Transtecnia

Es una voz autorizada. No solo porque dirigió el Servicio de Impuestos Internos (SII) entre 2006 y 2010 (durante la primera gestión presidencial de Michelle Bachelet), sino porque antes, durante y después ha sido uno de los abogados tributaristas más requeridos de la plaza. Además, fue asesor de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC) durante la discusión de la reforma tributaria del segundo gobierno de Bachelet. Fue (y es) un crítico severo de esa reforma.

También ha tenido una participación política activa en el Partido Ciudadanos somos Todos. Renunció a esa colectividad tras la crisis de las recientes elecciones electrónicas, aunque como comenta en el siguiente tuit, piensa que el partido está políticamente “muerto” y que su líder, Andrés Velasco, “perdió el rumbo”.

Desde que el Gobierno de Sebastián Piñera anunció el proyecto que reforma el sistema tributario, Ricardo Escobar ha trazado números y llegado a conclusiones. Tiene una copia de la iniciativa con infinidad de anotaciones. En esta Entrevista en Pauta, el socio del estudio jurídico Bofill, Escobar y Silva plantea que la modernización propuesta por el Ejecutivo va en la dirección correcta, pero tiene objetivos que no cumple del todo, como la simplificación tributaria, u otros cuyo diseño no parece bien balanceado, como el fortalecimiento del contribuyente frente al SII.

Asimismo, cuestiona que sea la Corte Suprema la que en determinadas ocasiones termine sancionando materias tributarias, y sospecha de los motivos por los cuales el Gobierno no incluyó su propuesta de impuestos digitales en la Ley de la Renta.

El diseño legal de los impuestos digitales: es una solución “un poquito ingenua”

En la mayoría de las reformas legislativas que se discuten en el Congreso, se trata de proyectos que modifican leyes ya existentes. Así, por ejemplo, buena parte de la discusión de modernización tributaria propuesta por el Ejecutivo propone cambios a la Ley de la Renta, donde se están detallados los impuestos directos que pagan personas y empresas.

Sin embargo, en este caso el Gobierno propone una tasa de 10% en los denominados impuestos digitales, que se cobrarán a plataformas cuyo contenido se realice por streaming, como Netflix, o bien provea servicios a distancia de arriendo, como Airbnb o Booking. Mediante estos gravámenes, Hacienda prevé recaudar sobre US$ 250 millones anuales en régimen.

Cómo se pagarán los impuestos por usar Netflix y Spotify

Para Ricardo Escobar, existe un problema evidente en el diseño de la iniciativa, dado que el nuevo tributo no queda incorporado en la Ley de la Renta pese a que quien debe pagar el gravamen es la empresa proveedora del servicio.

“Lo que hacen acá es ‘mire, el que paga, que normalmente son sistemas electrónicos (banco, MasterCard, Visa), ellos retienen por las cuentas de todas las personas y le pagan el impuesto por Spotify a Suecia. El problema es que con Suecia tenemos un tratado de doble tributación”, afirma. “A mí me suena que es una renta empresarial que se llama Spotify que hace toda su actividad en Suecia y si le está dando un servicio desde Chile, no veo por qué tiene que pagar impuesto”.

Los desafíos globales que traerán los nuevos impuestos a los servicios digitales

Escobar dice que las autoridades suecas, en este caso, perfectamente podrían reclamar que no corresponde que la autoridad tributaria chilena cobre un impuesto de una firma establecida en Suecia. El abogado no tiene otra explicación plausible de por qué Hacienda buscó dejar este impuesto en este articulado en vez de alojarlo donde debería, que es en la Ley de la Renta. “Si es así, [la razón] la veo un poquito ingenua, un poquito näive”.

FUT sobreviviente y un sistema engorroso

“En términos relativos, cuando uno compara este proyecto versus el anterior, es bastante más simple si esto se aprueba. Creo que todavía se puede hacer más, pero sin duda en el año 2014 y 2015 terminamos en Chile con un régimen extremadamente complejo, con un requerimiento de dedicación y de estudio muy alto para la gestión del tema tributario tanto para asesores externos como para gente dentro de las empresas de una complejidad bastante superior. Innecesariamente complejo para mi gusto”, aprecia el exdirector del SII respecto de cuánto simplifica la iniciativa del Gobierno el esquema tributario dejado por el gobierno anterior.

Recuerda que uno de los principales objetivos de la reforma anterior era terminar con el FUT, pero en “realidad no terminaron con el FUT”.

“El FUT es un sistema en el cual el impuesto de la empresa se rebaja del impuesto que tienen que pagar los dueños al final, en un 100%”, explica Escobar. La reforma de Bachelet mantuvo el crédito al final, pero en vez de ser un 100%, quedó en 65%. “El sistema en el fondo es lo mismo, pero con un poco menos de crédito. Pero para controlarlos se inventó un sistema extremadamente complejo que no creo que agregue mayor seguridad, recaudación o menor evasión por su complejidad, simplemente lo hizo más difícil para lograr algo relativamente parecido”, cuestiona el abogado.

El problema, como dice a continuación, es que la propuesta de Piñera “mantiene un sistema muy extraño de control de patrimonios que es innecesario, que obliga a generar una contabilidad separada solo para efectos tributarios. En esa parte se simplifica, porque eliminaron varios de los registros, pero podría haber sido más”.

“Dejen un ratito la ideología de lado, hagan los números”

De los cálculos obtenidos sobre la recaudación de la reforma en vigencia, la mayor parte la estarían pagando las personas que ganan menos. “Se suponía que el sistema semiintegrado iba a ser para los ricos. Pero resulta que al final hay 150 mil empresas pequeñas que terminaron dentro del sistema. Se están pagando alrededor de US$ 800 millones dy de esos, US$ 600 millones lo están pagando un grupo de gente que no se quería”, critica Ricardo Escobar.

“El diseño quedó malo: se apuraron, hicieron una negociación política, ignoraron los elementos técnicos”, agrega. Por ello, conmina a los políticos de todos los sectores a que “dejen un ratito la ideología de lado, hagan los números y hagan un buen diseño”.

“La renta presunta cada vez se justifica menos”

Uno de los regímenes de tributación que la reforma no modifica es el de la renta presunta. Se trata de un mecanismo especial que permite a empresas menores del sector agrícola, de transportes y minero calcular sus gravámenes sobre parámetros diferenciados del resto de los sectores económicos.

“La renta presunta cada vez se justifica menos. Es muy poca la empresa que no está en condiciones de enfrentar una tributación simplificada como la que ha habido en el artículo 14 ter o parecido. Yo creo que la renta presunta era de una época previa. Probablemente solo se sigue explicando por el lobby de las empresas agrícolas”, sostiene Ricardo Escobar.

El SII frente al contribuyente

Entre los aspectos de diversos tributaristas detectaron respecto de la propuesta del Gobierno es que limita las facultades del Servicio de Impuestos Internos. El tono del mensaje es tan evidente que casi un tercio se destina a justificar ese giro. Uno de los objetivos expresados en ese mensaje es evitar que se den las condiciones que transforman “a quienes deben fiscalizar la aplicación de la ley en verdaderos legisladores particulares”.

Para Ricardo Escobar, esta evidente restricción de las facultades del SII responde a una “reacción pendular” a otro momento en que el servicio tuvo mucho poder. El problema, señala, es que parece haber aquí un “sobrediseño”. Emplea para ello una imagen literaria: hoy cada contribuyente es como una “hormiga” frente al SII que parece un elefante. Resulta clara la comparación. Sin embargo, ¿qué pasa cuando el mismo elefante se enfrenta a 1,2 millones de hormigas?

“Uno ve en este proyecto una serie de normas todas las cuales son individualmente que pueden tener sentido. Tiene sentido que las fiscalizaciones una vez que se inician [y] no se terminan, pongámosle un plazo. Tiene sentido que si uno pregunta no pase y pase el tiempo sin que no respondan. Tiene sentido aclarar la norma que se estableció hace unos años. Tiene sentido poner un defensor de los contribuyentes, pero cuando uno pone todas esas cosas juntas a la vez, la fuerza es muy grande”, razona.

Ante ello, la figura del defensor del contribuyente, tal como aparece en la propuesta, no pareciera, a su juicio, responder al mejor modelo posible. Lo compara con la experiencia mexicana, donde la misma figura está incluida en la estructura orgánica de la autoridad tributaria.

Fuente:  Departamento de Estudios Transtecnia