Transtecnia

Un absoluto respaldo -23 votos a favor- tuvo el informe de la Comisión de Economía que recomendaba rechazar los cambios introducidos por la Cámara baja al proyecto iniciado en moción que limita la responsabilidad de los usuarios de tarjetas de crédito por operaciones realizadas con tarjetas extraviadas, hurtadas o robadas, en lo relativo a la responsabilidad del usuario y del emisor en casos de uso fraudulento de estos medios de pago.

Así las cosas, deberá conformarse una Comisión Mixta para zanjar las discrepancias entre ambas cámaras, las que pasan más por diferencias más de forma que de fondo. Por ejemplo, en esta instancia deberá estudiarse la forma en que el emisor de tarjetas deberá informar al usuario de un fraude (vía escrita o vía online) y los plazos que tendrá el emisor de las tarjetas para avisar de un hecho de estas características o el lapso que tendrá el consumidor para reclamar.

Durante la discusión hicieron uso de la palabra los senadores José Duarana, Ximena Rincón, Álvaro Elizalde, Rodrigo Galilea, Alejandro Navarro, Francisco Chahuán e Iván Moreira.

El presidente de la Comisión de Economía –instancia que analizó la iniciativa-, el senador José Miguel Durana informó el análisis que se hizo de los cambios realizados por la Cámara Baja. Así explicó que la mayoría de las modificaciones fueron respaldadas, salvo algunas que detalló indicando materias de forma y fondo. “La idea es que se mejore la propuesta en una Comisión Mixta”, concluyó.

En tanto, la senadora Ximena Rincón aseguró que hay consenso de la importancia de legislar en esta materia dado el avance de la tecnología y la posibilidad de materializar una serie de fraudes. “Al 2018, se contabilizaron 22 millones de tarjetas de débito, 17 millones de crédito y 150 mil millones de transferencias electrónicas. Esto nos obliga a proteger a los consumidores porque cada vez que alguien contrata una tarjeta de este tipo, espera que el emisor sea responsable en el uso de las plataformas”, explicó.

El senador Álvaro Elizalde detalló la necesidad de entregar un marco de protección adecuado a los consumidores. “Necesitamos que exista un sistema equilibrado para que todos actuemos con el mayor grado de responsabilidad. Otra cosa, es que por aspectos de forma, determinadas normas modificadas por la Cámara Baja, las hayamos rechazado para lograr una mejor redacción, por ejemplo, en cuanto al plazo que tendrán los usuarios para denunciar potenciales fraudes”, graficó.

Luego el senador Rodrigo Galilea destacó la intencionalidad de esta norma considerando la gran cantidad de personas que han sido víctimas de estos fraudes. “Hablamos de giros irregulares o clonaciones de dinero plástico. Lo que quisimos fue aclarar algunas reglas como fijar 30 días de plazo para denunciar, así el banco deberá restituir los fondos. También evaluamos los casos de autofraude. Si un banco tiene pruebas de aquello, no está obligado a devolver los dineros, pero sí debe asumir otros deberes asociados”, mencionó.

El senador Alejandro Navarro apuntó también no solo a las tarjetas bancarias sino a otras como la Bip. Comentó que la ciudadanía se ha debido acostumbrar a distintos medios de pago. “Creo que el dinero plástico es un incentivo al gasto porque claramente no implica mayor seguridad. Me gustaría que este proyecto proteja de verdad al usuario. El plazo de los 30 días en el caso de transacciones en el exterior, me parece muy bajo, y estamos hablando del 70% de los fraudes”.

A su turno, el senador Francisco Chahuán mencionó la baja inversión en ciberseguridad que tiene la banca en Chile y cómo afecta los índices de fraudes. “Cada cierto tiempo sabemos de clonaciones, cómo se filtran las tarjetas con sus claves. Esto habla de la necesidad de resguardar los datos. No se ha discutido en profundidad el tema de los seguros pensando en los plazos que se establecen para denunciar un hecho o cuando un usuario debe ser notificado de ello”, declaró.

Finalmente, el senador Iván Moreira recordó que “cuando un retail o un banco ofrece un contrato de adhesión, las personas naturales deben aceptarlo sin mayores comentarios. Por eso es tan importante este proyecto porque le otorga poder al consumidor pata defenderse en el caso de un fraude online. Esto va en contra de la llamada ley del embudo donde lo ancho es para la banca y lo angosto para los usuarios”, graficó.

Fuente:  Departamento de Estudios Transtecnia