La más voluminosa en cuanto al gasto tributario que involucra es el crédito especial a la construcción que implicó US$560 millones en el Informe de Finanzas de 2009. Consiste en un beneficio para que las constructoras puedan deducir el 65% del IVA en la venta de bienes inmuebles por hasta 2.000 UF, con tal de evitar un alza en el precio de las viviendas.

“Se recomienda eliminarlo. Al respecto, se estima que el objetivo de disminuir el precio de las viviendas para determinado sector de la población, puede lograrse mediante otros instrumentos de política pública más efectivos y equitativos”, señala el grupo transversal en forma unánime. Además, sugiere realizar un análisis acabado por quintil de ingresos de los beneficiarios.

Una medida similar se plantea para otros tratamientos especiales, como el eximir del pago de impuesto a las ganancias de capital por venta de bienes raíces, la deducción de intereses de créditos hipotecarios totales (puede ser más de una propiedad), y que las personas rebajen de su base imponible las cuotas pagadas por créditos contratados hasta el 30 de junio de 2001 para la adquisición de DFL 2.

“Vamos a leer este informe en detalle. Hay que ver cuáles exenciones tributarias se justifican a la luz de las necesidades que tiene nuestro país para llevar a cabo sus políticas públicas. Dado que se afectan intereses y esto tiene consecuencias políticas, debemos ser cuidadosos con las opiniones hasta no tener la posibilidad de debatirlo a fondo “, indicó el senador Ricardo Lagos (PPD.

Mientras que su par, senador José García (RN) sostuvo: “Vamos a estudiar este informe con el mayor interés. Tiene propuestas que enfrentarán una amplia discusión política, más allá del consenso técnico; habrá resistencia de algunos gremios. La gradualidad pareciera ser clave en su implementación”.