Sigue el ‘ajuste de cinturón’ por parte del gobierno. Tras las medidas de austeridad anunciadas a comienzos de abril, ayer el Ministerio de Hacienda informó la implementación del “Plan de austeridad II” con el que se pretende ajustar y reasignar cerca de US$4.600 millones para el período 2018-2021, en total (sumando los US$500 millones del primer instructivo).
La iniciativa, según explicó el propio jefe de las finanzas públicas, Felipe Larraín, se conseguiría por medio de la rebaja de gastos operacionales, el uso de fondos de libre disponibilidad de la Presidencia y recorte de programas mal evaluados.
Así, el monto de ajuste para este año llegaría a los US$1.150 millones lo que representa el 1,6% del Presupuesto aprobado, aplicando las medidas “en forma pareja para todos los ministerios y servicios, y adicionalmente se plasmarán en algunos programas fiscales específicos”.
De esta forma, el Ejecutivo ya suma el 66% de los US$7.000 millones que durante la campaña presidencial, había adelantado que reasignaría para financiar la mitad del programa de gobierno, cuyo costo total llega a los US$14 mil millones. O sea, de esta forma, la administración de Sebastián Piñera se asegura el financiamiento del 33% del total del programa.
Detalles del ajuste
Junto a los US$122 millones anuales que ya se esperan con la primera parte del plan de austeridad, el gobierno estima ahorrar cerca de US$500 millones al año a través de la rebaja de gastos en soporte, principalmente en bienes de servicios de consumo y adquisición de actinos no financieros como automóviles, computadores, equipamientos de oficinas, etc.
Otros US$350 millones llegarán gracias a liberación de recursos del fondo de libre disponibilidad de la Presidencia, monto que representa la mitad del total para dispuesto para el 2018.
Por último, cerca de US$80 millones anuales se conseguirán por medio del recorte de programas mal evaluados, punto sobre el que Larraín hizo hincapié asegurando que “ningún programa bien evaluado tendrá recortes”.
Ahora, ¿dónde se reasignan los recursos? Además de buscar mejorar la situación fiscal de la economía, la austeridad permitirá sostener las iniciativas claves en la agenda de la actual administración.
Algunas de ellas son avanzar en el acceso universal a las salas cuna, disminuir las listas de espera en salud y financiar en parte el déficit operacional de los hospitales -que de acuerdo a Dipres durante el 2017 el sector de salud se sobre ejecutó en US$1.000 millones-, poder contribuir al financiamiento de la gratuidad en los centros de formación técnica y financiar el aumento en un 25% en la subvención de niños atendidos por organismos colaboradores -residenciales- del Sename.
La polémica con el CFA.
Durante la semana la detección de gastos comprometidos y no financiados por US$5.566 millones para los próximos cuatro años, inició un debate al que ingresaron ex autoridades como Rodrigo Valdés y Nicolás Eyzaguirre.
Este último insistió en distintas oportunidades que las cifras que detectó Hacienda no son gastos comprometidos, si no que corresponden a presiones fiscales.
Regresando del fin de semana largo para muchos, el miércoles el ministerio citó a una reunión extraordinaria al Consejo Fiscal Asesor (CFA) para tratar este tema (ver recuadro).
Ayer el ministro aprovechó la instancia para responder evitando hablar de una división y apuntando directamente a la presidenta del Consejo, Andrea Repetto, como la única con una visión distinta y “evidente”.
“Tengo una lectura un poco distinta, creo que hay una consejera que claramente plantea eso (que son presiones fiscales no gastos), los otros tienen una percepción que no es tan evidente como se plantea” señaló Larraín.
Además, puso paños fríos a la situación aclarando que “nosotros citamos al Consejo Fiscal porque nos pareció prudente hacerlo, pero esta no es una materia que vea como dentro de su grupo de obligaciones. El Consejo Fiscal en lo que hoy día está es en ver los temas del balance estructural, ingresos estructurales, los consejos consultivos”.
Por último, anunció que la próxima semana se enviará el proyecto que busca darle autonomía al CFA con el fin de evitar polémicas como las del cálculo del balance estructural.
Artículo de Antonia Cancino
Fuente: Pulso