Transtecnia

El Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) notificó hoy la sentencia por medio de la cual rechazó las demandas de abuso de posición dominante que presentaron en 2017 Banco Security, BICE, Internacional, Scotiabank y BBVA en contra de BancoEstado en relación con las tarifas interbancarias por las transferencias electrónicas de fondos.

Para el tribunal, los actuales y potenciales competidores pueden ejercer una presión competitiva sobre BancoEstado, por lo que éste carece de una posición de dominio con la que pueda abusar en el mercado de cuentas bancarias. A su parecer, la recepción de las transferencias electrónicas es un servicio mutuo y bilateral que se prestan los bancos entre sí y que está adscrito al servicio de cuentas bancarias (corrientes y vista).

“Lo que ofrece un banco pequeño a BancoEstado como consecuencia de la interconexión es menor que lo que le ofrece un banco grande, por lo que resulta económicamente esperable que el resultado de las negociaciones por la tarifa de la interconexión sea más favorable para Banco Estado con el primero de ellos que con el segundo”, consignó la sentencia a favor del BancoEstado, el que fue representado por el abogado José Miguel Gana, socio de Gana y Gálvez Abogados.

“Atendido a que los bancos grandes ofrecen una red de clientes más atractiva que los bancos pequeños, pues han invertido en ello, resulta lógico que dichos bancos obtengan mejores condiciones comerciales en sus negociaciones con Banco Estado, a diferencia de los bancos pequeños que realizan un aporte menos significativo al resto de la red”, concluyó el TDLC.

Por otro lado, la sentencia advirtió que, al ser las redes de clientes de los bancos compatibles para realizar transferencias electrónicas, permiten que esta no sea una barrera de entrada que desincentive a los nuevos operadores, ni tampoco un obstáculo para la expansión de los bancos incumbentes de menor tamaño, ya que los clientes de dichos bancos también pueden realizar transferencias electrónicas.

Si bien el juicio comenzó con la primera demanda en el TDLC hace 3 años, con la acción del Banco BICE en contra del BancoEstado, el caso tiene su origen a finales de la década de los noventa. Desde 1996 -según BancoEstado- existe un sistema de cobro por transferencias bancarias en las que el banco que hizo la operación le paga al que la recibe. Al esquema se fueron adhiriendo de acuerdo al nivel de tecnología que fueron implementando. Así se generaron operaciones bilaterales entre los bancos y al final de cada mes se pagaban las operaciones.

Sin embargo, cuando BancoEstado desarrolló su Cuenta RUT se generó un hito en el sistema bancario. Esto porque sus usuarios son clientes distintos a los del sistema bancario tradicionales, pues normalmente éste último no hace transferencias. De hecho, normalmente un cliente de Cuenta RUT, al recibir un depósito, inmediatamente liquida ese monto retirándola de la cuenta.

Esto determinó que BancoEstado pasara a ser un receptor neto de transferencias y que por ello los bancos chicos y medianos le comenzaran a pagar más por concepto de tarifas interbancarias, ya que el banco emisor paga la tarifa al banco receptor. Por lo mismo, los bancos de nicho (Banco Security, BICE, Internacional, Scotiabank y BBVA) decidieron hacer un proceso de auto regulación para establecer el monto real de las tarifas, entendiendo que ésta debía cubrir sólo la operación entre Switch y Switch, sin considerar las externalidades directas de red, las que son mayores en el caso de un banco, como Banco Estado, que tiene una cobertura y un número de clientes mayor que los bancos demandantes.

Luego de esto, en 2015, los bancos privados invitaron a BancoEstado a iniciar un proceso de autorregulación, a lo que se negó aduciendo su rol social, lo que lo ponía en una situación distinta y que se manifestaba en mayor número de sucursales, mayor cobertura geográfica, preocupación por una mayor bancarización, etc. Frente a la arremetida de los bancos privados, BancoEstado respondió que las tarifas no solo debían considerar la operación de transferencia, sino que también toda la infraestructura que pone a disposición de los clientes de esos bancos chicos y medianos.

En medio de la contienda, BancoEstado presentó un informe encomendado a Butelmann Consultores. La agencia de asesoría liderada por la economista Andrea Butelmann y Carolina Horn, ex ministra y exsecretaria abogada del TDLC, respectivamente, concluyó que “no es misión de BancoEstado o de sus clientes subsidiar a los bancos privados o a sus clientes de altos ingresos, ni puede obligársele a cobrar una tarifa inferior a los costos del servicio que presta y que es distinto del servicio que se prestan entre sí los bancos balanceados”.

La arremetida de los bancos

El 12 de julio de 2017, Banco BICE presentó una demanda en contra de BancoEstado, solicitando que se declarara que dicho banco ha infringido la libre competencia al incurrir en abuso de posición dominante por discriminar arbitrariamente en los precios que cobra por el servicio de recepción de transferencias electrónicas bancarias, en comparación con los precios que aplica a otros bancos.

En su escrito, Banco BICE señaló que durante el año 2015 los bancos oferentes y demandantes de los servicios de recepción de transferencias electrónicas, con excepción del BancoEstado, acordaron someter las mencionadas tarifas interbancarias a una revisión técnica e independiente con el objeto de determinar el precio de dicho servicio basado en costos asimilables a los de una empresa eficiente.

En su demanda, el banco reveló que el 9 de agosto de 2016, BancoEstado rechazó la petición de revisar la tarifa interbancaria que cobra por las tarifas de transferencia electrónica, lo cual calificó como una “abierta discriminación arbitraria de precios” en contra del BICE.

Posteriormente, el 12 de julio de 2017, se sumaron dos bancos más a la contienda: Banco Security y Banco Internacional. Ambos denunciaron que el banco estatal abusaba de su posición de dominio en las transferencias electrónicas. A su parecer, su conducta perjudicaba a todos sus actores, incluidos los consumidores del sistema bancario en general.

Mientras que el 21 de agosto de ese año, Banco Scotiabank también presentó una demanda en contra de BancoEstado, asegurando que “habría abusado de dicho monopolio al menos desde enero de 2016, lo que habría producido efectos en los servicios directamente afectados y, al menos, en todos los mercados conexos en los cuales la recepción de transacciones electrónicas es un insumo inevitable, incluyendo los servicios bancarios asociados a cuentas corrientes, a CuentaRut, servicios de cash management para empresas, entre otro”.

En tanto, el 19 de octubre Banco BBVA -que posteriormente se fusionó con Scotiabank- presentó la última demanda en contra de BancoEstado. En su acción, aseguró que desde que se fijaron las tarifas “han ocurrido un conjunto de transformaciones tecnológicas que modificaron el procedimiento de las transferencias interbancarias de fondos. Agrega que también han ocurrido cambios relevantes en el mercado de los medios de pago, lo que ha generado un aumento explosivo de las transferencias interbancarias de fondos”.

Además de entender que no hay posición de dominio de Banco Estado, el TDLC estimó que algunas de las acciones estaban prescritas, por cuanto BancoEstado, al cobrar las tarifas a las demandantes, se limitó a dar cumplimiento a las estipulaciones pactadas al momento de la celebración de los Contratos, los que datan de 1996, 2001, 2002.

Consultados frente a una eventual apelación y que el caso sea zanjado en la Corte Suprema, Scotiabank respondió que está estudiando el fallo del TDLC y evaluando los pasos a seguir. Mientras, Banco Security declinó efectuar comentarios. Sin embargo, trascendió que es muy probable que la disputa se traslade al máximo tribunal del país.

Banco BICE, Security e Internacional fueron representados por los abogados Julio Pellegrini y Pedro Rencoret. A Banco Scotiabank lo defendió el abogado Andrés Rioseco y BBVA era representado por Cristián Gandarillas.

Fuente:  Leonardo Cárdenas, La Tercera