Mayores facilidades a las personas para acceder a mejores condiciones de financiamiento, es el objetivo del proyecto que regula la portabilidad financiera que fue despachado por la Sala del Senado, en sesión 100% telemática, a su tercer trámite constitucional.
La iniciativa tuvo un contundente respaldo con 38 votos favorables y sólo 2 abstenciones, por lo que sólo resta que la Cámara de Diputados se pronuncie sobre los cambios realizados en esta etapa.
En el debate, los senadores remarcaron la importancia de contar con este instrumento que, en la práctica, permitirá a las personas naturales y pequeñas empresas traspasar sus productos de una institución financiera a otra, fomentando la competencia y el acceso a menores tasas de interés y costos asociados.
También en la instancia se hizo ver preocupación respecto a que el sistema bancario aplique de buena manera este instrumento, considerando la experiencia observada en el acceso a créditos Fogape. Algunos, como el senador Alejandro Navarro, Francisco Huenchumilla y Alfonso de Urresti, consignaron que los bancos “tienen una lógica distinta” y su “profunda desconfianza” a estas instituciones.
El senador Álvaro Elizalde, que preside la Comisión de Economía, constató respecto del trabajo legislativo que “la Comisión consagró que la portabilidad constituye un derecho para el cliente y cualquier cláusula en contrario se entenderá por no escrita”.
En la misma línea, agregó, “la instancia acordó elevar los derechos que considera el proyecto, al rango de derechos del consumidor financiero contenidos en la Ley sobre Protección de los Derechos de los Consumidores”.
La portabilidad financiera aplicará para todos los productos o servicios financieros ofrecidos por compañías de seguros, agentes administradores de mutuos hipotecarios, cajas de compensación, cooperativas de ahorro y crédito, instituciones que coloquen fondos por medio de operaciones de crédito de dinero de manera masiva o toda entidad fiscalizada por la Comisión para el Mercado Financiero. El senador destacó que la totalidad de las enmiendas introducidas en la Comisión de Economía fueron acordara por unanimidad.
El Ministro de Hacienda Ignacio Briones, valoró la labor realizada por el grupo de legisladores y destacó que la iniciativa avanza en transparencia y competitividad en el mercado crediticio. “Es una política pública que se centra en los costos de cambios que enfrentamos los consumidores que, en la práctica, nos atrapan en la institución financiera y la competencia no opera a plenitud”, manifestó.
¿CÓMO OPERA EN LA PRÁCTICA?
El senador Felipe Harboe explicó que “un consumidor cotiza con los bancos y estos le hacen una oferta. Si se acepta, comienza el trámite y el banco está autorizado para pedirle la información relativa a costos del crédito original”.
El congresista también destacó que en la instancia se veló por los datos personales del cliente. En ese sentido, explicó que si operación no llega a puerto, “se entiende que todos los datos que adquirió el potencial acreedor, deben ser borrados”.
La normativa además considera que los consumidores podrán ejercer su derecho a retracto si no ha firmado contrato con el nuevo banco.
Otro integrante de la Comisión, el senador Rodrigo Galilea, apuntó a que lo fundamental de la propuesta es el “procedimiento reglado, con plazos y responsabilidades claras”, junto con que se establece la posibilidad de bloqueo de productos y la subrogación especial para créditos hipotecarios.
Fuente: Departamento de Estudios Transtecnia