Cabe recordar que en la jornada de este martes (31 de agosto), el ministro de Hacienda, Rodrigo Cerda, explicó que se retomó el mensaje de la expresidenta Michelle Bachelet, presentado en 2017. Acotó que el texto se complementó con un informe financiero sustitutivo, el 30 de agosto.

Además, se consideran ideas del proyecto presentado en la primera administración de Sebastián Piñera (2013). Agregó que, ahora, una vez aprobado en general, presentarán nuevas indicaciones.

El principal objetivo de la propuesta es dotar al conjunto de las empresas públicas de un marco institucional que les permita enfrentar los desafíos que implica la modernización del Estado.

Para ello, se plantea el fortalecimiento de los gobiernos corporativos de las empresas del Estado como de aquellas en que tenga participación mayoritaria. El objetivo será optimizar su desempeño, maximizar su valor económico y velar por su viabilidad financiera. Y, también, actuar bajo estrictas normas de integridad y cumplir los fines encomendados.

Detalle del proyecto

El proyecto considera dos ejes:

1.- La creación del Servicio de Empresas Públicas y su Consejo, encargados de profundizar la profesionalización e idoneidad de los directorios de las empresas.

Se propone un servicio público descentralizado, de carácter técnico, con personalidad jurídica y patrimonio propio. Este se relacionará con el Presidente de la República a través del Ministerio de Hacienda.

Le corresponderá velar por una gestión eficiente y eficaz de las empresas del Estado y aquellas en que este tenga participación mayoritaria a través del fisco o la Corporación de Fomento de la producción (Corfo), mediante el establecimiento de estándares generales de gestión.

El Consejo tendrá por funciones conocer los planes de desarrollo y negocios elaborados por las empresas. El fin será informar al Ministerio de Hacienda y al respectivo ministerio sectorial para que estos los aprueben.

Además, establecerá normas de carácter general que constituirán estándares en materias de gestión empresarial y de gobierno corporativo. Junto a ello estará el designar y remover directores o directoras de las empresas.

2.- Adecuar leyes orgánicas y normas específicas aplicables a las empresas públicas y sociedades en las que tenga participación mayoritaria el Estado.

Se fijarán disposiciones comunes para su funcionamiento y, en todo lo no contemplado, las empresas se regirán por las obligaciones establecidas para las sociedades anónimas abiertas.

Igualmente, se establecerán normas comunes a los directorios sobre incompatibilidades, deber de abstención cuando se traten materias o resuelvan asuntos en que puedan tener interés.

Finalmente, estarán sujetos a los deberes de diligencia, información y reserva, en conformidad a la Ley 18.046, sobre Sociedades Anónimas.