El próximo 3 de diciembre se celebra el Día Internacional de las Personas con Discapacidad y al cumplirse tres años de la puesta en marcha de la Ley N°21.015, la Fundación Chilena para la Discapacidad (FCHD) dio a conocer un informe con los resultados de la encuesta, donde se recogió la opinión de los trabajadores/as en situación de discapacidad contratados con y sin esta ley.
Dentro de los datos relevantes que arrojó este estudio se destacó que el 58,4% de las personas encuestadas declararon haber sido contratadas alguna vez bajo la Ley N°21.015, mientras que 41,6% indicaron que no, y el 27% de quienes declararon alguna vez haber trabajado bajo esta ley corresponden a trabajadores no calificados de ventas y servicios, siendo el grupo mayoritario.
En este escenario, el presidente de la FCHD, Matías Poblete, comentó que “la normativa vino a abrir espacios para que personas en situación de discapacidad pudieran incorporarse al mundo laboral, esto una vez que las empresas están preparadas para contratar a
personas en situación de discapacidad y cumplir con el 1% de su dotación en esta condición”.
Es el caso de Evelyn Figueroa, quien tiene una discapacidad psíquica y fue contratada gracias a esta normativa. “Para mí la ley de inclusión tiene un gran sentido, ya que la he conocido a través de la Fundación Chilena para la Discapacidad, donde me han apoyado para volver a insertarme en el mundo laboral y esto también ha permitido un crecimiento personal y profesional. Y esto me ha hecho sentir que mi trabajo es útil, he sido respetada en mi lugar de trabajo, he sido apoyada, he contado con las herramientas para crecer y ampliar mis conocimientos”, comentó.
Sin embargo, a pesar de que el 80,2% mencionó estar “de acuerdo” con que esta ley es un gran avance en la inclusión laboral de las personas en situación de discapacidad, también se reveló que el 74,4% del total de los encuestados (independiente del tipo de contratación), menciona estar “en desacuerdo” con la cuota del 1%.
Si bien son varias las voces que coinciden en que la cuota del 1% no es suficiente para garantizar la inclusión laboral, Matías Poblete destacó que “la misma normativa establece una medida alternativa de cumplimiento y esta es la donación, que también permite avanzar en la inclusión laboral, porque a través de estas se generan planes y programas de formación, intermediación, colocación y acompañamiento laboral”.
Es gracias a estas donaciones que la FCHD ha podido desplegar una serie de programas a lo largo de todo Chile, como lo es “de tránsito a la vida independiente”, donde se les entrega un apoyo integral a las personas en situación de discapacidad.
El experto profundizó en que “la donación que las entidades pueden entregar para cumplir de manera alternativa la ley 21.015 genera oportunidades de inclusión laboral. Como FCHD entregamos servicios gratuitos a aquellas instituciones que nos colaboran de esta manera, con la finalidad de que la institución sea cada vez más inclusiva, y cuente con un estructura organizacional capaz de comprender la discapacidad desde una perspectiva positiva”.
En tanto, Nayadeth Osses, una de las personas beneficiadas por uno de estos programas de inclusión laboral en La Araucanía, compartió que “actualmente me encuentro trabajando como asistente administrativa dentro de una empresa que exporta frutas al extranjero. Llegué hasta la Fundación Chilena de la Discapacidad a través de un link, llené todo lo que me pedían y quedé en este curso. Era una puerta gigante que había estado buscando hace mucho tiempo y por fin se pudo abrir. Estoy contratada para poder por fin mostrar mis capacidades, porque casi siempre me miraban la silla primero y ahora fue lo contrario, se dieron la oportunidad de ver el otro lado de la vereda”.
Finalmente, Poblete dijo que “las empresas del rubro de la minería, agrícola, construcción, comercio y servicios han podido quedar en cumplimiento de la ley 21.015 completando o superando su dotación de personas en situación de discapacidad. También con esas empresas nos hemos anticipado a la entrada en vigencia de la ley 21.275 que requiere un plan de capacitación anual en materia de discapacidad y el desarrollo de una política de inclusión laboral, lo cual ya hemos podido desarrollar”.