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La ausencia de un procedimiento legal para que negocien grupos de trabajadores; el uso de los servicios mínimos como una prenegociación y su calificación, y los problemas en la extensión de beneficios, son algunas de las dificultades que identificó el “Informe de seguimiento y evaluación sobre la implementación y aplicación de la Reforma Laboral”, elaborado por el Consejo Superior Laboral (CSL), instancia tripartita -Gobierno, trabajadores y empresarios- creada junto con la reforma laboral.

A pesar de que varios de los problemas que el documento menciona ya han sido señalados por el actual Gobierno y que se ha planteado realizar algunas modificaciones a la legislación laboral, todavía no hay claridad de cuándo ni cómo se llevarán a cabo.

El subsecretario del Trabajo, Fernando Arab, comentó que, a un año de la entrada en vigencia de la reforma y ya existiendo su primera evaluación, el Ejecutivo se centrará en buscar soluciones a los ítems que han sido más conflictivos. “Ya con este informe, desde el Ejecutivo deberemos evaluar la mejor manera de solucionar los nudos y problemas detectados en la implementación de la reforma, de manera de lograr conciliar relaciones laborales más armoniosas y colaborativas, y donde exista certeza jurídica para las partes”, señaló Arab.

Según fuentes conocedoras, ya habría algunas alternativas que se barajan para hacer las modificaciones. En primera instancia se plantea que se reinterpretarían, vía dictámenes -que emitiría la Dirección del Trabajo (DT)-, algunas materias controversiales, como los servicios mínimos y extensión de beneficios. Por otro lado, en los próximos meses se enviaría un proyecto de ley para darles a los grupos negociadores la posibilidad de negociar colectivamente, algo que quedó en el camino luego de que el Tribunal Constitucional (TC) declarara inconstitucional la titularidad sindical.

No se requiere revisión legal

Si bien la presidenta de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), Bárbara Figueroa, quien representa a los trabajadores en el CSL, avaló el informe, ahora sostiene que respecto de servicios mínimos y grupos negociadores, plantearon visiones contrapuestas a otros consejeros. Figueroa comentó que “no compartimos esa mirada respecto del nivel de incertidumbre mayor que la norma tendría, es decir, señalamos que este análisis catastrofista no ha sido tal en los hechos y mirando los datos de un año de implementación de la reforma, no son datos que uno podría decir que son fatales”.

En esa línea, la presidenta de la Central dijo que no cree que sea necesario -por ahora- hacer modificaciones legales a la legislación laboral: “Nadie podría decir que esto ha sido súper simple, no es así, ha tenido niveles de dificultad, pero nos parece que eso no da para, a partir de los datos de este primer año de implementación, decir que tenemos nudos tan complejos que requieren una revisión legal”.

Además, advirtió que si el Ejecutivo quiere insistir por esa vía, espera que sea por medio de una ley y no a través de dictámenes emitidos por el organismo regulador. “Fuimos súper claros en el marco del debate con los otros consejeros en que cualquier modificación que el Ejecutivo quisiera hacer, no puede ser sin la vía legal y únicamente por vía administrativa como algunos han dado a entender hasta ahora”, señaló Figueroa.

Artículo de Fiorenza Gattavara

Fuente: Economía y Negocios