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Es otra reforma tributaria”. Esa es la conclusión de la abogada Soledad Recabarren, de Recabarren y Asociados, al momento de analizar los cambios que se concretaron la semana pasada con el acuerdo entre el gobierno y la oposición para destrabar la tramitación de la iniciativa, que contempla dejar atrás la idea de reintegración, al menos para las empresas de mayor tamaño. Y aunque tiene reparos que se mantenga el sistema semiintegrado para las grandes empresas, sí reconoce que se abordaron las dificultades de las pymes para cumplir con sus obligaciones tributarias y existe una voluntad de trabajar en un proyecto de mediano plazo, que sea de consenso.

¿Cómo evalúa los cambios que se acordaron?

-Este es un mono totalmente distinto. Lo único que más o menos se mantiene es en el régimen pyme y el Defensor del Contribuyente. Los objetivos tampoco son los mismos: mantenemos algunas cosas de modernización, pero se está buscando ante todo recaudación. Moderniza en la medida que mantiene los impuestos digitales o la boleta electrónica que permiten que el sistema se simplifique, pero mantener el sistema semiintegrado, inevitablemente va a seguir siendo un lío.

¿Es una oportunidad perdida?

-En ese sentido soy práctica. Quienes efectivamente terminaron bien paradas del acuerdo en la Cámara de Diputados son las pymes. Había unanimidad que las dificultades para acceder al 14 ter había que arreglarlas. Pero eso también tiene sus matices.

¿En qué sentido?

-Mantener un sistema parcialmente integrado desincentivará a la pyme a crecer. Hasta el límite pyme que son las 75 mil UF está en un sistema integrado, con un impuesto de primera categoría de 25%. Si crece a las 75.001 UF tendrá que pasar al semiintegrado, con 27% de impuesto y con 65% de crédito. Entonces, se tenderá a la concentración y puede comenzar a perderse el universo mediano de empresas.

También se desecharon los cambios a la Norma General Antielusión (NGA) y habrá ajustes al Defensor del Contribuyente (Dedecon). ¿Son buenas decisiones?

-La batalla campal que existía por la NGA no se justificaba y más valía la pena entregarla que seguirla peleando a muerte. El Dedecon es importante: creo que es de las cosas buenas que se van a reforzar.

¿Qué es lo que más rescata del acuerdo?

-Es curioso, pero que en el último párrafo del acuerdo digan que se va a formar una comisión de técnicos de todos lados para evaluar, por ejemplo, las exenciones y qué sistema queremos, eso da tranquilidad. La reforma de (Michelle) Bachelet fue entre gallos y medianoche y esta reforma fue de una tozudez tremenda.

¿Se necesita una reforma de consenso?

-En esta discusión, cada artista que saltaba al ruedo tenía una idea distinta de cómo debía ser la tributación de Chile. Hoy ya no se puede seguir pensando en parches, hay que sentarse y pensar qué es lo que queremos de sistema tributario, con el cuaderno en blanco. A lo mejor terminas con la conclusión de que lo que tienes es lo que quieres, pero tiene que ser un todo coherente y armónico y, sobre todo, de consenso.

Lo nuevo
Se debate si el impuesto al patrimonio inmobiliario está bien enfocado desde los $400 millones de avalúo fiscal.

-El esquema es menos rudo de lo esperado, y esto puede deberse a que no se permite deducir el crédito hipotecario de la base imponible. Este impuesto afectará con una tasa mayor a las propiedades de mayor avalúo fiscal, y por eso es importante que el SII revise que los avalúos fiscales y que se encuentren bien determinados.

¿Toca a los “superricos”?

-Conozco gente que compra propiedades y cotiza poco, porque está pensando financiar su jubilación con esas rentas. Entonces, me parece que se va a tender a concentrar todavía más la propiedad, porque una persona que quiera invertir en bienes raíces como persona natural, el impacto de la medida va directo a la vena. Por el contrario, un fondo inmobiliario queda en mejor posición para seguir invirtiendo. Eso impulsa a la concentración.

También hay cambios en la normativa de los Fondos de Inversión Privada (FIP) y se limita el pago de las pérdidas tributarias (PPUA). ¿Van en el sentido correcto?

-En materia del FIP se incrementaron los requisitos para hacer más difícil gozar de los beneficios que otorga el invertir en estos vehículos y me parece adecuado limitar la recuperación de PPUA, e incluso pudo haber sido automática no gradual como se estableció. Además, es importante que se haya dejado claro que esta pérdida no afecta el registro de utilidades tributables (RAI) y los créditos (SAC).

Ya zanjado el acuerdo, y que se anticipe una tramitación rápida. ¿Ayuda a la certeza jurídica?

-La certeza queda en que las cosas se van a conversar en serio. Por ejemplo, por fin se aclaró que las sociedades de inversión pagan patente: eso pone término a 10 años de incerteza, con dictámenes de la Contraloría que decían que no y fallos de la Corte Suprema que decían que sí. Ese es un tema central porque al final uno dice: da lo mismo qué resuelvan, pero, por favor, resuelvan la incertidumbre.

Artículo de Paula Gallardo
Fuente: La Tercera