El reciente desvanecimiento de 300,000 registros de pacientes de la lista de espera del Hospital Sótero del Río ha sacudido los cimientos de la confianza pública en la gestión estatal, poniendo de relieve una alarmante falta de control, conocimientos contables y adopción de tecnología adecuada en la administración pública. Este desafortunado incidente subraya una verdad ineludible: lo que no se mide, no se controla; y lo que no se controla, a menudo se corrompe o desaparece.

La utilización de herramientas obsoletas como Excel para gestionar datos críticos de salud refleja no sólo una brecha tecnológica, sino también un desconocimiento preocupante de prácticas contables fundamentales como la partida doble. Este método contable, que registra cada transacción en dos lugares para asegurar equilibrio y transparencia, es esencial en la gestión moderna y sin embargo, es ampliamente subutilizado o mal entendido en muchas instituciones gubernamentales.

La dependencia de sistemas inadecuados, que carecen de controles robustos para la seguridad y la trazabilidad, facilita errores humanos y manipulaciones malintencionadas, llevando a la pérdida y alteración de registros vitales. Este escenario no solo afecta la eficiencia operativa sino también compromete la integridad de los servicios que dependen de la precisión de esos datos, como es el caso de la salud pública.

Es imperativo que las instituciones estatales no solo modernicen su infraestructura tecnológica, sino que también adopten principios contables sólidos y comprendan su importancia en la gestión de datos. Implementar sistemas avanzados que integren la partida doble puede transformar radicalmente la administración pública, permitiendo no solo una trazabilidad precisa, sino también fomentando la responsabilidad y la transparencia en todas las operaciones.

El caso del Hospital Sótero del Río debe ser un llamado a la acción para todos los niveles de gobierno, destacando la necesidad urgente de educar a los administradores en principios contables y de adoptar prácticas de gestión modernas y tecnologías robustas. Este paso no solo es crucial para la eficiencia y la justicia, sino también para restaurar y mantener la confianza del público en la capacidad del estado para gestionar sus necesidades de manera competente y transparente.