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Controversia apunta a norma de intercambio automático de información, que obliga a bancos a entregar al SII saldos y captaciones de no residentes. Expertos plantean necesidad de fijar en la ley un procedimiento justo de traspaso que evite arbitrariedad.

Una modificación tácita de la Ley General de Bancos (LGB), en lo que se refiere a la protección de secreto bancario de depósitos y captaciones, es lo que considera un proyecto de ley misceláneo en temas tributarios que hace dos semanas ingresó el Ministerio de Hacienda a la Cámara de Diputados.

La iniciativa que busca reforzar el combate contra la elusión y evasión, propone ajustar el Código Tributario a las normas vigentes contempladas en el MAAT (Convención sobre Asistencia Administrativa Mutua en Materia Fiscal) y en el CRS (Common Reporting Standard), para que los procesos de intercambio de información que efectúe el Servicio de Impuestos Internos (SII) con el resto de autoridades tributarias, cumpla con dichos estándares internacionales. Esto obliga a los bancos a remitir al fiscalizador información respecto de cuentas bancarias como saldos, valores y rentas pagadas que extranjeros tengan en el país. Por su parte, el SII va a poder obtener información de contribuyentes chilenos en el exterior.

Para ello el proyecto de ley modifica el artículo 62 de la normativa tributaria, disponiendo que para el traspaso de este tipo de datos no se deberá aplicar el procedimiento regulado en dicha norma y en el artículo 62 bis. Es decir, no se requerirá autorización judicial para que las instituciones financieras entreguen al SII información sujeta a reserva o secreto bancario. Tampoco será necesario notificar al titular de la cuenta y no se contempla una instancia de oposición por parte del contribuyente.

Fuentes de Gobierno explican que el proyecto de ley apunta a información sujeta a reserva y no a secreto bancario. Precisan que sobre los datos de reserva pesa un sistema menos intenso de protección. No obstante, los expertos estiman que se apunta al secreto bancario.

Rodrigo Benítez, socio de la auditora BDO, recuerda que la Ley de Bancos protege con secreto bancario a los depósitos y captaciones y en este caso el proyecto modificaría esta norma, obligando a las instituciones financieras a entregar esta información al SII, no estableciéndose en la ley un procedimiento justo para el traspaso. La iniciativa del Ejecutivo faculta que Impuestos Internos, a través de una resolución, determine la forma, plazo y condiciones de la entrega de información.

“Estamos ante un conflicto de dos bienes jurídicos protegidos, el derecho a la privacidad y la igual repartición de las cargas públicas y el correcto funcionamiento de la potestad tributaria del Estado. Para resolverlo, se debe regular detallada y precisamente la forma y procedimiento de entrega de esta información, su tratamiento y su uso de manera que sea utilizada para los fines a los cuales se entregó y se resguarde la reserva o confidencialidad de la información así obtenida”, plantea Benítez.

Cristián Mena, socio en Recabarren & Asociados, coincide en que el proyecto elimina completamente la reserva bancaria vigente e incluso, no contempla una etapa procesal de notificación y oposición del interesado, por lo que cree que “es necesario legislar un procedimiento equilibrado entre el estándar internacional en la materia y la normativa chilena vigente por años en el país, para lograr una correcta aplicación”.

Marcelo Muñoz, socio de Salcedo y Cia, advierte, asimismo, que la modificación propuesta “podría generar algún tipo de desigualdad entre las personas que residen en Chile y que están protegidas por el secreto bancario, teniendo un tratamiento distinto respecto de personas que tienen cuentas en Chile y residen en otra jurisdicción, sobre las cuales recaería el traspaso de su información sin notificación”. Añade que con la norma también podría vulnerarse el derecho a la privacidad consagrado el artículo 19 N°2 de la Constitución.

La iniciativa del Ejecutivo iba a ser votada esta semana en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, sin embargo, se postergó porque la oposición pidió más debate. “El cambio al artículo 62 del Código Tributario nos interesa revisar con mayor profundidad, pedimos algún nivel de profundidad mayor para poder votar”, dijo el diputado Javier Macaya (UDI).

Artículo de Juan Pablo Palacios

Fuente: Pulso