El sobreendeudamiento de la población se agravó durante la crisis sanitaria derivada del Covid-19. Así lo plantea el proyecto (boletín 14888) que analiza la Comisión de Economía y que busca limitar el uso de datos financieros de deudores.

La moción, también conocida como “Chao Dicom”, tiene por objeto establecer una regulación especial y excepcional del tratamiento de ciertos datos personales. En concreto, busca establecer la prohibición de utilización por los responsables del registro o banco de datos, de proporcionar la información sobre deudas impagas hasta el 30 de abril de 2022.

Esto se aplicaría a los distribuidores de información de carácter económico financiero, bancario o comercial. Además, dispone la obligación de eliminar de estos registros los datos relativos a obligaciones exigibles e impagas inferiores a $2.500.000. Este monto considerado por concepto de capital, excluye intereses, reajustes o cualquier otro rubro.

La norma establece multas por incumplimiento, a beneficio fiscal, de 1.000 hasta 2.500 UTM ($56.700.000 a $141.900.000 app), previo requerimiento del titular de los datos.

Economistas y Banco Central

Para analizar la propuesta, la comisión recibió a José De Gregorio, exministro y actual decano de la Facultad de Economía de la Universidad de Chile. En su intervención destacó el riesgo que puede significar una medida como esta en la posibilidad de acceso a créditos. Ello afectaría tanto a las personas deudoras como a quienes no lo son.

Por esto, insistió en la necesidad de crear un consolidado de deudores que no solo incluya la banca, sino también al retail. Aseguró que, una norma como está, aunque busca apoyar a las personas más afligidas, afectaría a muchos más.

Una opinión compartida por el economista Gonzalo Escobar. En su exposición agregó que los mejores clientes accederán con una mayor tasa de interés, al igual que los morosos, pudiendo agravar su condición financiera.

También estuvo presente en la sesión el vicepresidente del Banco Central, Pablo García. En su intervención puso el énfasis en la necesidad de avanzar primero con el proyecto que crea una Agencia de Datos Personales.

Reafirmó la postura del alza que podría provocar en las tasas de los créditos una medida como esta. Por lo tanto, a su juicio, la solución pasa por una medida que perfeccione el actual marco legal y que sea permanente.

Críticas al boletín comercial

Asimismo, participó en el debate el profesor de Derecho Privado de la Universidad de Chile, José Roa. En su exposición, señaló que, a su juicio, un listado de boletín comercial es un mecanismo de cobranza. “Una medida de apremio no establecida en la ley y con consecuencias que van más allá de lo establecido en la ley”, agregó.

Desde este punto de vista, dijo comprender que la propuesta, lo que pretende, es reducir la disponibilidad de los datos. Esto, considerando la utilización práctica que se le da a esa información.

Planteó que una vía para reducir el posible riesgo de la iniciativa sería establecer, claramente, una temporalidad a su duración.

Quienes integran la comisión acordaron votar en general el proyecto, en la próxima sesión de la instancia.