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El país podría alcanzar niveles de inversión cercanos al 3,5% del Producto Interno Bruto (PIB) en infraestructura durante el nuevo gobierno.

Así lo ve el Consejo de Políticas de Infraestructura (CPI), que prevé que esa meta podría alcanzarse entre 2019 y 2010, siempre y cuando se logren destrabar los proyectos concesionados que ya se encuentran adjudicados y que por una u otra razón están entrampados.

“Si se concreta este año (la cartera de proyectos concesionados y ya adjudicados por el actual gobierno), estaríamos un poco por debajo de la meta de 3,5%, probablemente en 3,2%, alcanzándola entre 2019 y 2020”, señaló el secretario Ejecutivo del CPI, Carlos Cruz.

Ese objetivo, fue definido por la Presidenta Michelle Bachelet, a mediados de 2014, cuando lanzó el plan de infraestructura que se iniciaba aquel año y termina el 2021 por US$ 28 mil millones. En esa ocasión, la Mandataria señaló que para lograr niveles de infraestructura y bienes públicos similares a los de países desarrollados se requiere incrementar la capacidad del país para invertir en tal área a un orden del 3,5% del PIB.

El año pasado, la inversión pública en infraestructura alcanzó el 2% del PIB, cifra que se ha mantenido más o menos constante en los últimos 10 años, siendo 2009 el período en que más peso tuvo, con 2,6%.

“En 2016 se invirtió públicamente el 2,1% del PIB, alrededor de US$ 5.400 millones. Si a eso se le suma la inversión privada, que es lo que se destina a concesiones y que son unos US$ 700 millones, llegamos a US$ 6.100 millones, alcanzando alrededor del 2,25% del PIB. Por lo que para llegar a una cifra cercana a la meta, se requieren unos US$ 2 mil millones de inversión anuales”, destacó Cruz.

Así, en caso de concretarse el objetivo, este se generaría por primera vez en la historia del país.

Las trabas

Según la CPI hoy hay más de US$ 6 mil millones pendientes de invertir, por lo que consideran que el compromiso del presidente electo, Sebastián Piñera, de agilizar la inversión tiene condiciones para tener éxito, “en la medida que se concentren los esfuerzos para destrabar los proyectos”.

Así, Cruz destacó cuatro principales trabas para que la actual cartera de iniciativas concesionadas se concrete: la ambiental, las comunidades, la coordinación de organismos públicos y el relacionamiento entre privados.

“Hay que destrabar las dificultades para que la inversión se active. Estamos pensando en cómo se resuelven los temas ambientales, cómo se compensa a la ciudadanía que está involucrada y que puede verse afectada. En los puntos discrepantes entre distintas organismos del Estado y cómo se resuelven los puntos de vista que discrepan entre servicios públicos prestados por privados”, comentó.

En esa línea mencionó, entre otros y en consideración a su antigüedad, el proyecto del Puente industrial sobre el Biobío (US$ 203 millones), adjudicado en 2014 y que tiene problemas ambientales y el Embalse Punilla (US$ 433 millones), adjudicado en 2016 y que está en etapa de permisos.

Asimismo, comentó que las prioridades en infraestructura tienen que ver con pasos fronterizos, ferrocarriles, transporte público y privado, logística de puertos, entre otras.

“Si miramos a los países de la región estamos en una buena posición, pero si miramos el resto del mundo , estamos en una posición bastante desmejorada y menos competitiva que hace 15 años. Hemos perdido posiciones, pero estamos en condiciones de mejorar esto”, remató.

Artículo de Constanza Pérez-Cueto V.

Fuente:  La Tercera