En doble jornada, la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputadas y Diputados analizó dos proyectos de ley, fruto de mociones parlamentarias, que buscan suspender la desvinculación de trabajadores durante la emergencia sanitaria derivada del Coronavirus.
Se trata del texto legal que “modifica el Código del Trabajo, para suspender la aplicación de las causales de despido por fuerza mayor y por necesidades de la empresa, debido a la emergencia provocada por la pandemia del Covid-19 (boletín 13.323) y del proyecto que “busca hacer improcedente la causal de despido por caso fortuito o fuerza mayor, durante una emergencia sanitaria declarada con motivo de enfermedades transmisibles (boletín 13.370)”.
En una primera sesión, se recibió la exposición de la ministra del Trabajo, María José Zaldívar, y del subsecretario de la cartera, Fernando Arab.
En la oportunidad, se explicó que, según los registros oficiales, durante el mes de abril se emitieron 238 mil cartas de despido, las que en su mayoría corresponden a los rubros de transporte, construcción, comercio y actividades de apoyo al gremio. En tal sentido, más del 50% de ellas dicen relación con el vencimiento de los plazos de contrato y el término del servicio asignado al mismo, lo que representa una señal del estancamiento de la recontratación.
Al respecto, la ministra Zaldívar señaló que resulta preocupante el aumento en las cifras de uso del seguro de cesantía, considerando que todavía no se entra a la fase más compleja de la enfermedad, ni menos a las consecuencias económicas más complejas.
La secretaria de Estado precisó que las dos normativas en trámite, si bien buscan en su fundamentación la protección del empleo, no alcanzan el fin último, ya que al restringir la capacidad de acción de pequeñas y medianas empresas solo las terminarán llevando a la quiebra, con peores consecuencias para el trabajador.
“La solución a los trabajadores no pasa por prohibir las causales de despido por una razón u otra, sino que, por crear un mecanismo de protección que nos permita que estos retomen sus fuentes de trabajo al término de esta crisis”.
Respecto del punto, el subsecretario Arab indicó que “lo que podemos hacer con estos proyectos es forzar a que el empleador caiga en una situación de insolvencia, lo que puede terminar hipotecando las remuneraciones y cotizaciones de los trabajadores”.
Durante una segunda sesión, expusieron representantes tanto del gran empresariado como de la pequeña y mediana empresa, quienes concordaron en que las restricciones contempladas en estos proyectos resultarán contraproducentes para los empleadores y trabajadores, manifestando su rechazo unánime a la normativa, en los términos en los que está actualmente se encuentra presentada.
Fuente: Departamento de Estudios Transtecnia