El análisis de la norma, que complementa la Pensión Garantizada Universal (PGU), estuvo nuevamente marcado por las diferencias entre oposición y oficialismo, que se han ido repitiendo desde el inicio y que tienen al financiamiento como la gran duda en el debate.

Otro de los puntos de tensión fue la aprobación de un nuevo tributo a los denominados “super ricos”, que acaloró el debate. Al respecto, el ministro de la Secretaría General de la Presidencia, Juan José Ossa, hizo reserva de constitucionalidad.

En términos generales, el objetivo de la reducción o eliminación de las exenciones tributarias contempla incorporar a las arcas fiscales recursos por el 0,35% del PIB. Esto se destinará a completar el financiamiento total del proyecto de la PGU, que considera dineros equivalentes al 0,95% del PIB. Según lo comunicado en el primer informe de la Comisión de Hacienda, se espera llegar a un mayor gasto de 4.2 billones al año 2050, cuando el sistema esté en régimen.

Nuevo tributo

En la votación, el grupo parlamentario aprobó un nuevo tributo. Se trata de un impuesto anual sobre el patrimonio de las personas naturales con domicilio o residencia en Chile, cuyos patrimonios superen los cinco millones de dólares o su equivalente en pesos al 31 de diciembre de cada año calendario.

Para efectos de establecer si el patrimonio de una persona natural supera el monto señalado, se sumará el patrimonio de sus relacionados y el patrimonio propio se computará a continuación del de aquellos.

Se consideran como relacionados con una persona natural, su cónyuge o conviviente civil y sus hijos no emancipados legalmente. Estos últimos, por su parte, considerarán como relacionados a sus padres.

“A nuestro juicio y por las razones que se han explicado, no se cumplen las reglas de la Constitución”, remarcó en este contexto el ministro Ossa.

El secretario de Estado insistió en que es una buena medida separar el proyecto de pensiones del de financiamiento, porque lo que se está viendo es “una forma de ir trancando una política pública que necesitan los chilenos”.

Ministro de hacienda

El titular de Hacienda, Rodrigo Cerda, puntualizó que se ingresaron indicaciones que son inconstitucionales. Frente a ello, explicó que esto “obliga al Gobierno a tener que ir al Tribunal Constitucional”.

La autoridad agregó que, en el Senado, les están solicitando la fusión de los proyectos sobre exenciones y PGU. Si eso ocurre, explicó, los chilenos verán retrasados sus pagos, hecho que dijo es parte de sus preocupaciones.

“Lo que pasó en esta sesión no fue un buen paso. Si nosotros como Gobierno tuvimos alguna responsabilidad, lo lamento”, remarcó.

Finalmente, hizo un llamado a llegar a un acuerdo. “Los chilenos ya están esperando demasiado. En ese sentido, estamos acá en el Congreso para conversar, para parlamentar, para llegar a los acuerdos que sean necesarios. “Creo que, hoy día, lo que ha ocurrido, es un retroceso”, sentenció.