Transtecnia

Patricio Meller tiene una mirada crítica del comportamiento de la empresa privada durante las últimas décadas. Principalmente con el precio que se cobra en Chile por varios productos, que en general son más elevados en comparación a otros países del mundo. Un ejemplo de eso son los valores de los medicamentos. En este punto, el director de proyectos de Cieplan y profesor del Departamento de Ingeniería Industrial de la Universidad de Chile, propone liberalizar la importación de estos productos y abrirla para que lo puedan comercializar también supermercados y otros lugares. Plantea además la necesidad de cambiar la Constitución. “No podemos seguir funcionando con algo que está obsoleto”

¿Cuál es el diagnóstico que usted hace de este malestar social?

-Para entender el foco de lo que está pasando hay que centrarlo en lo que se llamó la gran marcha de Santiago, que reunió a 1,3 millones de personas. En ese encuentro no había banderas políticas, no había líderes, la gente salió espontáneamente a las calles a protestar y, al mismo tiempo, fue súper pacífica, lo que hace ver que hay un potencial de energía que quiere un futuro conjunto.

¿Y cómo se aterriza lo que está pasando?

-Para entender lo que está pasando en Chile es interesante analizar lo que pasó en Francia con los llamados chaquetas amarillas, ya que ese movimiento tiene bastante similitud. Se habla de varias crisis, al menos tres. La primera que se menciona es la crisis del poder adquisitivo que explotó con el aumento del pasaje del metro, que afecta desde la clase media a la baja. La segunda crisis es de representatividad política, lo que se traduce en que los que deciden son la élite política tecnocrática, a la cual “le falta calle”. Ellos deciden lo que es mejor para el pueblo, pero sin preguntarle a ellos. Un ejemplo de eso y que generó molestia fueron los dichos de los ministros que llamaron a regalar flores, levantarse más temprano o hacer bingos para arreglar colegios. Es una total desconexión de los que están tomando las decisiones. Y la tercera crisis es de inseguridad social debido a que la clase media y baja están sujeta a muchos imprevistos que no controlan como el empleo, la salud o accidentes, y esto asociado ahora con lo bajas que son las pensiones.

¿Considera que, durante los últimos años, los políticos en general se fueron alejando de la ciudadanía y por eso cada vez menos gente participa en los procesos electorales?

-Las personas quieren que la élite los escuche. Hasta ahora los políticos han sido los únicos que han hablado, y en esto el Presidente es el campeón. Tiene que ver con el sistema democrático. Se ha puesto en conflicto la democracia representativa con la participativa. Necesitamos la mezcla de ambas.

Algunas de las principales consignas que hay en las manifestaciones apuntan a que se debe cambiar el modelo económico del país, ¿el problema actual tiene que ver con el sistema que rige en Chile?

-Debemos empezar a ver qué es lo que ha hecho el modelo económico en Chile. Y lo que ha hecho es transformar a la sociedad en enclaves económicos. Vivimos en un club, separados. La democracia debe servir los intereses de la mayoría. El modelo se ha focalizado excesivamente en maximizar el excedente a los productores en desmedro de los excedentes a los consumidores. Se pensó que esta economía de mercado de lo que trata es proteger a los empresarios, para que tengan mayor rentabilidad y eso genera mayores recursos para invertir, lo que a su vez genera mayor crecimiento y empleo. Esa es la mirada capitalista del siglo 19. Pero el mundo no funciona así y por ello se debe hacer algo.

¿Por qué cree que no se vio antes este malestar?

-Desde 1990 en adelante estamos viviendo en un mundo global y eso significa que los precios en que se comercializan los productos en Chile no pueden ser mayores a los que hay en el mundo. Y ahí lo que sale a la luz inmediatamente es en el precio de los medicamentos. Los gerentes de las tres cadenas farmacéuticas podrán dar varias explicaciones, pero no son válidas, los precios deben guiarse por un solo valor mundial, entonces ¿por qué está pasando esto?. Una forma de resolverlo es abrir las importaciones de medicamentos, que los supermercados puedan importar medicamentos, que uno pueda comprar remedios por Amazon. Liberalizar la importación y que las farmacias no tengan el monopolio de vender remedios. Este gobierno, y los anteriores, no han hecho nada por resolver el problema del precio de los medicamentos. Cualquier diferencia de precios que haya entre el precio local y el mundial significa que el empresario de aquí se está aprovechando de los consumidores. Esto vale para las farmacias, bancos, isapres, AFP y otros.

¿Faltó que los gobiernos de la Concertación y la clase política en general leyeran mejor lo que la ciudadanía estaba demandando?

-Había que fortalecer las instituciones que se preocupaban de velar porque haya competencia en los mercados, en el ítem colusiones, por ejemplo, la Fiscalía Nacional Económica. Los gobiernos anteriores fortalecieron el Sernac, pero el actual gobierno lo debilitó. Lo que pasa es que las personas que ponen a cargo de estas instituciones no les interesa proteger a los consumidores, y los superintendentes, especialmente de la banca e intermediarios financieros, no han hecho su trabajo. Un caso extremo es el precio de los pasajes: ¿por qué hay distintos precios dependiendo de si el pasaje lo compré 60, 30 o 15 días antes, qué explicación hay, qué justificación económica hay, cuánto cambia el costo del viaje? Nada. Ese tipo de aprovechamiento es bastante molesto. Además, por qué las empresas grandes no pagan en el plazo que corresponde a 30 días a sus proveedores pymes. Y en lugar de pagar en el plazo, utilizan el capital de trabajo del proveedor. Ahora las empresas están diciendo que van a pagar a 30 días, cuando tendrían que haberlo hecho antes. Esto no es una cuestión de voluntad. Las empresas grandes debieran pagar intereses a sus proveedores por el crédito que obtienen al pagar a 60 y 90 días.

Uno de los puntos que se ha discutido en esta coyuntura es regular de mejor manera a las empresas que entregan servicios básicos, como luz, agua, salud… ¿Es un punto a mejorar?

-Estas empresas están obteniendo utilidades sobre normales, y por ello hay que regularlas. En los servicios básicos actualmente se están garantizando utilidades del 10%. ¿Alguna persona recibe hoy un 10% real por sus depósitos? Actualmente a qué empresa se le puede asegurar una rentabilidad así. Se deberían cambiar los contratos, porque se hicieron en otra época, se deben readecuar al mundo global de hoy.

¿Cómo se sale de esta crisis social?

-Debe haber medidas de corto y largo plazo. Si quiero apuntar a los problemas que afectan a todos en el corto plazo se deben bajar los medicamentos e igualarse a los precios internacionales. Y eso se hace abriendo las importaciones y preferentemente a supermercados y casas comerciales. No se hace diciéndoles a las farmacias ‘bajen los precios’, si no lo han hecho antes, ¿por qué lo van a hacer ahora? Luego, con lo que se hizo con las tarifas eléctricas de congelar los precios es la ocasión de pasar a sincerar esa industria y que las rentabilidades en Chile sean iguales que en otros países. Lo mismo para el agua, concesionarias, entre otras. Otra medida de corto plazo: si las tasas de interés ahora están más bajas, por qué no se traspasa esa baja de manera instantánea a los créditos hipotecarios y otras deudas de los consumidores. Todas estas son medidas de corto plazo.

¿En las medidas de corto plazo también está el mejorar las actuales pensiones de los jubilados?

-Las propuestas del gobierno para pensiones y salario mínimo se ven bien para el corto plazo.

¿Y cuáles serían las medidas de largo plazo?

-Para resolver la crisis de representatividad se debe cambiar el contrato social, la Constitución. Se deben cambiar las reglas del juego para tener un futuro ordenado. Estamos en 2019, la Constitución es de 1981. Ahí no se anticipaba nada de los avances tecnológicos que tenemos ahora; las demandas sociales de los chilenos de ahora son muy diferentes a las de 1981. Se debe actualizar. No podemos seguir funcionando con algo que ya está obsoleto.

¿Por qué no se partió antes con todos estos cambios?

-La respuesta es muy simple. La Constitución de 1981 se hizo bajo dictadura. Se armó con distintos entramados para que no cambie nada; preservar el statu quo. Hay quórums calificados muy altos y si eso falla, está el Tribunal Constitucional. Está todo armado para que nada de fondo cambie. El poder para hacer cambios de fondo está más concentrado que la riqueza. Entonces para que se hagan los cambios de fondo debe haber una nueva Constitución. No tengo claro el mecanismo, pero se pueden mirar las experiencias de otros países, especialmente europeos.

El gobierno está rediseñando su reforma tributaria. Considerando que varios de los cambios que se deben hacer requieren de gasto público, ¿cuál sería la mejor fórmula para financiarlo?

-Se debe subir el impuesto a los ingresos, de manera pausada, ver el esquema de financiamiento de los países de la Ocde. Las personas que poseen mayores ingresos tienen una cuota de responsabilidad mayor: los que tienen más, que paguen más. Se debe estudiar si es solo impuesto al ingreso o al patrimonio, o ambos. El anuncio que hizo el Presidente de un tramo del 40% a las rentas sobre 8 millones de pesos es marginal, porque se debe llegar a una carga tributaria y a un tamaño del Estado superior para tener recursos que satisfagan las demandas ciudadanas.

¿A las empresas no?

-No, no se deben subir los impuestos a las empresas. Ellas tienen que ser competitivas y no puede tener un gravamen más alto de lo que es a nivel mundial.

El gobierno anunció que no seguirá adelante con la integración del sistema tributario y que analizarán fórmulas para beneficiar a las pymes, ¿le parece una buena decisión?

-Sería bueno ver rápidamente el funeral de la reintegración. Al mismo tiempo hay que discutir las medidas para beneficiar a las pymes. En mi opinión, hay que legislar rápido el pronto pago a las pymes proveedoras por parte de las grandes empresas.

En cuanto a la carga tributaria, ¿con qué países nos debemos comparar?

-El tamaño del Estado, en los países escandinavos es del orden del 50% del PIB; en Francia y Alemania, del 40% del PIB; en EEUU, del 30% del PIB, y en Chile, 20% del PIB. Si se quiere avanzar a un estado de bienestar mayor se debe elevar, pero no puede hacerse de un día para otro, sino que debe haber una programación, una hoja de ruta para que se equilibre el presupuesto fiscal a un nivel de gasto social mayor. Chile podría aumentar al 30% del PIB, pero no tiene que ser en un año. Esta no es una desigualdad solo de ingresos, sino que de poder, de justicia, y la gente no quiere esperar hasta 2050.

Artículo de Carlos Alonso

Fuente: La Tercera