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La Comisión de Economía de la Cámara Alta aprobó este miércoles el proyecto de ley que busca garantizar el pronto pago de productos y servicios efectuados por empresas de menor tamaño, estableciendo 60 días como plazo máximo y el pago de intereses por períodos superiores.
“El objetivo del proyecto es enfrentar la asimetría y la falta de transparencia que existe en el mercado respecto de los plazos de pago en las transacciones comerciales, además de garantizar la libre competencia”, aseguró el senador del PPD de la región de La Araucanía, Eugenio Tuma, quien es autor del proyecto.
Adicionalmente, éste busca impedir que los plazos de pago excesivos afecten la liquidez de las empresas y, a su vez, proporcionar certezas a las compañías proveedoras de bienes y servicios a la hora de organizar su contabilidad y la proyección de su escalamiento productivo.
“Con esta iniciativa queremos terminar con la mala práctica de diferir el pago a proveedores. Las grandes empresas no pueden seguir obteniendo su liquidez a costa del capital de trabajo de sus proveedores”, aseguró el senador Tuma, quien preside la Comisión de Economía.
El proyecto
El proyecto estipula como plazo máximo 60 días para cancelar. Pasado dicho plazo, se cobrarán intereses a las empresas que no cumplan con lo pactado. Por su parte, para la venta de alimentos frescos y perecederos el proyecto establece que el plazo no podrá exceder de los 30 días contados a partir de la fecha de entrega.
De esta forma, si las grandes empresas no pagan en el plazo convenido, tendrán que cancelar el interés máximo convencional, “porque es el costo del dinero que las pequeñas empresas deben cancelar al sistema financiero a través de créditos para seguir operando mientras les pagan sus productos o servicios”, explicó el legislador Tuma Zedán.
El proyecto de pronto pago establece que la ley entrará en vigencia 90 días después de su publicación en el Diario Oficial, salvo respecto de los contratos de compraventa y prestación de servicios que se celebren por el Ministerio de Salud, sus organismos y servicios dependientes además de las municipalidades, ya que en calidad de compradores entidades tendrán un plazo de 36 meses para adaptar sus políticas de pago a la nueva normativa.
Fuente: Estrategia