La Comisión de Trabajo del Senado respaldó el proyecto que protege la salud e integridad de los trabajadores que sufren violencia laboral externa (boletín 12256). La iniciativa, presentada por un grupo de parlamentarios, fue aprobada con modificaciones propuestas por el Gobierno.

De esta manera, el proyecto establece que el empleador debe adoptar las medidas necesarias para procurar lugares de trabajo libres de violencia. Para esto, deberá elaborar una política y un programa actualizado de prevención y mitigación. Esto con el fin de prevenir que, en el ejercicio de sus funciones, las y los trabajadores sean víctimas de amenazas, ataques o agresiones. La norma aclara que siempre que tales acciones pongan en riesgo su vida y salud.

En el proyecto se detalla los elementos que, a lo menos, debe incorporar el programa. Aquí se incluye la identificación de los peligros, los eventuales daños que podría generar en física o mentalmente y medidas de capacitación, entre otros. Señala además que el documento deberá estar disposición de la Inspección del Trabajo.

Responsabilidad penal y civil

En el debate, hubo cambios acordados entre las y los integrantes de la comisión y el Ejecutivo. Entre ellos se encuentra el determinar que el empleador deberá perseguir la responsabilidad penal correspondiente. Para esto, deberá poner a disposición todos los antecedentes probatorios de los hechos.

Una situación similar se establece para el caso de que el trabajador inicie la búsqueda de responsabilidad civil, aunque se fijan normas especiales para las empresas grandes. Cuando cuenten con más de 25 mil UF de ingresos anuales, se establece que deberá proveer de defensa jurídica a los trabajadores para este fin.

Finalmente, la norma aumenta las medidas de protección de las y los trabajadores del transporte público. En este ámbito, se aprobaron indicaciones que buscan la instalación de cabinas de segregación para las y los conductores.