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La tecnología como amenaza al poder establecido: ¿Quién teme al cambio?
La tecnología, por definición, es agnóstica. No tiene ideología, no distingue entre lo bueno y lo malo, simplemente existe y evoluciona. Sin embargo, su impacto en la sociedad…
Por medio del Oficio N°528 del 22 de febrero de 2022, el Servicio de Impuestos Internos (SII) se pronunció sobre la procedencia de aplicar el beneficio contenido en el artículo 21 Decreto Ley N° 910 de 1975 a un contrato de construcción cuya finalidad es terminar la construcción de un proyecto inmobiliario con fines habitacionales, iniciado por otra empresa constructora.
El SII indicó que el artículo 21 del Decreto Ley N°910 de 1975 dispone que las empresas constructoras tendrán derecho a deducir del monto de sus pagos provisionales mensuales obligatorios de la Ley sobre Impuesto a la Renta, el 0,65 del débito del IVA que deban determinar en la venta de bienes corporales inmuebles para habitación por ellas construidos, cuyo valor no exceda de 2.000 UF, con un tope del beneficio de hasta 225 UF por vivienda y en los contratos generales de construcción de dichos inmuebles, que no sean por administración, con igual tope por vivienda.
Por su parte, el inciso séptimo del citado artículo 21 regula expresamente la procedencia del crédito especial para las empresas constructoras (CEEC) en aquellos contratos generales de construcción destinados a completar la construcción de inmuebles para habitación disponiendo que, para establecer el crédito potencial disponible en estos casos, en el cálculo individual de las viviendas deberá considerarse la suma del precio individual de construcción del contrato más el valor de las obras preexistentes, el cual deberá ser declarado en el contrato.
Señala el Oficio que, para que un contrato destinado a terminar la construcción de inmuebles para habitación se beneficie con la norma en comento, debe cumplir con el requisito de ser un contrato general de construcción, tributariamente definido en el artículo 12 del Reglamento de la Ley sobre Impuesto a las Ventas y Servicios (Reglamento), como aquellos que, sin cumplir con las características específicas de un contrato de instalación o confección de especialidades, tienen por finalidad la confección de una obra material inmueble nueva que incluya a lo menos dos especialidades.
De este modo, si el contrato para finalizar la construcción del proyecto inmobiliario sólo consistió en realizar terminaciones propias de un contrato de instalación o confección de especialidades, definido también en el artículo 12 del Reglamento, éste no se encuentra beneficiado con la norma en comento.
En cambio, si el contrato por el cual se encargó a la peticionaria finalizar la construcción del referido proyecto cumple los requisitos establecidos en el artículo 21 del Decreto Ley N° 910 de 1975, la peticionaria podrá utilizar el CEEC, como lo permite expresamente el inciso séptimo del artículo 21.
Bajo este supuesto, el contribuyente debió deducir del débito fiscal en cada facturación el crédito especial determinado, declarándolo según las instrucciones contenidas en la Circular N° 26 de 1987.
Sin embargo, en el caso de que la operación sea facturada sin hacer uso del CEEC, recargando el total del IVA al beneficiario del contrato, quien debió soportar dicho impuesto en su totalidad.
En esas circunstancias, el SII ha precisado que, si por error, el contribuyente no impetró el CEEC en la forma instruida, puede solicitar la devolución del CEEC determinado en las operaciones por las que procedía, conforme al N° 1 del artículo 126 del Código Tributario, teniendo presente que, tratándose de operaciones gravadas con IVA, para que proceda la devolución, deberá acreditar que su monto fue efectivamente trasladado al mandante o beneficiario de la construcción, ya sea porque éste no pagó el monto de IVA equivalente al CEEC o porque habiéndolo pagado el contribuyente le restituyó el equivalente a esa misma cantidad.
Acreditado lo anterior, el contribuyente deberá rectificar sus declaraciones y solicitar la devolución del referido monto en virtud del artículo 126, cumpliendo sus requisitos. En este sentido, es preciso recordar que las peticiones a que se refiere el artículo 126 deben presentarse dentro del plazo de 3 años contados desde el acto o hecho que le sirve de fundamento.
Fuente: Departamento de Estudios Transtecnia
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