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Las compañías de seguros estaban atentas a las indicaciones que presentaría el gobierno en la reforma tributaria, pues el 8 de abril el Ministerio de Hacienda ya había adelantado que una de las posibilidades era gravar con un impuesto a la renta los retiros o rescates efectuados desde un seguro de vida con ahorro, tal como ocurre con otros instrumentos financieros.

La propuesta que presentó ese día el ministro de Hacienda, Felipe Larraín, en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, era sólo una de varias medidas que puso sobre la mesa el Ejecutivo para poder llegar a un acuerdo con la oposición y compensar la reintegración del sistema, iniciativas que en total habrían sumado una recaudación de US$471 millones.

Sin embargo, el gravamen a los seguros con ahorro finalmente no fue incorporado en las indicaciones que ingresó el oficialismo el miércoles pasado, donde la propuesta de compensación por la reintegración sumó US$406 millones.

Desde el gobierno explicaron que en abril se propuso un set de alternativas, pero sólo habrían sido opciones que se estaban evaluando, por lo que en las conversaciones posteriores con la Democracia Cristiana (DC) la definición fue no incluir este tributo.

¿Por qué descartaron esta medida y continuaron con el resto? El compromiso del Ejecutivo era llegar a una compensación de US$400 millones, y se habría optado por las medidas que fueran más progresivas, es decir, que apuntaran a los más ricos, mientras que los seguros con ahorro también son contratados por la clase media, señalan fuentes conocedoras de las tratativas.

Pese a que no fue incluido en esta ronda de negociación, de todos modos el gobierno no descartaría incorporarlo más adelante si vuelve a surgir el tema en la discusión.

La propuesta de la cartera de Hacienda presentada en abril calzó justo cuando se cumplían unos tres meses desde que las aseguradoras acudieron a tribunales, esto por la polémica que desató el anuncio del Servicio de Impuestos Internos (SII) de cobrar impuestos a la rentabilidad de los seguros de vida con ahorro, donde las compañías pidieron una orden de no innovar acusando un cambio de criterio del SII.

De este modo, la primera impresión de las aseguradoras era que la disputa podría quedar zanjada en la ley y no en tribunales. “No obstante que estamos en desacuerdo con gravar los seguros con ahorro, ya que tiene importantes ventajas para el país al incentivar herramientas que protegen a las familias chilenas, nos parece muy bien que se debata este tema donde corresponde establecer los impuestos, que es en el Parlamento”, dijo José Manuel Camposano, presidente de la Asociación de Aseguradoras de Chile, cuando Hacienda recién comentó la propuesta, hace exactos tres meses.

De hecho, el abogado Alex van Weezel de la Cruz, en representación de las aseguradoras que se hicieron parte de la causa, presentó ante la Corte de Apelaciones el siguiente documento para que la instancia lo tenga presente como antecedente: “Hacia un Acuerdo en el Proyecto de Modernización Tributaria”, presentación que hizo el ministro de Hacienda, Felipe Larraín, el 8 de abril en la Cámara Baja.

El abogado detalló allí que “por medio de dicho documento, el Poder Ejecutivo, a través del señor ministro de Hacienda, propone incorporar al proyecto de reforma tributaria, entre otras medidas, que los retiros o rescates efectuados en cumplimiento de un contrato de seguro de vida con ahorro sean gravados con impuesto a la renta”.

En ese sentido, agrega: “Dicho documento da cuenta de que el órgano colegislador que tiene la iniciativa exclusiva de las leyes que impliquen ‘imponer, suprimir, reducir o condonar tributos de cualquier clase o naturaleza, establecer exenciones o modificar las existentes, y determinar su forma, proporcionalidad o progresión’, estima que es necesaria la dictación de una ley para gravar con impuesto a la renta los mencionados retiros o rescates”.

En total son tres frentes los que tiene la causa. Por un lado, están las aseguradoras que presentaron inicialmente el recurso de protección: Security, Confuturo, Sura, y Chilena Consolidada, quienes son defendidas por el abogado Raúl Tavolari.

El segundo frente lo lidera el abogado Alex van Weezel de la Cruz, con las compañías de seguros que más tarde se hicieron parte de la causa: Consorcio, Principal, Metlife, Bice, y Ohio National.

El tercer frente lo lleva el abogado Andrés Tavolari, quien representa a un grupo de personas naturales, pero el resultado regirá para todos aquellos que tengan contratados estos seguros, que al cierre del año pasado eran cerca de 272.000 asegurados.

Artículo de Mariana Marusic

Fuente: La Tercera