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La Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras informó esta mañana que impuso a Itaú Corpbanca una multa por infracción a los límites de crédito establecidos en los artículos 84 N°1, 85 letra a) de la Ley General de Bancos y el Capítulo 12-3 de la Recopilación Actualizada de Normas del regulador.
Más precisamente, por los préstamos a las sociedades Cascada de SQM.
En un comunicado, la SBIF precisó que esta resolución termina el procedimiento sancionatorio que fuera iniciado por la entidad en junio de 2017 y que se desarrolló atendiendo a lo resuelto por los Tribunales Superiores de Justicia, que acogieron el recurso de reclamación interpuesto por el Banco contra la comunicación por medio de la cual se impusieron sanciones el año 2015.
En particular, y tal como fuera informado por Itaú-Corpbanca mediante hecho esencial, se resolvió cursar una multa de $5.985.328.978 por haber infringido el límite de crédito referido anteriormente a un mismo deudor debido a la concesión de créditos durante el año 2013, que fuera objeto de formulación de cargos en el procedimiento administrativo iniciado por esta Superintendencia.
Adicionalmente, sobre los otros cargos formulados en el procedimiento sancionatorio, se acogió la excepción de prescripción opuesta por Itaú-Corpbanca sobre la operación cursada el año 2011. Respecto de la operación del año 2015, se resolvió acoger la defensa del Banco atendida la existencia de garantías otorgadas para ese crédito.
Contra esta Resolución proceden los recursos administrativos y judiciales establecidos al efecto, dijo la SBIF.
En la propiedad de Itaú-Corpbanca participa la familia Saieh, controladores de COPESA, empresa que edita Pulso.
La sanción corresponde a la reformulación de cargos realizada por el regulador bancario en octubre de 2017 por transgredir los límites de crédito individual en operaciones con las sociedades Norte Grande, Potasios de Chile y Pampa Calichera, en 2011, 2013 y 2015, respectivamente. Éstas son las mismas transacciones por las cuales fue multada Corpbanca a fines de 2015, por $ 21 mil millones (US$ 30 millones) y que fue dejada sin efecto por la Corte de Apelaciones de Santiago en agosto de 2016.
Artículo de David Nogales Toledo
Fuente: Pulso