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La polémica por el devenir de la cooperativa Financoop, que enfrenta una demanda de disolución forzada por parte de Ministerio de Economía, dejará el ámbito civil en el que hasta ahora se ha movido y entrará de lleno al área penal.

Esto, luego que en los últimos días la cartera que dirige el DC Jorge Rodríguez Grossi presentara una denuncia ante el Ministerio Público contra la cooperativa, lo que abre un nuevo capítulo en un caso que deja profundas dudas sobre lo ocurrido en los últimos años en su administración.

Así al menos lo piensa la autoridad, que ingresó el escrito ante la Unidad de Delitos de Alta Complejidad de la Fiscalía Metropolitana Centro Norte, a cargo de Ximena Chong, quien derivó en Jaime Retamal la investigación.

Retamal tendrá en sus manos determinar si hubo delito en la administración de Financoop, que –a juicio del Gobierno– manipuló sus provisiones de créditos vencidos para ocultar una pérdida de unos 9.500 millones de pesos en los últimos años.

La acción permitiría indagar las responsabilidades penales de los actuales y anteriores consejeros de la cooperativa, algunos de ellos con vinculaciones políticas en la Nueva Mayoría, y en especial ex socios del Banco del Desarrollo, entidad que en 2007 fue vendida a Scotiabank.

También abre la puerta a que la Fiscalía investigue el rol que tuvieron las actuales y anteriores autoridades de Economía en la fiscalización de Financoop, la que tendría al menos un 30% de su cartera de créditos vencida, pese a que presentaba cifras inferiores al 10% en sus estados financieros.

No fue posible obtener una versión de la Subsecretaría de Economía, que desde hace semanas no responde llamados, WhatsApp ni correos de este medio. En tanto, el abogado de Financoop, Rodrigo Zegers, le bajó el perfil a la acción judicial, calificándola como una “mera formalidad”.

“No conozco la denuncia, pero entiendo que es el cumplimiento de una mera formalidad, porque los funcionarios públicos están obligados a denunciar dentro de las 24 horas por hechos que pueden constituir delitos y, efectivamente, cuando hicieron la primera presentación ante tribunales civiles, hicieron imputación de irregularidades que podría haber desencadenado una denuncia, pero posteriormente nunca más se volvió a decir eso. Así que me parece que solo es una mera formalidad”, afirma, añadiendo que, si hubieran sido situaciones graves, Economía se habría querellado.

Además, recordó que el Consejo de Defensa del Estado (CDE) no ha presentado acciones, pues no existen recursos públicos involucrados y precisa que fue la propia subsecretaria de Economía, Natalia Piergentili, quien reconoció en la Cámara de Diputados que, si no fuera por las revelaciones del consejo de administración de la cooperativa, el Gobierno no habría conocido jamás del caso.

El escenario

El momento en que Economía presenta la acción no es trivial. Hace algunas semanas el abogado que representa a casi 200 depositantes de Financoop –en conjunto con Pablo Millán, Gonzalo González y Tomás Fabres– anunció que iniciaría acciones penales contra Economía por su deficiente labor fiscalizadora, al no haber multado jamás a la cooperativa, pese a que –según esta última– siempre tuvo a disposición toda la información necesaria y que incluso las auditoras de turno siempre validaron sus estados financieros, entre ellas, Audicoop, Jeria y Asociados, Ernst & Young y, en los últimos dos años, KPMG.

En paralelo, en los tribunales civiles hay dos causas que determinarán el futuro de la cooperativa. Por un lado, en el 23° Juzgado Civil continúa la demanda de disolución forzada de Financoop, la que fue contestada la semana pasada con severas críticas de Fabres y la cooperativa a la labor del Ministerio de Economía.

En tanto que, en el 30° Juzgado Civil, la jueza Claudia Salgado se enfrenta a Financoop. La última le ha pedido aprobar la reorganización judicial –en contraposición con la disolución forzada que busca Economía en el otro tribunal–, ante lo cual la magistrada ha rechazado los planteamientos. Ayer, correspondían los alegatos por la apelación de la cooperativa contra la resolución de la jueza, pero la actividad se vio frustrada tras la solicitud de recusación del CDE contra el abogado integrante de la Sala 12 del tribunal de alzada, hecho que el representante de un grupo de depositantes de la cooperativa, Arturo Castillo, considera una contradicción respecto de sus dichos relativos a tener disposición a lograr un acuerdo.

En el 30° Juzgado, la magistrada Andrea Coppa ha ido levantando las medidas precautorias que fueron autorizadas en agosto pasado y que tenían paralizada a la cooperativa, aunque el objetivo de Financoop es que la justicia eche abajo la demanda y, en paralelo, se logre la reorganización judicial.

Mientras se discute en tribunales, abogados y representantes de la cooperativa, el Gobierno y el CDE, han tenido contactos para buscar una solución global al problema, pues existen miles de personas que en distintas regiones del país no han podido retirar sus dineros invertidos en depósitos a plazo en la cooperativa.

Para ello han concurrido en más de una ocasión el propio Carlos Mladinic y el presidente de la cooperativa, Daniel Albarrán. Los registros de la Ley del Lobby no permiten dar claridad de los encuentros ni de las conversaciones, pues solo se anotan reuniones solicitadas por terceros. Si la cartera de Rodríguez Grossi pide reuniones, no queda registro. Incluso, el PS Enrique Correa, dueño de la agencia Imaginacción, que asesora a Financoop, ha tenido contactos con Economía, según fuentes que supieron de dichas conversaciones, aunque desde su agencia señalaron hace algunos días que no era efectivo y que solo realizan la asesoría comunicacional.

Del lobby en el Gobierno, algunos señalan que la propia subsecretaria de Economía reclamó a Mladinic su presencia en la cartera, siendo integrante del directorio de una empresa del Estado.

Con todo, las conversaciones continúan, pero hoy enfrentan una piedra de tope y que se cruza con la denuncia penal de Economía ante el Ministerio Público. Según conocedores de las tratativas, la semana pasada, cuando se dieron los alegatos por la demanda de disolución forzada que presentó la mencionada cartera ministerial contra Financoop, también Fabres hizo pública su propuesta para cerrar un acuerdo.

Su idea es que se autorice una junta de socios de la cooperativa donde se apruebe un estado financiero que reconozca la pérdida, que se realice un aumento de capital para cubrir la merma y que los ahorrantes puedan capitalizar hasta 20% de los pasivos de la empresa y que hoy no pueden cobrar.

Esta propuesta sería vista con buenos ojos por el CDE y Economía, pero estaría topando con la negativa de la cooperativa, que no aceptaría la idea de reconocer la pérdida patrimonial sugerida por el ministerio señalado.

El motivo es justamente que, si lo aceptaran, tendrían que reconocer que manipularon sus carteras de riesgo y sus estados financieros para evitar dichas pérdidas y, por ende, abrirían un flanco para sus máximas autoridades.

Esto es descartado de plano por Financoop. Rodrigo Zegers explica que “no es efectivo” que se nieguen a reconocer pérdidas sino simplemente no existe norma legal que exija dichas provisiones. “El problema se desencadena porque en su momento le dijimos a Economía: queremos hacer estas provisiones pero la norma no obliga a eso. Si se llega a un acuerdo, va a ser una transacción y tendremos que ponernos de acuerdo con la autoridad para enfrentar eso”, sostuvo el profesional, quien reconoció que hay disposición general a buscar un acuerdo.

Con fórceps

En este contexto, la denuncia de Economía surge forzada. Desde que se abrió el caso en agosto pasado, el CDE comenzó a representar al Gobierno para enfrentar las disputas judiciales. Sin embargo, hasta ahora no había apostado por la vía penal. De hecho, la propia Piergentili dijo ante la Comisión de Economía de la Cámara que, hasta ahora, el CDE no había respondido su consulta sobre qué camino judicial tomar en ese sentido.

Lo anterior, pues para que el CDE intervenga tendría que existir patrimonio fiscal en juego o responsabilidad funcionaria. Si bien Corfo intermedió al menos hasta 2014 recursos para Financoop, la cooperativa no tendría recursos comprometidos. En efecto, hasta 2015, Financoop debía 285 millones de pesos a Corfo y, al cierre de 2016, quedaban 30 millones y la cooperativa ya habría pagado sus deudas.

Lo cierto es que, hace un par de semanas, el CDE finalmente envió un oficio a Economía, recalcando que no han determinado elementos que sustenten una querella del organismo, pero que recomendaban que el Gobierno presentara una denuncia con el relato de los hechos. Y Economía lo hizo, dejando abierta una caja de Pandora.

Los hechos

Los primeros afectados por la denuncia de Economía son los consejeros de administración de Financoop y la administración que hasta abril pasado lideró Patricio Riquelme.

Según relata la propia Financoop en la contestación a la demanda de disolución forzada por parte de Economía, del 15 de septiembre pasado, en su sesión extraordinaria del Consejo de Administración, de fecha 28 de abril de 2017, la nueva administración de la cooperativa acordó poner término al contrato de trabajo del, en ese entonces gerente general de Financoop (…) por falta de probidad e incumplimiento grave de las obligaciones emanadas del contrato de trabajo”.

Aunque inicialmente se rumoreaba que la cooperativa demandaría a Riquelme, finalmente eso no ocurrió y el ex ejecutivo hoy figura en una empresa de seguridad local.

No obstante, los dardos del ministerio van más allá del ex gerente y apuntan al consejo de administración, no solo actual sino desde 2010, por las políticas de riesgo de crédito que comenzaron a implementar desde entonces.

En su contestación, el propio abogado de la cooperativa, Rodrigo Zegers, describe el origen de las irregulares provisiones que comenzó a realizar la empresa desde 2010 en adelante, a propósito de dictámenes de Contraloría que terminaron con los descuentos por planilla, modalidad de pago segura y masiva hasta entonces en las cooperativas, sobre todo con funcionarios públicos, grupo relevante en la cartera de créditos de Financoop (60%).

“Tal como habría ocurrido con el resto de las Cooperativas de ahorro y crédito, Financoop habría establecido fórmulas para diferir el impacto de los referidos dictámenes, ya que de absorber aquellas sumas inmediatamente se habría amenazado directamente la supervivencia en el corto plazo de mi representada”, puntualiza Zegers, deslizando lo que Economía ha acusado abiertamente.

Según Economía, lo que ocurrió fue que se le ocultaron irregulares prácticas de provisión de créditos por años y que la situación de la compañía fue maquillada incluso hasta julio de 2017 con la administración actual, liderada por Daniel Albarrán y Ernesto Livacic (desde abril de 2016).

Así lo describe el ministerio en su demanda presentada en septiembre pasado ante el 23° Juzgado Civil, donde se revisa la causa que podría poner fin a la cooperativa y que se ha visto retrasada a la espera de lo que ocurra en el 30° Civil, hoy en discusión en la Corte de Apelaciones por el recurso de queja de la cooperativa contra su jueza titular, Claudia Salgado.

En el libelo presentado por la procuradora del CDE, Ruth Israel, y la jefa del Departamento de Cooperativas, Natalia León, la autoridad relata lo que –a su juicio– ocurrió en la cooperativa. Señala que la manipulación de los estados financieros comenzó en 2010, involucrando directamente al Consejo de Administración de la época, como revela el acta 48, de mayo del referido año. En dicha reunión, el gerente general de entonces, Patricio Riquelme, describe crudamente el impacto del término del descuento por planilla para el pago de los créditos a la cooperativa.

Afirma que, producto del aumento en un 20% de las provisiones tras el fin de los descuentos por planilla, en los siguientes 4 a 6 meses se generaría una pérdida patrimonial cercana al 50%.

Frente a aquello, la administración de Financoop –relata la demanda de Economía– determina crear las llamadas Ref. Cobranza (nomenclatura interna) que, de facto, consistían en líneas de crédito dadas a los socios por deudas morosas cursadas antes del 2010.

“La operación descrita precedentemente tenía como única finalidad no efectuar las provisiones que la normativa exigía, presentando un resultado del ejercicio anual mayor al que realmente correspondía si dichas provisiones se hubiesen constituido, según anticipamos”, se consigna.

Para Economía las cosas son claras. En su opinión, la cooperativa debe reconocer una pérdida de 9.500 millones de pesos, que son las que habría reportado si no hubiera alterado y ocultado a la autoridad la segmentación de créditos exigida por aquella.

Si lo relatado por Economía es así, las responsabilidades abarcarían a un gran número de personajes, economistas, empresarios y ex funcionarios públicos ligados, en general, a la coalición actual de Gobierno.

Entre ellos, el consejero de Financoop, Carlos Mladinic (DC), y que actualmente es director de Metro, designado por el Gobierno. También figuran el hermano del ex diputado Enrique Accorsi, Juan Carlos, y el DC Sergio Fernández Aguayo, que presidió la cooperativa en los años en que se aplicó la segmentación de la cartera de créditos y que hasta hoy es director.

Búmeran

Como señala Zegers, la denuncia del Gobierno podría ser solo una formalidad, buscando protegerse, sus autoridades, de la ilegalidad en que incurrirían como funcionarios públicos si no denuncian eventuales irregularidades que hayan conocido en el ejercicio de sus cargos.

El problema para Economía es que, si se detectan irregularidades en la administración de Financoop en los últimos años, las diligencias podrían entrometerse en las comunicaciones establecidas entre la cooperativa y sus fiscalizadores, en particular, las tratativas que el Gobierno tuvo con la cooperativa desde abril pasado, pese a las dudas que le podían generar las irregularidades detectadas por la propia cooperativa en sus auditorías, refrendadas en el despido de Riquelme y en el informe de Sergio Álvarez, que fue el que detectó el tercio de la cartera de créditos que –a su juicio– debió ser provisionado.

De acuerdo a los antecedentes que se han conocido, representantes de Financoop venían reuniéndose en Economía y hasta en cafés para abordar la situación e, incluso, existía un preacuerdo que permitiría trasladar créditos vencidos a una fundación por crear, acuerdo que –según la cooperativa– fue desechado sorpresivamente por el Ejecutivo.

Sin embargo, la subsecretaria de Economía, en la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados, reconoció que no tenía las capacidades para fiscalizar a todas las cooperativas y que no se habría enterado de lo que pasaba si los consejeros de Financoop no se lo hubiesen informado en abril pasado.

Artículo de Héctor Cárcamo

Fuente:  El Mostrador