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La modernización del sistema de cobranzas, intensiva en el uso de tecnologías de la información, le ha permitido a la Tesorería General de la República (TGR) reducir el período de recuperación de las deudas tributarias morosas, desde 5 años en 2014 a 2,5 años en la actualidad y la meta es seguir acortando esos plazos, dice Hernán Frigolett, quien está a la cabeza de la institución.

“El pronto recupero y pronto pago” es el objetivo de la política de cobranza que se impuso la institución recaudadora, que cuenta con un sistema de cuenta única tributaria de cada contribuyente, sea persona natural o jurídica, en la cual se contabilizan los impuestos o créditos fiscales morosos que están en condiciones de ser cobrados.

Está en primer lugar la plataforma de cobranza administrativa cuyo objetivo es contactarse con el deudor cuando ha dejado de materializar un pago. “Es una plataforma amigable que ubica al deudor, le manda un mensaje de texto, lo llama a su celular y le informa que tiene deuda de impuestos y cómo puede hacer para ponerse al día”, señala el tesorero. La cobranza administrativa incluso tiene una fase preventiva pues cuando el sistema detecta que el contribuyente registra en el pasado retrasos en el pago, preventivamente se le avisa sobre los vencimientos, especialmente en lo que dice relación con el pago de contribuciones de bienes raíces o impuesto territorial, que es el caso más frecuente.

Si pasada esa etapa no se logra una conducta de pago del contribuyente, el paso siguiente es la cobranza coactiva a través de equipos que son liderados por un abogado, un ejecutivo de gestión y dos recaudadores fiscales, unidades que están desplegadas a lo largo de todo el país. En esta fase se hace una demanda que es notificada al deudor y, asociado a esta notificación, se procede a garantizar la deuda morosa, lo que implica constituir embargos.

La estrategia del embargo fuerza la presencia del contribuyente una vez que se le informa que sus propiedades o activos financieros han sido embargados. La publicación del remate es una advertencia de que la garantía está siendo ejecutoriada y en esa instancia el deudor se allana al pago.

En 2013, la TGR registró 7.099 embargos de activos financieros, cifra que se empinó a 14.794 al año siguiente y 19.862 en 2016, mientras que los remates de bienes raíces pasaron desde 625 en 2013 a 78 el año pasado.

La cartera de cobranza se encuentra segmentada en tres niveles, de acuerdo a los montos de deuda involucrados y a la complejidad de obtener su recuperación. En general los deudores morosos son pequeñas y medianas empresas (pymes) quienes, a su vez, están clasificados en: grandes deudores cuyo saldo neto demandado (sin considerar recargos legales) es igual o superior a $90 millones; deudores intermedios, entre $10 millones y menos de $90 millones, y deudores de menos de $10 millones.

Artículo de Luis Castañeda

Fuente: Economía y Negocios