A través del Oficio N°3021 del 12 de octubre de 2022 el Servicio de Impuestos Internos precisó la aplicación del criterio contenido en el Oficio N° 639 de 2017, relacionado con la clasificación de los predios en la primera serie de bienes raíces agrícolas.

Indicó que el párrafo primero de la letra A) del artículo 1° de la Ley sobre Impuesto Territorial dispone que la primera serie de bienes agrícolas “comprenderá todo predio, cualquiera que sea su ubicación, cuyo terreno esté destinado preferentemente a la producción agropecuaria o forestal, o que económicamente sea susceptible de dichas producciones en forma predominante”.

El párrafo segundo de esta misma disposición agrega que “la destinación preferente se evaluará en función de las rentas que produzcan o puedan producir la actividad agropecuaria y los demás fines a que se pueda destinar el predio”.

Al respecto, la Circular N° 15 de 2019 instruye que un predio es de producción agrícola o forestal cuando es objeto de una explotación agropecuaria o forestal permanente con un manejo productivo que permita la comercialización de los productos agropecuarios obtenidos, o en su defecto la subsistencia económica de sus ocupantes.

La destinación preferente – prosigue la misma circular – se evaluará en función de las rentas que produzcan o puedan producir la actividad agropecuaria y los demás fines a que se pueda destinar el predio. Este análisis de rentabilidad considerará, entre otros factores, la superficie del predio destinada o apta para la producción agrícola o forestal, el acceso a agua de riego, el giro o actividad económica del propietario, arrendatario, usufructuario o mero tenedor y sus declaraciones de renta.

Por otra parte, el oficio citado en su presentación, referido a un predio en el que se produce vino con uvas de producción propia y de terceros, en ciertos casos, resuelve, en lo que interesa, lo siguiente:

a) Un predio es de producción agrícola o forestal cuando es objeto de una explotación agropecuaria o forestal permanente con un manejo productivo que permita la comercialización de los productos obtenidos, o en su defecto la subsistencia económica de sus ocupantes.

b) Los terrenos en los cuales se cultivan vides deben clasificarse como agrícolas, formando parte de dicha actividad las porciones de terreno y construcciones en las que se encuentren emplazadas instalaciones destinadas al almacenaje o conservación de las uvas de propia producción.

c) Las porciones de terrenos y construcciones con instalaciones destinadas al prensado, fermentación y demás fases posteriores de elaboración del vino, se clasifican como de carácter “industrial”, debiendo enrolarse en la segunda serie no agrícola, asignándoles un número de rol de avalúo distinto, manteniendo en la primera serie agrícola el resto del predio.

Se desprende de lo anterior que el criterio de fondo en base al cual se resolvió en el Oficio N° 639 de 2017 qué parte del predio clasificaba en la primera serie agrícola (letra a) precedente) es precisamente aquel establecido en la Circular N° 15 de 2019, referido anteriormente, criterio que atiende a la situación de hecho del predio que se trate.

Luego, considerando que establecer si un predio es de producción agrícola o forestal o no, es una cuestión de hecho, aquella situación debe ser analizada en la instancia de fiscalización correspondiente en base a los antecedentes que pudiera acompañar el contribuyente y/o recabar este Servicio.

Para estos efectos, cobran especial relevancia antecedentes que demuestren que los predios efectivamente se destinan de forma preferente (o exclusiva) y permanente a la actividad agrícola, tales como: la superficie del predio que se destina a la actividad; si aquélla corresponde a la actividad principal de los predios y no a una secundaria; si los productos obtenidos son comercializados y en qué porcentaje; si la referida comercialización tiene lugar en los predios o no; si existe prestación de servicios a terceros o compras de materias primas a terceros para luego comercializar productos; si el contribuyente cuenta con la documentación tributaria correspondiente a la actividad y si se ha cumplido con las respectivas obligaciones tributarias; si los predios cuentan con las instalaciones necesarias para el desarrollo de la actividad, como acceso al agua y lugares de acopio, entre otros elementos.