Esta situación, en la práctica, se enmarca en la Ley de Modernización Tributaria de febrero del 2020, la que estableció la obligatoriedad de migrar del sistema de boletas de papel a los servicios en formato digital, dejando atrás los talonarios de boletas impresas que debían ser timbradas en oficinas del Servicio de Impuestos Internos (SII).

Un primer grupo debió comenzar con esta práctica el 1 de enero del 2021, aquellos que emiten factura electrónica; y un segundo grupo deberá hacerlo a partir del 1 de marzo del 2021, el que incluye a los contribuyentes que emiten solo boletas a papel o vales electrónicos (comprobante Transbank).

También desde abril del año 2020, los más de 3 millones de chilenos que realizamos declaración de renta, previo a revisar nuestra declaración de impuestos, nos aparecía cuanto de nuestros ingresos había sido destinado a IVA y cuanto a impuesto a la renta. Adicionalmente señalaba los ingresos del Estado y los gastos de este a modo general, dando consciencia de contribución a las políticas públicas desarrolladas en el año anterior.

Todas estas políticas, que apuntan a una mayor educación tributaria de nuestra población van en el sentido correcto, pues actualmente existe muy poca consciencia de los impuestos que se pagan y para lo que van destinados y, por otro lado, a disminuir la tasa de evasión de los distintos impuestos las cuales en nuestro país presenta elevadísimos niveles de evasión. De acuerdo a estimaciones del exdirector del SII, Michel Jorratt (2020), la evasión el año 2017 fue de 5,5% del PIB para el impuesto a la renta y de 2,1% del PIB para el caso del IVA, totalizando un 7,6% del PIB, monto que asciende a más de US$21.500 millones de dólares anuales.

Sin embargo, no basta una exhortación moral a los evasores de impuestos, sino que se requiere una mejor institucionalidad tributaria, contar con información fiable que pueden otorgar terceras personas e instituciones al SII, respecto del patrimonio, las inversiones financiares y movimientos bancarios de los contribuyentes, y finalmente una mayor consciencia tributaria de la población respecto a un pacto fiscal entre la ciudadanía y el Estado que actualmente se encuentra muy dañado.