Transtecnia

En un año en que están sobre la mesa varios temas que elevarían los costos laborales, se introduce, en forma concreta, el incremento de 2,5% real del salario mínimo a partir del 1° de marzo, producto de la ley firmada en 2018.

Este hecho gatilla la discusión de cuánto efecto tendrá en el mercado laboral que se ha deprimido tras el estallido social. “El salario va a subir alrededor de 6% considerando el IPC de febrero quedando en $319.000 aproximadamente. Claramente cuando se aprobó esta ley el escenario esperado era otro, no se estaba proyectando un crecimiento de 1% para el año”, recordó Felipe Berger, economista de LyD.

Cuando en 2018 el ministro de Hacienda, Felipe Larraín, selló la discusión plurianual se pensaba que el PIB se expandiría en 2020 entre 3% y 3,8%, y por ello se incorporó una cláusula que elevaba aún más el mínimo si el PIB era mayor a 4%. Pero la situación fue la inversa, tal como ocurrió en 1998 cuando debido también a una negociación plurianual el salario se incrementó a una tasa promedio anual de 11,9%, por tres años, en medio de la crisis asiática que llevó a una caída del PIB.

De hecho, estudios como el del actual comisionado del Mercado Financiero, Kevin Cowan, evidenciaron que un 6% de los trabajadores pudo haberse visto afectado por el alza del salario mínimo entre 1997 y 2000, y hasta un 13% si se consideraban asalariados de bajo nivel educativo y baja experiencia laboral.

Si bien se podría pensar que una nube negra cae cuando la negociación es plurianual, los expertos no son partidarios de desechar este instrumento, sino que plantean un mayor grado de detalle. “En el actual contexto de crisis social, la productividad laboral está decreciendo, lo que significa que en los reajustes plurianuales, mientras más escenarios económicos se consideren, menos riesgos hay de que el reajuste del salario mínimo quede muy desalineado de los fundamentos económicos. El reajuste del salario debe considerar la evolución de la productividad laboral y del IPC”, indicó el economista de Clapes UC, Juan Bravo.

Sostuvo que debido al menor PIB este año, se profundizará la brecha entre la trayectoria de los salarios reales y la productividad, lo que podría impactar en el mercado laboral, aunque en menor magnitud que en el 2000. “Se puede traducir en daño al empleo formal. No necesariamente mayor desempleo, pero sí profundizar el cambio de composición hacia mayor informalidad. Sin embargo, a diferencia de lo ocurrido en la recesión de 1999, el desajuste del reajuste salarial es de menor magnitud, por lo que el eventual daño al empleo formal sería mucho menor que en aquella ocasión”, acotó.

Por su parte, Berger comentó que el 6% de este reajuste produce una discriminación respecto de aquellas personas que obtienen un ingreso cercano, aunque mayor al mínimo, porque para ellos el alza va por el carril del 1,4% de variación de los salarios reales en 2019. “Algo similar ocurrió en 1998 con la crisis asiática. Con esta medida, la planilla del empleador crecerá 6% más, lo que agregado a los acontecimientos desde octubre, puede generar más efectos negativo sobre el mercado laboral. Si bien la negociación plurianual es positiva porque ordena la cancha y evita las negociaciones año tras año, tiene este problema de descalce entre lo proyectado y lo que realmente ocurre”, manifestó.

En tanto, Fabián Sepúlveda, economista de Banco Santander, observó que más que el incremento salarial hay otros factores dando vuelta que pueden incidir más: “Estimamos que el impacto negativo en el empleo sería acotado. Sin embargo, en el mediano plazo será relevante la posible acumulación de incrementos en el costo laboral, entre los que se cuentan la reforma previsional, la jornada laboral de 40 horas y la siguiente discusión de reajuste al salario mínimo en agosto próximo”.

Artículo de Miriam Leiva

Fuente: Pulso/La Tercera