Transtecnia

En forma unánime la Sala del Senado rechazó los cambios que le hizo la Cámara de Diputados al proyecto que modifica la ley 21.227 que permite hacer uso al seguro de desempleo para evitar el despido de trabajadores en casos de emergencia sanitaria y que posibilita la suspensión de la relación laboral y la reducción de las jornadas de trabajo.

Con este rechazo, se deberá formar una Comisión Mixta de senadores y diputados para zanjar las diferencias en torno a este proyecto que busca complementar la ley que entró en vigencia el 6 de abril pasado y de esa manera aprovechar la instancia para corregir e incorporar algunos aspectos que no fueron previstos cuando se tramitó la ley original.

En lo principal, las diferencias dicen relación con el pago de las cotizaciones previsionales y de seguridad social, pero también surgieron en el debate la necesidad de considerar la realidad de territorios como Rapa Nui -que tiene un régimen tributario distinto y por tanto es complejo acreditar ciertos requisitos para acceder a los beneficios de las medidas implementadas- , considerar que se garantice el pago de las pensiones de alimentos y evitar que las empresas que se acojan a este beneficio retiren utilidades, entre otras medidas.

Durante el debate hubo fuerte intercambio de opiniones. No obstante, hubo algunos senadores que plantearon que el 95% de las empresas que se han acogido a la ley son micro, pequeñas y medianas empresas, lo que evidenciaría que las normas apuntan a proteger el empleo de los trabajadores en época de crisis sanitaria-económica, independiente del tamaño de la empresa.

Asimismo, plantearon que esta iniciativa ha significado una solución favorable para un grupo significativo de trabajadores, por lo que es vital que se eviten los abusos.

La Ministra del Trabajo y Previsión Social, María José Zaldívar, insistió en que la ley vigente está dando protección a los trabajadores no importa el tamaño de las empresas, pero se ha centrado en las más pequeñas. Recordó que ya hubo 300 mil cartas de despido de personas que no pudieron acogerse a esta iniciativa pues no estaba vigente, pero que ahora cerca de 800 mil trabajadores pueden tener una suerte distinta.

Fuente: Departamento de Estudios Transtecnia