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Fuertes cuestionamientos al director del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), Guillermo Pattillo, generó la exposición realizada por su antecesora Ximena Clark, quien emitió su opinión sobre la denuncia de “indicios de manipulación” en el cálculo del Índice de Precios Al Consumidor (IPC) de agosto y septiembre de 2018, que realizó la actual autoridad en mayo pasado.

Los integrantes de la Comisión de Economía invitaron a la economista con el fin de conocer otra mirada experta al hecho denunciado, el que a juicio de los legisladores opositores, “ha comenzado a ser relativizado por el ministro de Economía, Juan Andrés Fontaine”.

En la jornada, la profesional aseguró que “este caso se ha caracterizado por una profunda confusión tanto en la información que se ha proporcionado como las conclusiones de ésta. Primero, me llama la atención que se hagan declaraciones de un sumario que se supone que es secreto. Luego hay términos y procesos que se han usado en forma equivocada, lo que terminó afectando la credibilidad del INE y el ambiente laboral de sus funcionarios”.

IMPUTACIÓN

Desde un punto de vista técnico, Clark se centró en el concepto imputación que es cuando un dato genera dudas metodológicas y debe revisarse, todo en el marco de lineamientos internacionales y el manual elaborado por el propio Instituto. “Acá por lo que se informó, hubo datos imputados, pero eso no quiere decir que haya manipulación de los datos. Es normal que en el caso del IPC, como se trata de grandes volúmenes de información, haya datos que deban ser revisados en detalle”, mencionó.

La ex directora del INE, recordó que “en mayo pasado se habló del rol de los digitadores, revisores y los encargados de las 12 divisiones de la canasta, como si todos ellos tuvieran la capacidad de manipular datos, y no es así. El proceso de cálculo del IPC es un proceso integrado, donde intervienen muchos profesionales y existen cálculos paralelos y chequeos cruzados”.

Ahondó precisando que “no es correcto que los encargados de división son los únicos que definen imputaciones. Los datos que generan dudas pasan a lo que se llama Código 201. Muchos casos hablan de cifras significativamente diferentes a la tendencia detectada en los últimos meses, por lo que se pide volver a terreno a levantar el dato. Otros casos responden a falta de información, cuya secuencia debe llenarse”.

Concluyó que “acá ha habido error de conceptos. Muchos precios anómalos debían ser imputados, pero eso no necesariamente significa una manipulación. Cuando existe una imputación, se le pide al sistema arrojar la variación de los últimos meses del mismo producto para ver el porcentaje que escapa de rango. Es un ejercicio que se hace variedad por variedad, dependiendo de cada producto”.

ERROR DE CONCEPTOS

Tras la exposición, el presidente de la Comisión, el senador Álvaro Elizalde declaró que “el director Pattillo no supo explicar lo que pasó y nos da que pensar. No se explicó cómo se calcula el IPC y menos el Código 201. Quiero valorar la actitud del nuevo ministro Fontaine, quien fue más cauto en sus declaraciones. Las encuestas son como termómetros, pero éstos deben ser calibrados. Me preocupa que el director no entienda de estos temas y se haga una auditoría del caso con gente tampoco experimentada”.

En la misma línea, la senadora Ximena Rincón planteó la necesidad de “saber qué pasa con los funcionarios del INE, si los buenos profesionales se han ido o se han quedado. Pensemos en el negativo ambiente laboral que esto genera. Entiendo que hay un manual y los funcionarios deben someterse a pruebas de conocimiento. De todo se concluye que nunca le explicaron a Pattillo que la imputación no es lo mismo que la manipulación”.

Desde la otra vereda, los senadores José Miguel Durana y Rodrigo Galilea, solicitaron esperar el resultado del sumario interno y la investigación que encabeza el Ministerio Público. “Acá se dice que el director no sabe nada, pero hay que recordar que él nos explicó lo del Código 201. Planteó que se pueden imputar precios y ello no invalida que se siga un protocolo. La autoridad tiene derecho a ordenar una investigación si tiene dudas. No me parece que este hecho genere desacreditación sino más bien transparencia”, argumentó el segundo.

COMISIÓN DE PRODUCTIVIDAD

En la segunda parte de la sesión, hizo uso de la palabra el Presidente de la Comisión Nacional de Productividad, Raphael Bergoeing, quien explicó que cada año el organismo dará cuenta de su gestión anual que se materializa en un informe que se emite en enero de cada año.

En tal sentido, el senador Durana adelantó que en enero de 2020 recibiremos a la Comisión para conocer su quehacer, tal como lo hace el Banco Central (BC) cuando detalla el Informe de Política Económica (IPoM) a la Comisión de Hacienda.

El economista profundizó en la dificultad que existe en Chile para transformar las decisiones de productividad en políticas públicas. “Desde el punto de vista técnico sabemos lo que debemos hacer para dar un salto al desarrollo pero eso no se materializa porque choca con las decisiones políticas. Los gobiernos tienen problemas para aplicar políticas, los cambios asustan y además los beneficios esperados solo se observan en el siguiente gobierno”, expresó.

Respecto a la Comisión conformada el 2015, Bergoeing mencionó que “somos una institución a la que el gobierno de turno le puede exigir investigar ciertos temas, pero no nos puede exigir qué decir sobre ello. Hacemos informes con recomendaciones, pero la autoridad tiene la libertad de aplicarlas o no. La autoridad política es en definitiva la responsable de esas políticas”.

Explicó que “incluimos un informe sobre tecnologías disruptivas (regulación de plataformas de transportes y alojamientos, regulación de finanzas y telemedicina). Ahora queremos dar a conocer el 2020, un informe sobre el intercambio de datos en el sector público. Vemos que se requiere con urgencia evaluar antes, durante y después cómo influyen las leyes en sus distintos ámbitos

Respecto al último informe anual, dado a conocer en enero pasado, el titular de la Comisión reveló datos de productividad. “En los 90, la productividad agregada se ubicaba en un 2%, pero en los 20 años que han seguido se ha registrado una desaceleración importante que la única en torno al 0%. Chile es minero, pero no se explica por la baja productividad de este sector en los últimos años. Esto trasciende al gobierno de turno y a los sectores productivos”, graficó.

Asimismo destaca el rol que han asumido los migrantes en la productividad, destacando que “este grupo tiene una fuerte participación laboral y mejor escolaridad que nosotros. Esto genera positivos resultados en el corto, mediano y largo plazo. Creo que una buena medida es terminar con la limitación de contratar en una empresa a trabajadores extranjeros sin superar la cuota del 15%”.

Finalmente, profundizó en el tamaño de las empresas y la productividad. “Si nos comparamos con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) descubrimos algo curioso: las grandes empresas nacionales son menos productivas que sus pares de la Organización; mientras que las pequeñas son igual de productivas”, mencionó.

Fuente: Estrategia