Entre los expositores estuvo el exministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, el exsubsecretario de Hacienda, Alejandro Micco, el coordinador Macroeconómico de Clapes-UC, Hermann González, el académico de la Universidad de Chile, Jorge Hermann, el economista cercano al PC, Fernando Carmona y el director ejecutivo de Horizontal, Sebastián Izquierdo.

De los seis expositores, cinco se mostraron contrarios a aplicarlo debido a las complejidades técnicas y por el poco rendimiento que entrega. A ello se suma que ya en casi ningún país de la OCDE se aplica.

El primero en tomar la palabra fue Valdés, quien sostuvo que en los países desarrollados va en retirada debido a que “están mal diseñados, generan mucha evasión y pocos ingresos”. Mientras que Micco acotó que “los problemas fiscales de Chile son estructurales, por lo que es poco creíble que sea por una sola vez”.

Además, criticó el hecho de que el impuesto se calcule sobre el patrimonio bruto, puesto que “en el mundo se aplica sobre el patrimonio neto”. Y puntualizó que “la tasa 2, 5% parece alta”.

El tercero en exponer fue el académico de la Universidad de Chile, Jorge Hermann, quien comentó que “existe una serie de dificultades como el disminuir el ahorro, doble tributación, tratamiento similar a las ganancias y pérdidas de riqueza, compleja valorización en algunos activos, cambio de domicilio tributario y desincentiva el capital de riesgo”. Además, dijo que “el proyecto es inconstitucional”.

Izquierdo, en tanto, también argumentó que la norma es inconstitucional, y que rinde poco, por lo que no cumplirá con los objetivos propuestos. En esa línea, Hermann González aseveró que “sólo 4 países mantienen este impuesto: España, Noruega, Suiza y Colombia”. En ese contexto apuntó que lo han eliminado por su baja recaudación y por efectos adversos sobre la actividad económica”.

Fernando Carmona, economista cercano al PC fue el único que defendió la propuesta. En su exposición dijo que explicó que el tramo de US$22 millones se elige “porque significa 30 veces el ingreso medio per cápita de un país, es decir, son personas que viven de intereses de intereses”.

Con ello, acotó, “se podría recaudar US$3.909 millones en impuesto, por una vez, con ajuste por evasión, lo que estimó relevante en momentos de pandemia” Además, sostuvo que dicho impuesto generará desincentivos al súper consumo o que se ahorre en paraísos fiscales.

La moción parlamenta propone aplicar un impuesto equivalente al 2,5% del patrimonio de las personas más ricas del país, que detenten un patrimonio igual o superior a US$ 22 millones con el objetivo de allegar mayores recursos para enfrentar la crisis económica y social que se vive con ocasión de la pandemia de COVID-19.

De acuerdo a la propuesta, el establecimiento de este impuesto, podría allegar recursos al fisco equivalentes a US$ 6.500 millones. Esa recaudación permitiría implementar políticas públicas de emergencia social y económica, tales como una Renta Básica de Emergencia, por sobre la línea de la pobreza ($369.205 para un grupo familiar de 3 personas. CASEN, abril 2020), al menos al 80% de los hogares más vulnerables, por 3 meses, sin distinguir entre trabajadores formales e informales, lo que beneficiaría a cerca de 11.500.000 personas.