Las micro, pequeñas y medianas empresas conforman la mayoría del aparato productivo en Chile, otorgando empleo a más de cuatro millones y medio de personas. De ahí que se les atribuya la calidad de “motor de la economía”. A la luz de lo anterior es que diversas políticas públicas se orientan a fomentar su desarrollo.

Sin perjuicio que una regulación diferenciada se encuentre justificada -orientada a fomentar a determinados segmentos-, quienes la elaboran deben ser cautelosos y evaluar previamente el diseño de tales sistemas de manera que, junto con hacerse cargo de la situación particular de este segmento, incorporen los incentivos necesarios para que las empresas crezcan y se desarrollen. La literatura indica que los instrumentos de política pública -destinados a resguardar o a fomentar el desarrollo de algún grupo en particular- no debieran afectar la neutralidad de la toma de decisiones de negocios y ser coherentes con la evidencia sobre los efectos de la regulación, evitando las distorsiones. Lo anterior es plenamente aplicable a la normativa tributaria.

Los sistemas tributarios deben cumplir con una serie de principios generales que sirven tanto para dar contexto a los esquemas impositivos, como para que éstos sean equitativos y eficientes. Entre ellos se encuentran la suficiencia, simplicidad, neutralidad, transparencia y la coherencia, los que deben encontrar aplicación general, incluso en el contexto de esquemas diseñados para un determinado segmento de contribuyentes. En términos generales, la neutralidad de un sistema tributario se basa en que la acción de los diversos gravámenes no afecte las decisiones económicas. De establecerse regímenes preferentes para las pequeñas empresas, ellos deben diseñarse de forma tal que no generen distorsiones que alteren la actividad y decisiones económicas.

Una aplicación correcta de regímenes favorables a las pequeñas y medianas empresas debiera cumplir así con ciertos elementos, tales como la existencia de un único régimen simplificado, la apertura a la totalidad de las actividades económicas, sencillo de aplicar y, especialmente, generar costos de cumplimiento reducidos y acordes a la realidad del grupo de empresas beneficiadas, fomentando su desarrollo. El proyecto de modernización tributaria presentado a discusión en el Congreso Nacional, en tanto incluye un sistema especial nuevo para pequeñas empresas y otros beneficios, cumple con tales elementos, eliminando algunas distorsiones y exigencias del actual régimen conocido como “14 ter” -como el tipo de sociedad que puede acogerse al mismo o la calidad jurídica de sus socios, que en la práctica han implicado que un menor número de empresas pueda acogerse a tal sistema, generando ineficiencias- y al simplificar los mecanismos de incorporación. Se ha criticado, no obstante, la exigencia de llevar contabilidad completa. Sin perjuicio de que pueda tratarse de una materia debatible, desde la perspectiva de la neutralidad, el requisito es correcto, e incentiva el crecimiento de las empresas.

Negarse a debatir un perfeccionamiento de nuestro sistema tributario -como obstinadamente pretenden fuerzas de oposición- acarreará importantes costos para la economía, perjudicando especialmente a los pequeños y medianos empresarios.

Fuente:  La Tercera

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