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Un debate enfocado al tratamiento que tendrán las mipymes en la modernización tributaria se desarrolló ayer, convocado por Unapyme y que reunió a representantes de Hacienda, expertos y a la Asociación de Fiscalizadores del SII.

La apertura del encuentro en la Universidad Sek estuvo a cargo del presidente de Unapyme Juan José Medel, quien planteó demandas específicas a los coordinadores tributarios del Ministerio de Hacienda, Carolina Fuensalida y Manuel Alcalde, presentes en la instancia.

En particular, pidió revisar la alternativa de las mipymes de tributar en forma simplificada mediante la tasación por rubro del SII, para “dejarla de manera opcional a aquel contribuyente que siente que no puede crecer más” y segundo, “que la boleta electrónica debiese ser voluntaria para empresas con ventas menores a 3.000 UF”.

Otras demandas fueron representadas por el abogado Carlos Boada, asesor de la Cámara Nacional de Comercio y de Conapyme, quien “coincidiendo con el espíritu general del proyecto”, cuestionó algunas características de la Cláusula Pyme del proyecto de modernización del Ejecutivo, que reemplaza al 14 ter vigente y que establece contabilidad simplificada a las empresas con ventas anuales inferiores a las 50 mil UF.

“¿Qué nos pasó? Hasta hace un año decíamos que no podía ser que nos costara más un cumplimiento tributario que el tributo que se paga: la ley dice que en Chile una pyme es hasta las 100 mil UF ¿Por qué estamos con el límite de las 50 mil UF?”, se preguntó.

Boada también puso en duda que al menos en un principio el SII tenga la base de información para establecer en los segmentos el margen de utilidades y agregó que lo que sucederá es que “el SII va a tomar a todos los contribuyentes del segmento, a los chiquititos y a los más grandes dentro de los chicos, los va a sumar, y los va a promediar, por lo tanto, los de abajo van a subvencionar a los de arriba. Esa no es una buena solución”, dijo.

El último de los expositores, presidente de la Asociación de Fiscalizadores del SII Juan Apablaza cuestionó la redefinición del concepto de gastos para la renta, dado que la mayor parte de los hoy gastos rechazados corresponde a las grandes empresas y la figura del Defensor del Contribuyente (DDCON) que, explicó, “no está financiado” y que los recursos y personal vienen de los Tribunales Tributarios y del propio SII.

Esto último fue respondido por Hacienda. Manuel Alcalde invitó a “leer el proyecto: la DDCON tiene financiamiento” y calificó como “imprudente” señalar que no cuenta con recursos para funcionar.

Los representantes de Hacienda destacaron los beneficios del proyecto, que busca “promover la inversión” y “dar certeza jurídica” a los contribuyentes. “Me provoca una profunda frustración el que parezca que este proyecto hablara exclusivamente de integración y boleta electrónica. Este proyecto es más que esto”, dijo Fuensalida, rechazado la idea de no legislar.

Artículo de Paula Gallardo

Fuente:  La Tercera