Vivimos tiempos de legislar para trabajar menos, pero no para trabajar de manera honesta.

La Ley de 40 horas fue celebrada como un hito en la modernización laboral. Se habló de conciliación, de bienestar, de productividad. Pero hay un tema del que nadie quiere hablar: la explosiva proliferación de licencias médicas injustificadas en el mundo privado.

Se legisla para trabajar menos, pero no se legisla para trabajar con honestidad. Mientras tanto, miles de empresas tienen que operar con planillas rotas, cargas desbalanceadas, tareas que no se cumplen, equipos fragmentados y, lo que es peor: con un sistema que no tiene herramientas para reaccionar frente al abuso.

La realidad que nadie enfrenta: las licencias falsas también son corrupción

Las licencias médicas que se extienden sin un diagnóstico claro, por conveniencia personal o incluso como estrategia de presión o evasiva laboral, están dañando el tejido productivo silenciosamente. Y no solo afectan al Estado o a las isapres. Afectan directamente a las empresas, en especial a las pequeñas y medianas, que deben reorganizar tareas, reemplazar ausencias o simplemente trabajar con menos manos.

Mientras en el Congreso se discute cómo trabajar menos, las empresas enfrentan cada vez más licencias y menos capacidad de control. La fiscalización es débil, las sanciones inexistentes, y la cultura laboral se va llenando de zonas grises donde lo injusto y corrupto se normaliza.

La cultura de la “sinvergüenzura sin culpa”

No se trata de perseguir a quienes están realmente enfermos. Se trata de abrir una conversación que nadie quiere dar: la de la responsabilidad laboral personal y colectiva.

Hoy parece más grave exigir productividad que faltar con una licencia de dudoso origen. Parece que hablar de compromiso es anticuado, y que exigir profesionalismo es “no entender el nuevo mundo laboral”.

Pero una sociedad que justifica el abuso, lo reproduce. Y en las empresas, el abuso silencioso se paga con menos productividad, menos confianza y menos crecimiento.