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Diversas opiniones genera entre los expertos el debate sobre la constitucionalidad o no del proyecto que reduce la jornada laboral a 40 horas. De cuatro abogados consultados por PULSO, tres sostienen que no vulnera la Carta Fundamental.

El director del Centro de Justicia Constitucional de la Universidad del Desarrollo, José Manuel Díaz de Valdés, es el único de los consultados que concuerda con el Ejecutivo: “Una reducción de jornada es iniciativa exclusiva del Presidente porque es gasto e implica un costo relevante; y porque como dice el artículo 65 está afectando la base que afecta las remuneraciones, debido a que está regulando cuántas horas se trabajan”.

Sostiene que este argumento ha sido acogido por el Tribunal Constitucional (TC) en anteriores ocasiones, por ejemplo, en el proyecto que trasladaba el Congreso a Santiago, porque al involucrar un volumen de recursos muy grande debía ser de definición presidencial. En todo caso no cree que sea necesario ir al TC.

Por el contrario, Javier Couso, profesor de la U. Diego Portales, explica no son materias exclusivas: “Las facultades legislativas que se le otorgan excepcionalmente al Presidente deben ser interpretadas de manera restringida, porque no es el principal legislador. Si uno mira el artículo 61 la fijación de horas, no aparece nítidamente establecida como iniciativa exclusiva. Entonces si un efecto indirecto del proyecto implicase mayor gasto fiscal es distinto a que el Congreso estuviera aprobando una legislación que cambiara una partida presupuestaria”.

En ese sentido, señala que un proyecto que aumentara los estándares ambientales no es iniciativa exclusiva del gobierno a pesar de que las empresas públicas se vean obligadas a gastar más.

De igual forma opina el académico de la U. de Chile, Fernando Atria: “Yo creo que el argumento es manifiestamente insostenible. Y es insólito que diputados lo estén presentando, porque si fuera correcto significaría que el Congreso no tendría ninguna iniciativa legislativa, porque todo proyecto puede significar mayores gastos”.

Por su lado, Patricio Zapata, académico de la U. Católica, llama a diferenciar los argumentos: “Reducir la jornada me parece una buena idea desde el punto de vista social, y su impacto se podría atenuar si opera en forma progresiva. Ahora, en lo estrictamente constitucional, tengo la impresión de que no invade la iniciativa exclusiva presidencial en materia de gastos”.

Zapata recuerda que se puede recurrir al TC en cualquier momento durante la tramitación juntando las firmas necesarias, equivalente a un cuarto de los diputados o un cuarto de los senadores.

Y frente a un fallo, Atria sostiene: “Ya sabemos que este TC es una tercera Cámara, y como tiene mayoría de derecha no me cabe duda que si el Presidente y los diputados de derecha van al TC, el TC les va a dar la razón”.

Artículo de Miriam Leiva

Fuente: La Tercera