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El ex director del Servicio de Impuestos Internos (SII), Ricardo Escobar, defendió la prerrogativa de esta institución de mantener la acción penal sobre los delitos tributarios.

Así se publicó en el último número correspondiente a agosto del documento de Debates de Políticas Públicas del Centro de Estudios Públicos, CEP. La pregunta “¿Quién debe iniciar la acción penal en materia tributaria?”, fue respondida por el ex jefe de servicio junto a Mauricio Duce, académico a la facultad de Derecho de la U. Diego Portales, en un seminario sobre el particular realizado en junio.

Cabe recordar que este es un tema que retomó vigencia en la agenda luego que algunos diputados reflotaran la idea de facultar también al Ministerio Público para ejercer la acción penal, toda vez que esta entidad está mandatada constitucionalmente para ello, en todo ámbito. Esta atribución ha provocado una fuerte polémica entre el fiscal nacional Jorge Abbot, que es partidario de esta idea, y el ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés que junto al director del SII, Fernando Barraza, defienden la exclusividad del servicio en este punto.

Este mismo parámetro sostuvo Escobar, quien lideró el organismo durante el gobierno de Ricardo Lagos. “La verdad que la gente del Ministerio Público entiende poco de impuestos, y por lo mismo, hay un problema en el caracterizar la conducta debida para poder, por contraste, decir “esta otra por tanto es la conducta delictiva”, indicó.

Recordó que las querellas de este tipo avanzan poco y en muchos casos ni siquiera llegan a la etapa de formalización, y deben requerir la ayuda de la Brigada de Delitos Económicos de la Policía de Investigaciones y pedir información al SII, “las fiscalías tienen muy poco medios para avanzar en estos casos y entienden poco del tema tributario. Además tienen que pedirle información al SII, verificar que lleguen todos los papeles, que las cosas coincidan, que las puedan entender, que se puedan argumentar de un modo coherente (técnicamente, contablemente, etc.). Es bien difícil y, por lo mismo, la tasa de éxito del Ministerio Público es baja”, enfatizó.

Doble penalización

Escobar señaló que uno de los objetivos del SII es la recaudación tributaria relacionada con cobrar y mantener el Tesoro Público, y que si el Ministerio Público tuviera la facultad de iniciar la acción penal podría ocasionar una doble penalización de la misma conducta.“El proyecto de ley arriesga el peligro de que muchísimos casos resulten obstaculizados y el trabajo del SII bloqueado” remarcó.

De hecho recordó que “la vía más cara e ineficiente que tiene el fisco es la penal”, y por lo mismo, argumentó que debe usarse “con el mayor de los cuidados para no dilapidar los recursos. “¿Qué interés puede tener el fisco en incurrir en todos los costos adicionales para que haya una sanción penal? Yo francamente creo que aquí se perdería la lógica tributaria.”, dijo.

Admitió que era necesario mejorar la legitimidad de las decisiones para la acción penal de manera que sean coherentes y “no se presten para abusos o manejos que puedan ser percibidos como oscuros”, pero manteniéndolas en el SII. “Por estas razones, me parece que se cometería un grave error en el diseño de política tributaria si se hace el cambio que se pretende, que los delitos tributarios puedan ser perseguidos por el Ministerio Público libremente”, concluyó.

Duce, por su lado, defendió también la atribución exclusiva del SII, aunque criticó la arbitrariedad que otorga la Ley al SII. “Pareciera que el legislador ha privilegiado el interés recaudatorio del Estado por sobre otros valores que pudieran afectarse en esos casos, correspondiéndole al SII decidir discrecionalmente su uso. Desde mi punto de vista, el actual equilibrio de nuestra legislación es inconveniente y debe ser modificado. Con todo, esto no se traduce necesariamente en que lo que se deba hacer es acoger la alternativa del proyecto”, manifestó.

Incluso planteó que el sólo interés recaudatorio puede reducir la posibilidad de sancionar penalmente conductas que como sociedad parecen graves, independiente del monto que se pueda recuperar; y que el diseño institucional preserva espacios importantes para que las motivaciones del SII estén inspiradas en motivaciones ajenas a las puramente técnicas. “Este escenario ha fomentado el surgimiento de dudas y especulaciones de todo tipo acerca de las razones de fondo detrás de las decisiones que adopta el SII que no son para nada sanas”, reafirmó.

Artículo de Miriam Leiva

Fuente: Pulso