Según el proyecto de ley enviado ayer, la iniciativa tendría un costo de US$1.100 millones, el que será financiado mediante la eliminación o reducción de un conjunto de exenciones tributarias, entre ellas la exención a las ganancias de capital para aquellas acciones con presencia bursátil, beneficio instaurado bajo la administración de Ricardo Lagos (2001).

El texto propone “gravar el mayor valor obtenido en la enajenación de instrumentos que cuenten con presencia bursátil, con un impuesto único de tasa 5% sobre las ganancias obtenidas. Este impuesto aplicará para todas las enajenaciones que se efectúen a contar de 6 meses desde el primer día del mes siguiente a la publicación de esta ley. Con todo, se mantiene la calidad de ingreso no constitutivo de renta el mayor valor obtenido por los inversionistas institucionales”. Es decir, las AFP, fondos de inversión y compañías de seguros, tanto locales como internacionales mantendrán el beneficio.

Además, apunta que se otorga transitoriamente la opción de considerar como costo de adquisición de los referidos valores, el precio de cierre oficial al 31 de diciembre del año 2021.

Según una minuta de Hacienda, “la Comisión Tributaria recomendó mantener la exención para los Inversionistas Institucionales locales y no residentes. Para los no institucionales, algunos recomendaron aplicar un impuesto único entre 5% y 15%. Un impuesto a las ganancias de capital tiene impacto en el mercado financiero. Sin embargo, una tasa acotada como la que se propone, atenúa los impactos en el mediano plazo, y mantiene un mercado financiero profundo y líquido”.

La recaudación total se estima en $41.246 millones.

¿Qué dice el mercado?

Una primera mirada no le ven un impacto mayor, gracias a que la tasa no es excesiva ni tampoco afectan a los institucionales locales y extranjeros, lo que permitiría mantener niveles relevantes de liquidez y profundidad del mercado bursátil.

Juan Carlos Spencer, gerente general de la Bolsa Electrónica, señala que, en primer término, que “como país debemos subir las pensiones y aumentar el pilar solidario, el objetivo del proyecto de ley es extraordinario”.

Sin embargo, apunta que, “como parte implicada, y viendo la experiencia internacional, poner impuesto a las ganancias de capital en acciones es negativo para el mercado, hay bastante experiencia internacional al respecto”, pero señala que “el tratamiento que se da al proyecto de ley atenúa los efectos negativos. Primero, porque deja fuera a los institucionales y extranjeros, y segundo porque propone una tasa que es adecuada para el objetivo que se tiene, de no producir un impacto negativo en el mercado de capitales y disminuir la liquidez”.

Si bien para este artículo no pudo ser ubicado Juan Andrés Camus, presidente de la Bolsa de Comercio de Santiago, hace casi un año ya anticipaba los inconvenientes de eliminar este beneficio.

Con todo, Spencer advierte que hay una serie de complicaciones. Primero, porque el impuesto sólo se generará en la medida que se vendan acciones con ganancias, pero se puede generar el incentivo a no venderlas para no pagar los impuestos, “por eso estoy en contra de los cálculos que se han hecho”, sostiene.

Y agrega que no está clara la ejecución, pues se establece que el corredor deberá retener el impuesto, pero no está claro si se podrá compensar claramente ganancias y pérdidas, o se hará en la declaración de impuestos de cada año.

“Esto debiera tener una tramitación rápida para disminuir la incertidumbre en el mercado y aclarar este tipo de detalles. Hay varias cosas que perfeccionar y por eso creo que hay que esperar el momento de debatir de si el 5% es mucho o poco”, dice Spencer.

A su juicio, “hay que cuidar el mercado de capitales, porque ayuda a la gente a las personas comunes a financiar sus casas, a que las empresas financien proyectos que crean empleos, es una industria que contrata una cantidad importante de personas y hay que cuidarla”.

Eduardo Muñoz, presidente de Nevasa y vicepresidente de la Bolsa de Santiago, apunta que “se empieza con un 5%, que parece poco, pero el apetito puede ser mayor, y la incertidumbre que se genera a raíz de la discusión puede afectar los precios de los activos, y por tanto los ahorros de las personas y la inversión, así como a la larga los puestos de trabajo”.

Además, agrega que “cuando el presidente Lagos aprobó la eliminación de este impuesto en el MKI, en esa época los flujos del mercado accionario chileno estaban en EEUU y los ADR, perjudicando a emisores e inversionistas, pero la reforma permitió que estos recursos volvieran”.

Por su parte, según Francisco Errandonea, socio fundador de Focus, señala que, por una parte, el proyecto afecta principalmente a los inversionistas individuales, pues deja fuera a los institucionales, pero “como está escrito incentiva a que personas vendan sus acciones en los primeros seis meses”.

“Es probable que el proyecto vaya cambiando en la discusión parlamentaria, pero lo más razonable es que acelere el cambio que mucha gente está haciendo a tener portafolios más diversificados, aunque invertir en acciones chilenas va a seguir teniendo una ventaja tributaria frente a otras opciones”, dice Errandonea.

No obstante, resta por conocer cómo evolucionará el proyecto de ley en el Congreso, pueden modificar aspectos claves que cambiarían la visión del mercado. Como por ejemplo, elevar la tasa impositiva o ampliar o reducir los precios a los cuales pueden informar las personas el valor de los activos.

De hecho, en el programa de gobierno de la pre candidatura presidencial de Ignacio Briones (Evópoli), el ex ministro de Hacienda estimaba una recaudación de US$700 millones con una tasa de 10%.