En la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados está radicada la discusión del principal proyecto de la reforma tributaria. Esta iniciativa que cambia el impuesto a la renta, crea un gravamen para la riqueza, busca un mayor control de la evasión y elusión, y elimina exenciones, recaudará el 77% de los 4,1% del Producto Interno Bruto (PIB) que tiene como objetivo esta propuesta. Durante el debate parlamentario y entre los expertos que han ido a exponer a esta instancia fueron apareciendo algunos reparos al proyecto.

En Hacienda escucharon esas distintas visiones y ya preparan algunas indicaciones. Una de ellas se anunció a mediados de esta semana y apunta a evitar la doble tributación ante el pago de impuestos de empresas en el exterior, mientras que este viernes el propio ministro Mario Marcel detalló cuatro nuevas modificaciones, en un seminario organizado por la Escuela de Gobierno de la Universidad Adolfo Ibáñez.

“Nosotros no estamos todavía satisfechos con los proyectos que están en el Congreso. Estamos en estos momentos trabajando en indicaciones a esos proyectos, y una parte importante de esas indicaciones va a tener que ver con inversión y con productividad”, sostuvo el secretario de Estado.

Los expertos y gremios empresariales recibieron de buena manera esta apertura del gobierno, pero esperan el detalle de las indicaciones para un análisis más acabado.

El primer cambio que informó Marcel tiene relación con el impuesto del 1,8% a las utilidades retenidas en las sociedades de inversión. En este punto, sostuvo que “vamos a cambiar la base de esa tasa, vamos a cambiarla desde las utilidades retenidas al impuesto retenido por parte de esas sociedades. De esa manera, tendremos un reflejo mucho más claro de lo que se buscaba con esta medida: que quien retiene impuestos por la vía de dejarlos guardados en sociedades, pague al menos un interés por el costo financiero que significa para el Estado el que se postergue ese pago de impuesto”, explicó Marcel. Es decir, el impuesto del 1,8% no se aplicará sobre las utilidades acumuladas que se dejan en la compañía, sino que sobre el impuesto que se está difiriendo respecto de esas utilidades. “Es más razonable que la norma propuesta inicialmente”, dijo Claudio Bustos, abogado tributarista y socio fundador de Bustos Tax & Legal.

Andrés Martínez, socio líder consultoría tributaria de KPMG Chile, añadió que “si bien el cambio apunta en la dirección correcta, que es reducir su impacto, el impuesto requiere sí o sí de una cirugía aún mayor. Ello ocurre, porque una medida así no fomenta en nada el financiamiento de proyectos e inversiones dentro de los grupos empresariales”. Por su parte, la académica de la Universidad Adolfo Ibáñez, Andrea Repetto, afirmó que “el objetivo de esta medida es reconocer que el Estado hace un préstamo por esos ingresos que aún no pagan impuestos al no haber sido retirados. La indicación es razonable, pues reconoce que ese costo en que incurre el Estado se refiere solo a la postergación del pago de impuestos a nivel de personas”.

El segundo cambio es que se incorporarán mecanismos temporales de depreciación acelerada. Loreto Pelegrí, socia de Tax & Legal de PwC, analizó la medida como “un buen incentivo a la inversión, pero debe ir de la mano con la posibilidad de usar las pérdidas tributarias que esta depreciación genere, sino no es una medida efectiva que vaya a incentivar la anticipación de inversión en activo fijo en las empresas”.

Ignacio Gepp, socio de Puente Sur, acotó que son “estímulos importantes con las reglas de hoy, pero si se combina con el límite al uso de la pérdida al 50% que propone el Ejecutivo, su atractivo disminuye”.

Para Bustos, incorporar mecanismos temporales de depreciación instantánea o acelerada, “es una buena noticia. Ahora queda por ver bajo qué condiciones y qué requisitos se exigen para poder optar y aplicar estas depreciaciones franquiciadas”. Y Repetto complementó: “La posibilidad de depreciar rápidamente activos es un incentivo eficaz a la inversión. El que sea temporal, sin embargo, hará que las empresas esperen esa ventana para invertir y aprovechar el mecanismo”.

El tercer cambio es la creación de un fondo competitivo de créditos tributarios para inversiones con alto apalancamiento: “Vamos a agregar esta bolsa de créditos tributarios adicionales, o sea, descuentos de impuestos para proyectos que tengan un alto efecto multiplicador”, detalló Marcel.

“La utilización de créditos tributarios sirve en la medida que no se agregue burocracia o un sinfín de trámites administrativos para quien quiera usarlo. Si vamos a fomentar áreas productivas en específico, resulta poco ágil tener que pasar por procesos de revisión y certificaciones burocráticas para la obtención del beneficio. Las medidas deben ser simples y lo más livianas de implementar posible”, subrayó Martínez.

El cuarto cambio se relaciona con el royalty. Ahí Marcel manifestó que propondrá un ajuste a su estructura “para ampliar los incentivos de inversión a nuevos proyectos o proyectos de expansión”. Pelegrí explicó que “hay que ver cómo se presentan las indicaciones nuevas en el Senado, pero entiendo que lo se buscaría sería incentivar principalmente la expansión de proyectos y la inversión en proyectos nuevos, aplicándose una escala menor en las tablas de las tasas de impuestos que se proponen y que van indexadas a la producción de toneladas métricas de cobre fino, ya que algunas empresas podrían frenar la expansión o la inversión en nuevos proyectos para no cambiar de segmento y de escala aplicable en los componentes de royalty que se está discutiendo”. Mientras, Andrea Repetto puntualizó que “será interesante ver los cambios que se realizarán para evaluar bien. El diseño en el proyecto actual tiene elementos que pueden llevar a cierres indeseados de faenas, e imagino que eso se busca corregir”.

Hugo Hurtado, socio Tax & Legal y BPS de Deloitte, precisó que “hoy día la tasa para el royalty es del 39% al 40% y lo que propone el gobierno es elevarlo sobre el 50%. Eso nos dejaba fuera de los parámetros internacionales. Nosotros teníamos una propuesta que apuntaba a gravar sobre el margen operacional y no sobre el valor del mineral. De esta manera se aumentarían los impuestos del margen operacional del 5% al 15% a uno entre el 8% y 17% y que el margen empiece a regir en el 30%. Eso elevaría la carga efectiva al 43%, 44%, lo que está en línea con países de similares características”.

Desde el empresariado, esta apertura del gobierno fue bien recibida. Gonzalo Russi, secretario general de la Sofofa, aseveró que “nos parece un paso en la dirección correcta que el gobierno considere la importancia de la inversión, el crecimiento y empleo, y esté abierto a considerar modificaciones a las reformas que lo promuevan”. En relación a las medidas anunciadas hoy, acotó que “las debemos analizar y revisar en detalle, aunque falta despejar lo que ocurrirá con las medidas que afectarán la inversión, como el impuesto al ahorro”.

Trabajo técnico

El secretario de Estado anticipó también que estos temas serán afinados con los técnicos de los parlamentarios de la comisión de Hacienda, de la Cámara de Diputados y en el Senado, para formalizar como indicaciones, próximamente. “Este trabajo comenzará el próximo martes 23 de agosto, a las 16 horas, en las dependencias del Ministerio de Hacienda”, precisó.

Para ello, los diputados ya definieron sus asesores. En el oficialismo, Naranjo contará con el exdiputado Marcelo Schilling y la abogada Melisa Mallega; de la diputada Gael Yeomans (Convergencia Social) será la abogada Rocío Norambuena; del DC Ricardo Cifuentes, el exasesor de Hacienda, Julio Valladares. El independiente Carlos Bianchi tendrá a Nicolás Mena; del diputado Boris Barrera será Millaray Huaquimilla; y de Vlado Mirosevic, Jorge Urrutia.

En la oposición, representando a Agustín Romero, del Partido Republicano, estará Nicole Martínez, abogada y asesora legislativa del partido; en RN Frank Sauerbaum tendrá al abogado Sebastián Guerrero, del Instituto Libertad, y Miguel Mellado al economista Jorge Hermann, mientras que Guillermo Ramírez a la abogada Carolina Fuensalida.