Transtecnia

Pese a que se viene implementando desde 2014 y empieza a operar en plenitud el próximo año, las nuevas medidas de la reforma tributaria siguen generando polémica.

Vigente desde enero de este año, las empresas realizarán en abril del próximo año el primer pago del “impuesto verde” a las emisiones contaminantes producidas por fuentes fijas, correspondiente a la medición que se hizo en este ejercicio.

Se trata de un gravamen a las emisiones de material particulado (MP), óxidos de nitrógeno (NOx) y dióxido de carbono (CO2) de fuentes productivas, cuyas calderas o turbinas, individualmente o en conjunto, sumen una potencia térmica igual o mayor a 50 megavatios térmicos (Mwt).

Sin embargo, ad portas de que ello ocurra la agroindustria ha realizado una arremetida para intentar revertir lo que ellos califican como un “duro golpe” para el sector. Chilealimentos, gremio que reúne y representa a empresas de alimentos elaborados y compañías de maquinaria, equipos y de servicios relacionadas con el procesamiento de los alimentos, ha enviado distintos reclamos -siendo el último de ellos de agosto- a Contraloría, apuntando posibles irregularidades en el reglamento y las resoluciones de impuestos verdes que ha dictado Medio Ambiente.

Apuntan que si bien en un inicio se afirmaba que el objetivo era mitigar la emisión de contaminantes, en la práctica tendría en el caso agroindustrial un fin netamente recaudatorio.

Juan Manuel Mira, director de Chilealimentos, afirma que se ha ignorado que la agroindustria es estacional y que produce tres a cuatro meses en el año. “Hoy, por ejemplo, una empresa que tiene una capacidad de generación de vapor equivalente a 45 Mwt los 12 meses del año, no pagarían impuestos, pero una empresa agroindustrial que ocupa 60 Mwt solo tres meses, sí deberá pagar. Adicionalmente, una medida de esta forma genera un límite al crecimiento de la agroindustria que requiere expandir sus volúmenes de producción para competir internacionalmente, en donde cada vez la escala de producción es más relevante frente a la competitividad de costos y economías de escala”, dijo.

Según el gremio, la producción agrícola ligada a la agroindustria a la que se pretende aplicar el impuesto verde reduce 1,9 millones de toneladas de CO2 anualmente y el impuesto calculado por el Ministerio de Hacienda para estas actividades equivale solo a 352 mil toneladas de CO2. Así, afirman que el efecto neto de la agroindustria y la agricultura es favorable al medioambiente.

Entre las empresas afectadas del sector están Sugal Tilcoco, Carozzi, Sugal Talca, Iansagro y Orafti.

Para tratar de llegar a un acuerdo, el gremio sostuvo conversaciones formales con Hacienda y Medio Ambiente. Sin embargo, no hubo resultados satisfactorios o cambios a las reglas.

Fuente:  Economía y Negocios