumando que los camioneros “tienen el diésel con un impuesto más bajo, les devuelven el impuesto y tributan por renta presunta. Eso es escandaloso”.
Una visión igual de crítica es la de Patricio Rojas de Rojas y Asociados quien planteó que “no hay justificación teórica ni técnica, porque ambos son contaminantes” y recuerda que el impuesto a los combustibles nació en 1985 para paliar los efectos del terremoto, cuyo fin “era recaudatorio y le estamos dando un cariz de mitigar una externalidad negativa y si es así, no debería tener el diésel un impuesto menor”.
De hecho, advierte Sergio Lehmann de BCI “este es un tema político y sólo si existe voluntad política podrá haber modificaciones”.
Artículo de P. Gallardo – R. Cárdenas
Fuente: La Tercera