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Estamos en pleno febrero y la discusión en torno al proyecto de reforma al sistema tributario que propuso el gobierno del Presidente Sebastián Piñera entró en receso. A principios de mes se realizaron reuniones entre los técnicos del Gobierno y la oposición buscando acercar posiciones, encuentros que se retomarán a fines de febrero. ¿El objetivo? Alcanzar un acuerdo que permita aprobar la idea de legislar el proyecto una vez que el Congreso retome sus actividades en marzo.

Mientras esto ocurre, otros actores de la sociedad civil han puesto el pie en el acelerador durante las últimas semanas, buscando elaborar una serie de propuestas que permitan mejorar el proyecto del Ejecutivo de cara a la discusión, que se avizora compleja.

Ejemplo de esto es la intención que han tenido cinco gremios profesionales de unirse exigiendo modificaciones a la actual legislación, y rapidez en la discusión del proyecto que está en el Parlamento. Con este objetivo, se unieron el Colegio de Contadores, encabezado por primera vez por una mujer: Mónica Pérez; el Colegio de Ingenieros de Chile, y su presidente Arturo Gana; el Colegio de Constructores, liderado por José Miguel Correa; el Colegio de Abogados de Chile, dirigido por Arturo Alessandri y el Colegio de Arquitectos, representado por su past president, Alberto Texido.

En paralelo, el gremio de Contadores elaboró un documento con planteamientos técnicos en el que exigen la existencia de un solo sistema tributario 100% integrado, eliminando la coexistencia de dos regímenes (atribuido y semiintegrado) como es en la actualidad. “La operatividad de estos dos sistemas se hace engorrosa y con alto costo económico, para el fisco en su fiscalización y para los contribuyentes en su ejecución”, advierte Mónica Pérez.

Y aunque asume que la medida conlleva un perjuicio para las arcas fiscales, desde la entidad gremial consideran de “toda injusticia” que se quiera financiar la menor recaudación con el aumento de cinco puntos porcentuales en el Impuesto Global Complementario (IGC), pasando de una tasa máxima de 35% a 40%, sin generar antes un cambio en la estructura de los tramos. ¿Qué proponen? Estudiar una actualización de la tabla del IGC, “con el objetivo de que sea más justa y equitativa”. Según explican en el documento, se podría subir el gravamen a 40% en el tramo mayor, pero aumentando el piso de ingresos a $120 millones anuales. Actualmente, la tasa más alta llega al 35% y la deben cancelar quienes reciben ingresos que superan los $69 millones anuales.

Ampliación de plazo para presentar declaración de renta de primera categoría

Otra de las banderas que está levantando el Colegio de Contadores es la necesidad de ampliar el plazo para la presentación de la declaración de renta de los contribuyentes de primera categoría (rentas del capital y de las empresas) en la próxima Operación Renta 2019. Desde la entidad gremial proponen un calendario que tenga como plazos el 30 de abril para la presentación de declaraciones juradas, el 30 de mayo para que el SII las revise y notifique eventuales modificaciones, y el 30 de junio para presentar el formulario 22. “Esto ayudará significativamente a abaratar costos, simplificar el proceso de operación renta y no se produce un perjuicio fiscal”, dice el documento.

Según Mónica Pérez, lo ocurrido el año pasado con la presentación de las declaraciones juradas exigidas tras la reforma del gobierno de Michelle Bachelet “fue una bomba atómica (…), los contadores estábamos colapsados por un sistema nuevo y desconocido”. Por esta razón, quieren evitar que este año se repita el mismo fenómeno. “Hoy tenemos una gran presión, sobre todo con las sociedades anónimas. Tenemos que entregar los balances, que los accionistas nos den el visto bueno, y recién empezar a hacer las declaraciones juradas para cada uno de los accionistas. Para todas las personas que tributan en primera categoría necesitamos más tiempo”, asevera.

En todo caso, aclaran que respecto de la declaración de renta de los contribuyentes de segunda categoría (trabajadores dependientes e independientes), plantean mantener los plazos normales, es decir, con fecha límite para su presentación el 30 de abril de este año.

Simplificación e incentivos para las pymes

El proyecto del gobierno pretende crear la llamada Cláusula Pyme, mecanismo que vendría a reemplazar al artículo 14 ter actual. Desde el Colegio de Contadores aseguran que no es necesaria la eliminación del actual mecanismo, pero sí hay que realizarle algunas mejoras. Una de las propuestas es que las empresas pequeñas y medianas paguen impuestos respecto del global complementario y no por el impuesto de primera categoría “permitiendo que los PPM (Pagos Provisionales Mensuales) sean calculados en base a los impuestos personales de los socios, según las tasas con las que se afectaron”, señalan.

El gobierno propone además que las pymes con ingresos hasta 10.000 UF quedarán liberadas de llevar contabilidad y de toda fiscalización del SII si es que optan por tributar en base a los márgenes de su industria. Incluso, las que tengan ventas por hasta 50.000 UF, podrán acceder a una propuesta de declaración de impuestos del SII. Sin embargo, en el documento de los contadores se plantea que la propuesta del SII se base en la realidad de cada contribuyente, caso a caso, y no en una estimación como indica el proyecto. “El SII está en condiciones de confeccionar una propuesta real en base a las cifras que posee, más la información que actualmente pide a los contribuyentes en las distintas declaraciones juradas. Con dichos datos el resultado o la renta líquida imponible está preparada en un 96%”, según el texto.

Sin embargo, Pérez cree necesario que se exija que todas las pymes lleven, de todas maneras, un balance en paralelo. “Las instituciones financieras piden un balance, independiente de la tributación de las pymes. Además, muchos están arrepentidos de haberse acogido al 14 ter porque tributan sobre las ventas (ingresos) y las compras, pero hay muchos gastos que no están incluidos: los arriendos, gastos generales que son necesarios para generar la renta, etc.”, señala.

Los cinco gremios creen prioritario que en marzo se apruebe la idea de legislar el proyecto tributario.

Artículo de Carlos Agurto L.

Fuente:  Economía y Negocios  – El Mercurio