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Este miércoles se cumplen dos años desde que entró en vigencia la Ley de Inclusión Laboral, que establece la contratación de personas en situación de discapacidad (PcD) en empresas y organizaciones del Estado.

La normativa, que vio la luz en el gobierno de Michelle Bachelet, establece que aquellas firmas públicas y privadas con más de 100 trabajadores, deben reservar el 1% para empleados en situación de discapacidad.

Así también, elimina la regla que establecía que las empresas pagaran a personas con capacidades diferentes un sueldo menor al mínimo.

Aunque, existe la opción para que las empresas cumplan con la legislación a través de “medidas alternativas”, como por ejemplo realizando donaciones o por medio de la subcontratación.

La ley de Inclusión Laboral será evaluada al tercer año, es decir, en 2021, para medir el real impacto de la cuota en el empleo y la eventual mantención o aumento del porcentaje. Luego, esta evaluación se realizará cada cuatro años, en donde los Ministerios del Trabajo y de Desarrollo Social deberán emitir un informe al Congreso, señalando posibles cambios que sea necesario aplicar a la ley.

Sin embargo, este segundo año de su puesta en marcha también es importante, debido a que es el plazo además que tienen las empresas para contratar a personas que se registren con discapacidad o a las cuales se les asigne la pensión de invalidez.

La deuda de las empresas

Según la Fundación Ronda, organización sin fines de lucro que trabaja en este tema, si bien el el Gobierno estimaba en 2018 que se abrirían 26 mil puestos laborales en el sector privado al implementar la Ley, este número aún no se concreta.

Según los últimos datos entregados por la Subsecretaría del Trabajo, al 29 de febrero de este año, poco más de 19 mil personas en situación de discapacidad (19.303) han sido contratadas.

De esta cifra, el 64,58% corresponde a hombres y el 35,31% a mujeres. Esto último, pese a que la última Encuesta Nacional de Discapacidad, Endisc II, se señala que las mujeres con discapacidad en edad de trabajar representan al 24,9% de la población total, mientras que los hombres representa al 14,8% del total, por lo que además se evidencia una brecha de género.

María José Escudero, directora Ejecutiva y cofundadora de Fundación Ronda, explica que “si bien, los cambios han sido progresivos, nos preocupa de sobremanera las últimas cifras entregadas por la Subsecretaría del Trabajo, por que evidencia la gran brecha de participación laboral y desigualdad de género que existe actualmente”.

“Necesitamos con urgencia evaluar y determinar cómo incentivaremos la inserción de la mujer en situación de discapacidad al mundo laboral en el marco de la Ley 21.015”, enfatiza.

Es importante mencionar que, respecto a la ley, la normativa no otorga incentivos para crear ajustes razonables, por lo que en una primera fase esto ha significado un costo extra para quienes han querido hacer de forma íntegra y correcta los procesos, señala Escudero.

Una tarea pendiente

En ese sentido, la ejecutiva de Fundación Ronda valoró a las empresas que han decidido tomar el desafío y la oportunidad que ofrece esta Ley para ir más allá, no sólo contratando a PcD, sino que también han desarrollado proyectos y políticas de diversidad e inclusión.

Aunque, aún hay un gran porcentaje de empresas que se han preocupado solamente de cumplir con lo exigido en la norma o tomado las medidas alternativas. Como también, hay un grupo de organizaciones no menor, que simplemente no cumplió con la Ley, lamentó Escudero.

En Chile, a diferencia de otros países, la ley no contempla el cómo realizar procesos de inclusión laboral efectivos y perdurables en el tiempo.

Por lo mismo, desde Fundación Ronda apuntan a realizar procesos de intermediación laboral o modelo de empleo con apoyo, es decir, que exista la intervención de un especialista, como un Terapeuta Ocupacional, que pueda evaluar el puesto de trabajo, la Accesibilidad Universal del entorno, las competencias requeridas para el cargo y así asegurarse que el perfil sea el adecuado para el puesto ofrecido.

Desde la organización explican que es fundamental ampliar el foco de implementación e intervención de la ley a todo Chile, que se modifique la tipificación de multas para esta Ley y que la sociedad genere conciencia para que las personas en situación de discapacidad dejen de ser vistas como sujetos de caridad y lástima.

Fuente: BíoBíoChile