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Propuestas concretas presentaron ayer el Banco Central (BC), la Asociación de Bancos (ABIF) y Retail Financiero en las audiencias realizadas en la Comisión de Economía del Senado sobre el proyecto que responsabiliza a los emisores frente a fraudes con tarjetas, y que se encuentra ya en tercer trámite constitucional.

El BC evaluó que la incorporación de un deducible es importante, pues incentiva un comportamiento más cuidadoso de todos los participantes, aunque no elimina la posibilidad de fraude, dijo el consejero del Central, Pablo García. Al respecto, explicó que éste es un mecanismo muy utilizado en otras jurisdicciones, como EEUU y Europa, donde ronda los US$50.

El deducible se incorporó en el proyecto en su tramitación en la Cámara de Diputados, pero finalmente fue eliminado. “Si no se incluye (un deducible), es necesario ser más preciso en otros ámbitos”, detalló García. Propuso dos elementos adicionales para mejorar el proyecto: ser más explícito sobre las consecuencias que tendría para un usuario no informar con prontitud al emisor sobre las operaciones sospechosas que éste le notifique; y definir un plazo máximo razonable para que los usuarios puedan presentar reclamos.

A esto último también se refirió el presidente de la ABIF, José Manuel Mena, quien comentó que actualmente el proyecto no establece un límite de tiempo para desconocer operaciones pasadas, y que esto plantea diversos problemas, como por ejemplo, la imposibilidad de probar operaciones muy antiguas. Es por esto que propuso que los usuarios puedan hacer reclamos dentro del plazo de 30 días desde que la institución informa al cliente sobre la operación cuestionada. Claudio Ortiz, vicepresidente de Retail Financiero, planteó que el plazo sea el de dos estados de cuenta, es decir, unos 60 días.

Por otro lado, Mena apuntó a que no se elimine el seguro contra fraudes que prohíbe el proyecto, porque podría generar valor para los clientes en caso de fraudes que sean de responsabilidad del mismo usuario. Por otro lado, destacó que la iniciativa actualmente no contempla tipos penales que sancionen conductas fraudulentas. Sobre esto, Ortiz pidió incorporar en el artículo 7 la tipificación y sanciones del delito de autofraude.

Otro de los puntos que sacó a la luz Mena, es que el proyecto no delimita si aplica para todos los segmentos de clientes, o algunos en particular, es decir, si es sólo para personas naturales, o también para empresas. “Lo que nos preocupa es que las empresas debieran tener protocolos cuando hacen transacciones, y estamos hablando de montos mayores”, comentó.

Donde coincidió Mena con Ortiz, es en plantear que se establezca una instancia que pueda resolver denuncias de fraudes, un ente como la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), aunque Mena también dijo que podrían ser los Juzgados de Policía Local en un procedimiento breve.

Asimismo, Ortiz dijo que pese a que las transacciones internacionales representan el 4% de las operaciones totales, generan el 70% de los fraudes en Chile. Entonces, comentó que sería necesario que se distinga entre transacciones nacionales e internacionales al reclamar un fraude.

Artículo de Mariana Marusic

Fuente: La Tercera